La crisis humanitaria de 2014, cuando a Estados Unidos llegó una ola de migrantes indocumentados, en especial niños no acompañados, “nunca fue resuelta”, sino que “se empujó hacia el sur”, advierte un informe presentado por International Crisis Group.
En el año fiscal 2015, México repatrió a 166 mil centroamericanos, entre ellos a unos 30 mil niños y adolescentes, mientras que EE. UU. deportó a más de 75 mil, pero, advierte el documento, la capacidad del gobierno mexicano de controlar el flujo de migrantes y refugiados está “llegando a su límite”.
Para muchos, México es un destino final y no solo el país que cruzan en tránsito, y esto se demuestra con el dato de que las solicitudes de asilo han aumentado a más del doble, “forzando al límite su capacidad de procesarlas de forma justa y eficaz”.
“Si bien la tasa de aceptación ha aumentado en 2016, sigue siendo insuficiente para proteger a los hombres, mujeres y niños cuyas vidas y formas de vida se ven amenazadas para proteger” a esas personas intimidadas por los criminales que dominan muchas comunidades empobrecidas.
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En este contexto, México y Estados Unidos siguen actuando como si “la crisis de refugiados” provocada por la violencia aún se tratara exclusivamente de un problema de migración económica, cuando muchas de las personas son víctimas de la privación económica y la exclusión social.
“El desplazamiento forzado es cada vez más generalizado, mientras que la violencia está alcanzando niveles propios de una guerra civil”, arguye el documento “Presa fácil: violencia criminal y migración en Centroamérica”, al mencionar que desde 2006 han sido asesinadas más de 150 mil personas, lo que supone una media de más de 50 homicidios por 100 mil habitantes solo en el Triángulo Norte.
La llegada en el verano de 2014 de miles de niños indocumentados a EE. UU. coincidió con la proclamación por el gobierno mexicano en julio de 2014 del plan “Frontera Sur”, que ha provocado un aumento de las deportaciones de centroamericanos que llegan a la frontera del sur de México, según un análisis del pasado año de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).
Por tanto, la llegada de niños indocumentados a EE. UU. durante este verano es diferente a la de 2014, porque se produce en diferentes circunstancias y con un plan que, entre otras cosas, ha dificultado que los indocumentados crucen México en el peligroso tren de mercancías apodado “La Bestia”.
Según los datos del Departamento de Seguridad Nacional, en este año fiscal (del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016), la mayor parte de los niños que cruzaron la frontera venían de Guatemala (13 mil 755), seguidos de los originarios de El Salvador (12 mil 800), México (8 mil 978) y Honduras (7 mil 58).
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Asimismo, en este año fiscal, 26 mil 195 menores cruzaron la frontera a través de la zona del Valle del Río Grande (sur de Texas), lugar que atravesaron 15 mil 607 niños en el año fiscal 2015 y 42 mil 146 en 2014, cuando un mayor número de indocumentados usaron este cruce.
Para hacer frente a la violencia y falta de oportunidades que provoca la inmigración, el pasado febrero, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó al Congreso de su país una partida de 750 millones de dólares de ayuda a Centroamérica dentro del presupuesto de 50,100 millones para el año fiscal 2017.
Esos 750 millones se sumarían a los otros 750 millones aprobados por el Congreso en diciembre pasado para afianzar el fortalecimiento institucional de los países de origen del mayor grueso de indocumentados y que integran el Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras.
Deportaciones alimentan el contrabando de personas
Las deportaciones “masivas” de inmigrantes centroamericanos realizadas por las autoridades de México y de Estados Unidos no han logrado contener la ola de personas que huyen de la “pobreza endémica” y de la “violencia epidémica” que sufre la región, sino que de manera “involuntaria” aumentan el “contrabando de personas”.
Esta es una de las principales conclusiones del informe presentado por la International Crisis Group “Presa Fácil: violencia criminal y migración en Centroamérica”, y en el que se examina cómo los grupos criminales sacan provecho y explotan a los migrantes viajando desde el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) vía México hacia los Estados Unidos.
El aumento de las medidas de control en las fronteras desvió a los migrantes indocumentados hacia “vías más costosas, tortuosas y peligrosas” y las bandas criminales y los funcionarios corruptos son los beneficiarios de una política que obliga a las personas “desesperadas” a pagar sumas cada vez mayores para evitar la violencia en el trayecto luego de que han huido de la violencia en sus respectivos países.
“Quienes huyen de la violencia en sus países de origen son nuevamente victimizados durante la huida. Son víctimas ideales”, pues además de poder ser extorsionados o secuestrados, también son “vulnerables” para la industria del sexo, principalmente los adolescentes, y solo en Guatemala se cree que el número de estas víctimas es de más de 50 mil.
Ante esta situación, el documento, que es el número 57 sobre América Latina, advierte a los gobiernos que son ellos los que deben garantizar una oportunidad a esas personas para que pueda solicitar asilo mediante procedimientos “justos y eficaces”, a la vez que es necesario lanzar una iniciativa regional para brindar seguridad y oportunidades económicas.
“Los líderes centroamericanos, en especial los del Triángulo Norte, deben también abordar la inseguridad crónica de forma más eficaz, al tiempo que supervisan y asisten a los deportados, en especial los niños y adolescentes, para que tengan alguna alternativa a huir de nuevo”, enfatiza.
En este mismo sentido, pide actuar con una “verdadera responsabilidad compartida a nivel regional” y exhorta a Estados Unidos a “redoblar su apoyo legal, económico, médico y psicosocial” a las agencias internacionales, instituciones gubernamentales y ONG locales que trabajan con refugiados.
“Levantar más barreras y empujar a los migrantes y refugiados hacia una clandestinidad aún mayor, ha intensificado la crisis humanitaria, fortaleciendo las redes ilegales que han convertido a gran parte de Centroamérica en un campo de batalla criminal”, advierte el informe de la organización.