El expresidente de la República, Elías Antonio Saca, junto con cinco exfuncionarios y excolaboradores de su gobierno están entre las 17, 086 personas que, entre 2014 y abril de este año, se acogieron a un procedimiento abreviado que les permitió recibir penas menores de cárcel o hacer trabajos de utilidad pública, según los registros del Ministerio Público.
En septiembre, el Juzgado Segundo de Sentencia condenó al exmandatario, junto con Élmer Charlaix, Julio Rank, César Funes, Jorge Herrera y Francisco Rodríguez a penas de entre 3 y 10 años de prisión por los delitos de corrupción, debido a que sustrajeron más de $300 millones de fondos públicos.
El procedimiento abreviado está contemplado en el Código Procesal Penal desde 1998, una figura conocida como justicia anticipada.
La legislación penal establece que las penas que podrán acordarse entre el fiscal, el imputado y su defensor será: desde la tercera parte del mínimo de la pena hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito que se le imputa al que se somete al juicio abreviado.
También se podrá solicitar penas distintas a la prisión cuando el delito tenga prevista penas conjuntas o alternativas. La reducción a la mitad del mínimo de las penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliario o de la pena de multa, son parte de las medidas contempladas por la legislación penal.
Según la Fiscalía, cualquier imputado puede someterse a este beneficio penal, siempre que acepte su culpabilidad, no importa si es un corrupto, un violador o un homicida.
Pese al juicio abreviado, el Ministerio Público pidió que Saca devuelva al Estado $260 millones para resarcir los daños. Situación que no comparte la defensa y por lo cual apeló.