La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó el lunes vincular al expresidente Rafael Correa a un proceso penal por el secuestro de un exlegislador de oposición.
La jueza Daniela Camacho, a cargo del caso y que lo acusa de asociación ilícita y plagio, dispuso también la presentación del exgobernante cada 15 días en la Corte ecuatoriana, aunque Correa vive en Bélgica.
El exmandatario tiene hasta el 18 de julio para presentar pruebas de descargo.
El político opositor Fernando Balda fue secuestrado en 2012 en Bogotá por delincuentes comunes colombianos contratados por agentes de inteligencia ecuatorianos. El antiguo asambleísta había huido hacia la capital colombiana buscando refugio de una supuesta persecución del gobierno de Correa.
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Los hechos ocurrieron cuando Correa llegó a La Maná, 115 kilómetros al suroeste de Quito, promocionando el voto negativo en el referendo propuesto por su sucesor Lenín Moreno
La fiscalía ha señalado que encontró indicios de que los agentes fueron pagados con fondos de la presidencia.
Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, negó los señalamientos.
“No sé por qué me vinculan, ni de qué me vinculan”, señaló el exmandatario en su cuenta de Twitter.
Decenas de sus seguidores se congregaron ante la Corte Nacional para evidenciar su apoyo con carteles y gritos.
La situación comenzó hace seis años, cuando Balda era un duro crítico de la gestión de Correa, a cuyo régimen acusaba de corrupción, mientras que el exmandatario lo señalaba como autor de una presunta trama para derrocarlo.
Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Colombia, donde desconocidos intentaron secuestrarlo en agosto de 2012, pero se salvó a última hora por la intervención de un grupo de taxistas que alertaron a la policía y neutralizaron al vehículo al cual habían subido al político ecuatoriano.
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Las investigaciones judiciales en ese país determinaron la participación de los agentes policiales ecuatorianos en el secuestro de Balda.
En este caso están vinculados también el exdirector de inteligencia de la policía, general Fausto Tamayo, y los exsecretarios de inteligencia, Rommy Vallejo, y Pablo Romero.
Este último fue detenido el fin de semana en España con fines de extradición en este juicio, pero el lunes fue dejado en libertad bajo medidas cautelares hasta que Ecuador presente la documentación de traerlo a Ecuador.
La semana pasada la Asamblea ecuatoriana dejó en manos de la justicia la vinculación de Correa aduciendo que no tiene competencia para decidir el tema.