El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Francisco Rivas, dijo que sube a 13 el número de muertos en un ataque dentro de una cárcel, entre los que están el capitán Byron Lima, que cumplía 20 años de prisión por asesinato, y una mujer de nacionalidad argentina.
En una conferencia de prensa, Rivas indicó que el ataque en la Granja Penal Pavón se originó con una granada lanzada contra Lima, en prisión por el asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi.
Ministro Rivas: hasta el momento no me han reportado localización de armas en Pavón. https://t.co/JFlPnEzliK pic.twitter.com/GShB8w426P
— Prensa Libre (@prensa_libre) 19 de julio de 2016
“Los cuerpos de socorro informan que por lo menos tres cadáveres fueron quemados a mitad de un patio, y habría otros cuerpos que fueron decapitados”, dice el periódico guatemalteco, Prensa Libre.
Matan en prisión al militar Byron Lima Oliva, acusado del asesinato del obispo Juan José Gerardi
#Guatemala: Reportan que otras 12 personas más fueron asesinadas en cárcel de Pavón, junto con el militar #ByronLima Vía @prensa_libre
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 19 de julio de 2016
En 2014 Lima Oliva fue acusado de lavado de dinero y asociación ilícita por formar en la cárcel y al abrigo del sistema penitenciario un imperio de millones de dólares, a través de corrupción y amenazas.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un entidad de Naciones Unidas que examina los cuerpos y aparatos clandestinos insertos en el Estado, investigaron desde 2013 a Lima y descubrieron un esquema de corrupción en las prisiones de Guatemala que llevó a la detención de Sergio Camargo, el director del sistema penitenciario.
En esa ocasión, la fiscal general Thelma Aldana explicó a periodistas que la estructura corrupta de Lima Oliva tendría al menos 15 años funcionando.
El militar estuvo a punto de optar por salir de prisión pues según la ley ya ha cumplido la mitad de la pena de 20 años por el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998.
Gerardi fue asesinado dos días después de presentar un informe sobre los excesos cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala entre 1960 y 1996. Según ese reporte el 90% de esos excesos fueron cometidos por el ejército.