Dos costarricenses acusados de estafa agravada en perjuicio de una sociedad anónima enfrentaron ayer audiencia preliminar en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, cuyo fallo se sabrá el próximo 23 de noviembre.
Jack Liberman y Gary Liberman, son señalados de que, en su calidad de propietarios de la empresa de capital costarricense, Modern Plastics, ordenaron al gerente general de su filial en El Salvador que falsificara unos quedan para cobrar servicios prestados a la sociedad ofendida por un monto de $274 mil.
El delito habría sido cometido entre el 27 de enero de 2013 a febrero de 2014, según un reporte de la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez. Según consta en el proceso, cuando los dos costarricenses se enteraron de que los estaban acusando interpusieron una denuncia en contra de su exempleado y de esa manera tapar el ilícito, por lo que este fue acusado el pasado octubre en el Juzgado Noveno de Paz, por el delito administración fraudulenta.
En ese mismo juzgado los dos costarricenses eran procesados.
Para este proceso, la Fiscalía cuenta con un testigo criteriado (con beneficios penales) quien manifiesta en su declaración que él alteró los quedan por órdenes de su superior, es decir Jack Liberman, con el objetivo de hacer volumen de cobros y quedarse con el dinero, según el reporte de Juzgados.
Defensores acusan a testigo
Pero el grupo de defensores de los empresarios señaló al testigo de la Fiscalía como el responsable de desorden administrativo y del mal uso del dinero. Además manifestaron que cuentan con documentación extendida por dos bancos que corroboran que el gerente emitió varios cheques a la empresa Coanza en Costa Rica, que no tiene ninguna relación con sus clientes.
Los abogados dicen que si bien el dinero ingresó a la sociedad de sus clientes, pero que después fue retirado por el testigo criteriado de la cuenta de empresa Modern Plastic.
Sostienen que dicha investigación debe ser enfocada en el testigo criteriado porque él es quien falsificó la documentación, y se la presentó a la sociedad ofendida y así retiró el dinero, aseguran.
Según el reporte de Juzgados, en sus alegatos, los acusadores particulares sostienen que nunca dijeron que los procesados se beneficiaron de manera personal con el dinero de su cliente. “Ellos culpan a su gerente general del mal manejo del dinero, pero esto no los excluye de su responsabilidad”.