La violencia criminal le segó la vida a 2,940 personas y otras 5,381 desaparecieron en los primeros dos años del gobierno de Nayib Bukele, según registros de la Policía y de la Fiscalía.
A las cifras anteriores se le suman el asedio, amenazas y zozobra que las pandillas mantienen en las comunidades y colonias, según denuncias de personas que viven en esos lugares.
Lo anterior ha obligado a muchas familias a salir de los sitios donde vivían para evitar ser víctimas de las represalias de las pandillas, lo que pone en duda la efectividad del tan publicitado plan Control Territorial que ha sido cuestionado por distintos organismos y expertos en seguridad pública.
La reducción de los homicidios sigue bajo la sombra de una supuesta negociación entre el gobierno y las pandillas, según distintos sectores del país.
El 70 por ciento de las personas asesinadas el año pasado no tenía ningún vínculo con las pandillas.
La mayoría de las personas desaparecieron en zonas con alta presencia de pandillas, según las investigaciones de las autoridades.
Algunas de éstas víctimas llegaron a esos sitios por distintas circunstancias o por equivocación como ocurrió con el sacerdote de la parroquia del barrio Paleca de Ciudad Delgado que entró a una comunidad de Santa Tecla para tratar de evadir el tráfico vehicular.
El religioso de 73 años fue brutalmente golpeado por pandilleros, a quienes no les importó que se trataba de un misionero de Dios.
Por fortuna, el sacerdote pudo salir con vida de ese lugar.
En un intento por esconder las cifras de desaparecidos, la Fiscalía General que anteriormente publicaba las fotografías y los casos de las víctimas, lo dejó de hacer a partir de la llegada del fiscal impuesto Rodolfo Delgado. Él justificó que se trabaja en un nuevo mecanismo de homologar las cifras de desaparecidos entre la Fiscalía y la Policía, y excluyen al Instituto de Medicina Legal (IML).
Pero el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro se molestó porque los medios de prensa independientes informan sobre las personas desaparecidas y dijo que algunos medios y periodistas manejan el tema de desaparecidos de manera “torpe”.
Delgado también se sumó a los cuestionamientos de Villatoro al señalar que “todo este tema en algún momento se ha llevado con algún tipo de morbo y con algún tipo de mala intención por la prensa”.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) señala en su informe del segundo año del gobierno de Bukele que la baja de las muertes violentas obedece a una serie de factores, pero no al referido plan.
“El confinamiento y cuarentena domiciliar justificada bajo la emergencia de la pandemia y el cambio de patrones de los grupos delincuenciales, el repliegue de las pandillas debido al confinamiento y al presunto acuerdo con el Gobierno para bajar los homicidios” son algunos de los factores que según Fusades habrían influido en la disminución de los asesinatos.
Le agrega “la notable reducción de los enfrentamientos armados y ejecuciones realizadas por la PNC y la FAES; así como la permanencia de la práctica de desaparición de los cuerpos de las víctimas de asesinatos por parte de pandillas y otros actores”.
Fusades señala que fuentes policiales consultadas por sus investigadores confirmaron las órdenes de las autoridades policiales para reducir los enfrentamientos con pandilleros como parte de las demandas de éstos grupos criminales al gobierno.
“Mandaron a llamar jefes policiales (de Cabañas, San Miguel y de otros departamentos], para decirles que no querían intercambios de disparos con pandillas”, dijo un policía a investigadores de esta entidad.
Fusades considera que “la baja de homicidios no parece ser atribuible a una sola causa, además que por hoy, no existe evidencia contrastable que permita asegurar que la reducción de muertes violentas obedezca al Plan Control Territorial”.
Al analizar el comportamiento mensual de muertes violentas en los períodos de marzo y julio del año pasado; así como también, entre agosto y noviembre; se tienen “significativas fluctuaciones” en esos dos períodos, pese a que se mantuvo una tendencia decreciente.
“Los datos indican que entre febrero y marzo de 2020 el número mensual de homicidios pasó de 122 a 68, reducción que estuvo asociada a la cuarentena obligatoria y al estricto confinamiento domiciliar durante el primer semestre del año”, señala el informe.
Sin embargo, abril de 2020 fue el segundo mes con más homicidios, a pesar de la cuarentena y el enorme despliegue de policías y militares en las calles.
“Este mes estuvo marcado por jornadas violentas como las ocurridas entre el 24 y 28, en el que fueron asesinadas 85 personas para un promedio de 19 asesinatos por día.
Fue entonces que volvieron las sospechas de un nuevo pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas.
“Este abrupto repunte fue interpretado por algunos analistas como un mensaje de presión al Gobierno por parte de grupos delincuenciales, en un contexto en el que se advertían cada vez más indicios de un presunto acuerdo entre funcionarios del Ejecutivo y las pandillas para bajar los homicidios”, señala el informe.
Aunque no solo las pandillas habrían sido protagonistas del repunte de la violencia criminal, por lo que no se descarta que “se hayan activado grupos de exterminio o de sicariato dadas las características y circunstancias en las que ocurrieron varios de los asesinatos registrados en el mes de abril”.
Lo que le llama la atención a Fusades es la gran cantidad de homicidios cometidos en plena cuarentena domiciliar.
“No deja de ser llamativo que en un contexto en el que el país se encontraba militarmente sitiado (marzo-junio 2020), hayan ocurrido cerca de 400 homicidios, lo que da cuenta del fuerte control que ejercen los grupos delincuenciales en los territorios, aun en contextos de estados de emergencia”, destaca el informe.
