Nayib Bukele está convirtiendo a la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID) en un enemigo más de este Gobierno y continúa estigmatizando a las organizaciones de la sociedad civil convirtiéndolas en enemigos internos.
Eso señaló José Marinero, presidente de la Fundación DTJ, luego de que el presidente pidiera este martes a EE.UU. que no financie a “movimientos de oposición” con los fondos de cooperación económica que antes estaban destinados a apoyar algunas instituciones estatales.
“Donde USAID quiera regalar su dinero, pues lo puede hacer, mientras no sea financiando movimientos políticos de la oposición, porque eso es ilegal”, expresó Bukele en una conferencia de prensa en Casa Presidencial el pasado martes 25 de mayo.
USAID anunció el 21 de mayo el retiro de la asistencia a algunas instituciones gubernamentales, que considera capturadas por el oficialismo y anunció que esos fondos los reorientará a organismos que luchen contra la corrupción o promuevan la democracia en la sociedad civil.
Las instituciones que no recibirán más dinero de USAID son la Policía Nacional Civil, el IAIP, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto, José Marinero de la Fundación DTJ calificó como “desafortunado” cómo el presidente se refiere a la cooperación de EE.UU. y a las organizaciones civiles.
“Es desafortunado porque continúa dañando la relación con EE.UU., esta vez expresando una opinión contra su agencia de cooperación”, manifestó.
Asimismo, consideró que el asociar a las organizaciones con la oposición política no tiene otra intención más que convertirlas en enemigos del Gobierno y, por tanto, blanco de sus ataques del mismo.
No hay ilegalidad
El abogado y presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, aclaró que no hay ninguna ilegalidad en financiar a movimientos políticos, y en relación a esto detalló que es distinto al financiamiento a partidos políticos donde sí hay leyes.
A su juicio, con estas declaraciones se está adelantando una especie de persecución a las ONG y cuestionó quién va a calificar cuáles son los fines a los que se dedican este tipo de organizaciones o si tienen finalidad política.
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“Es lamentable una expresión como esa, en el sentido de que parece anunciar esa persecución”, afirmó. Además, el jurista planteó que esto merece una respuesta de forma inmediata de las organizaciones de sociedad civil donde hagan notar que el rol que juegan es muy distinto al rol que juegan los partidos políticos de oposición.
“Creo que hay una confusión radical del presidente y de algunos otros funcionarios, que están confundiendo a organizaciones civiles que están exigiendo el respeto a derechos fundamentales y señalando prácticas de corrupción e irregularidades en la administración de fondos públicos”, señaló.
La abogada Ruth Eleonora López, experta en derecho electoral, consideró que el presidente desconoce la legislación salvadoreña puesto que “los movimientos políticos no son una figura reconocida legalmente”.
“Por ende no sé a qué se refiere”, añadió la experta y explicó que los partidos políticos tienen su regulación sobre financiamiento en los artículos 67 y 68 de la Ley de Partidos Políticos y corresponde al Ministerio de Hacienda y al Tribunal Supremo Electoral (TSE), verificar las donaciones que reciban.
“Es importante hablar sobre el financiamiento de la política de una forma seria y contundente porque es una puerta a la corrupción pero no bajo juegos de palabras absurdas que solo buscan generar confusión en la población”, criticó.
En ese mismo sentido opinó, Saúl Baños, Director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quien dijo que en sentido estricto, no es delito financiar partidos políticos. “Esto es así porque para que una acción u omisión sea considerada como delito debe estar previamente tipificada en el Código Penal, y actualmente ese delito no existe. Me parece que es un equívoco del Presidente”, destacó.
Baños, mencionó que el artículo 24 de la misma ley establece que los partidos políticos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía de manera oficiosa información sobre los montos de financiamiento tanto público como privado.
“Y si nos vamos a hechos concretos, para la realización y financiamiento de las elecciones del 28 de febrero, los partidos políticos que participaron se han negado a hacer público sus financistas, incluido el partido del Presidente”, criticó.
Funcionario de USAID responde a Bukele
Luchar contra la corrupción y construir Estado de Derecho no motiva a la gente a migrar. Por el contrario, hace que sea más seguro para permanecer en sus países. Eso planteó Michael Camilleri, Director Ejecutivo del Grupo de Trabajo del Triángulo Norte de USAID, como respuesta a la reacción de Nayib Bukele, quien dijo que entregar fondos a organizaciones que luchan por la transparencia y la rendición de cuentas puede fomentar la migración irregular.
Bukele emitió esa opinión luego de la decisión de USAID de reorientar los fondos de cooperación que entregaban a la FGR, IAIP, CSJ y PNC para organizaciones de la sociedad civil.
Este funcionario de la agencia de cooperación dijo esto ayer en una conferencia telefónica con periodistas de medios de comunicación del Triángulo Norte.