Influidos por las ideas modernas vigentes en otras latitudes del planeta, esas mujeres y algunos intelectuales masculinos alabaron los inicios del proceso, que contaban con fuertes apoyos en la recepción de socias en la Academia de Ciencias y Bellas Artes de San Salvador (mayo de 1888) y en la graduación de la primera universitaria centroamericana, con el doctorado obtenido en septiembre de 1889 por la salvadoreña Antonia Navarro Huezo (1870-1891).
Para muchos de sus contemporáneos masculinos, esos esfuerzos fueron atrevidos, pioneros, abanderados o locos, según quien los interpretara.
Incluso, algunos llegaron a tildarlos de descabellados, en especial cuando los diputados de tres países centroamericanos, reunidos en la capital hondureña, promulgaron la última Constitución Federal del istmo, en septiembre de 1921. Allí, en letra muerta desde el inicio mismo de su redacción, quedó consignado el derecho el voto para las guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas, lo cual fue celebrado en San Salvador con repique de campanas, misas solemnes de acción de gracias y otros eventos sociales. Después de eso, el silencio electoral fue evidente.
Estimulada por esa acción legal, el 19 de abril de 1922, una salvadoreña de ascendencia colombiana, María Solano Álvarez de Guillén Rivas, fundó la Sociedad Confraternidad de Señoras de la República de El Salvador, la que contó con apoyo de la Liga de Mujeres Neoyorquinas. En una de sus primeras marchas por el centro capitalino, realizada el día de Navidad para apoyar al candidato presidencial de la oposición, doctor Miguel Tomás Molina, la respuesta gubernamental vino plasmada en fuego y sangre: uniformadas de azul, veintidós participantes murieron acribilladas.
Sin embargo, eso no detuvo los ímpetus y afanes de las organizaciones de mujeres sufragistas, pues el fin era lograr apoyo político para alcanzar el derecho al sufragio y el reconocimiento a su ciudadanía.
Para entonces, toda mujer nacida en suelo salvadoreño estaba privada de nacionalidad propia, por lo que al casarse con un extranjero adoptaba, de forma inmediata, la nacionalidad de su esposo. Así lo denunció la escritora Alice Lardé de Venturino en una carta dirigida a su cuñado Salarrué, la cual le remitió desde Buenos Aires, en enero de 1928: “Amo a mi patria hasta el dolor. Amo a esta patria mía que me niega –por sus leyes arbitrarias y crueles-, a esta patria mía que me ha visto crecer, y que ha presenciado los terribles sacudimientos de amor y dolor con que me abrió los ojos a la Verdad, el Destino, y que, a pesar de todo esto, por sus leyes antipatrióticas, me niega el derecho de llamarme suya, de llamarme salvadoreña, que al casarme, por una cláusula que deben abolir cuanto antes, perdí o quieren que pierda y que yo, a pesar de todo esto, grito con más amor que nunca: ¡Soy salvadoreña!, ¡soy salvadoreña! Que mi grito tremendo llegue hasta el corazón de mi patria y al ser conmovido por él, griten los salvadoreños en mi nombre para que reformen la ley, aboliendo esta cláusula que hace perder a la mujer su derecho de nacionalidad patria”.
El sufragismo femenino internacional había hecho ya sentir su presencia en territorios anglosajones y europeos. España había ya consignado el voto femenino en su legislación, a partir del primer día de octubre de 1931, gracias a las encendidas intervenciones de la activista y diputada Clara Campoamor (1888-1972).
Cuatro años más tarde, en enero de 1935, las capitalinas Emma Aguilar, Nelly Hernández, Irene Chicas, Amanda Rodríguez, Paula Alvarenga, Juana Araujo, Dominga López y Elvira Vidal se convirtieron en las primeras mujeres salvadoreñas en ejercer el voto. Por decisión del Dr. José Casimiro Chica, presidente de la junta electoral de San Salvador, sus papeletas les fueron tomadas en forma honoraria, pero sin que contaran para el escrutinio final, en franca violación al artículo 180 de la Constitución de 1886 y a las listas de personas electoras del municipio capitalino.
Por la presión social creciente, el 5 de diciembre de 1938 la Asamblea Legislativa emitió una ley en que reconoció que tenían derecho al voto las casadas mayores de 25 años de edad, que presentaran su cédula de vecindad y su acta matrimonial. Las solteras debían tener más de 21 años de edad y un título profesional o ser mayores de 30 años y poseedoras, al menos, del certificado de sexto grado de escolaridad. Así quedó consignado en la Constitución Política de 1939. Era necesario continuar con la lucha.