Aunque los gobiernos que han conducido el país en las últimas décadas abanderaron el derecho a la educación e impulsaron distintos planes educativos, hay situaciones que siguen como piedra de tropiezo para que todos los niños y jóvenes accedan a una educación de calidad, entre ellos la baja inversión en este rubro, los problemas de eficiencia en la enseñanza, la deserción y la violencia.
Ese es un panorama que el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, no deja de reconocer a la hora de matizar los logros que esa gestión alcanzó bajo la sombra del Plan El Salvador Educado y los retos que tendrán las autoridades educativas entrantes.
Castaneda destaca que la gestión cierra con un presupuesto de 996.3 millones de dólares, pero advierte que “a mi juicio debemos mejorar en las asignaciones presupuestarias al ramo de la educación”.
Asegura que más allá de los fondos que se designan para las áreas como primera infancia, educación básica, educación media, educación de jóvenes y adultos, programas sociales y prevención, también se debe tener refuerzos presupuestarios para programas específicos como los de infraestructura, e incrementar el dinero que se destina para los presupuestos de funcionamiento de las 5,186 escuelas públicas del país, que están asentadas en más de 6,200 inmuebles.
Apuesta a legalizar terrenos
El vicetitular subraya que a pesar de las limitaciones presupuestarias “nos sentimos muy satisfechos por el trabajo realizado”, y tras ello destaca la inversión de 96 millones de dólares en infraestructura escolar, un monto en el que incluye rehabilitación, reparaciones menores, dotación de mobiliario escolar, conectividad, acceso a servicios básicos (agua y energía eléctrica).
De acuerdo con sus palabras en estos últimos 5 años crearon una política de infraestructura escolar y apostaron a legalizar los terrenos de escuelas que no estaban inscritos a favor del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), algo que por décadas ha impedido a los gobiernos y a los mismos cooperantes invertir en proyectos de mejoras de las escuelas públicas.
“En cifras podemos decir que alcanzamos los cerca de 3,000 centros educativos que fueron atendidos en distintas formas y en distintas asignaciones presupuestarias. Además, a través de la Ley Especial de legalización de inmuebles a favor del Estado logramos legalizar 3,779 inmuebles, en donde funcionan los centros educativos”, precisa.
de los 5,186 centros educativos que hay en el país, 1,551 tienen acceso a internet, según Educación.
Castaneda sostiene que se logró legalizar más del 62 % de inmuebles escolares. No obstante, a su criterio esa es una tarea que se debería continuar porque aunque se llegue a destinar más fondos para proyectos de mejora de los ambientes escolares estos no se podrán ejecutar si los terrenos no son del Mineducyt.
“Según un estimado que tenemos al menos alrededor de 1,000 escuelas necesitan todavía ser atendidas en dos vías inmediatas, en la vía de legalización, y en la vía de asignación de recursos para mejorar infraestructura”, cita.
Atención a la deserción
El funcionario manifiesta que redujeron lo que el llama “abandono escolar” significativamente, porque cuando llegaron a esa cartera de Estado la cifra de alumnos que desertaban de las aulas rondaba los 100,000 y al cierre del año pasado fueron 11,000, de los cuales alrededor de 8,000 son del sector público y 3,000 del privado.
Asegura que cierran la gestión con un 0.9 % de deserción escolar como fruto de los esfuerzos que hicieron, en sintonía con el Plan El Salvador Seguro, para mejorar los ambientes escolares, abrir más opciones del modelo de educación flexible, y ampliar el servicio educativo de Educación Media en municipios que no lo tenían, como Santa Cruz Michapa, Tenancingo, San Pedro Perulapán, Nahulingo, entre otros.
El viceministro de Educación celebra que para 2018 lograron el retorno de 23,000 jóvenes al sistema educativo regular, que no tuvieron homicidios de estudiantes y que se elevó el número de estudiantes egresados de Educación Media como lo reflejan los registros de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes (Paes). Al respecto argumenta que en los últimos años no se pasaba de los 79,000 estudiantes que se sometían a la prueba, pero ya en 2017 – 2018 se dio un salto a los 85,000.
No obstante, reconoce que se tiene que trabajar más para que los niños no abandonen las aulas al finalizar el segundo y tercer ciclo de Educación Básica, algo que relaciona con la necesidad de ampliar la oferta de tercer ciclo en las escuelas rurales, y contratar docentes especializados para esa zona.
Calidad o pertinencia
Al ser cuestionado sobre la calidad educativa, Francisco Castaneda dice que prefiere hablar de “pertinencia educativa”, y en ese sentido señala que avanzaron mucho en eso al mejorar la oferta educativa de educación media, en la que enfatizaron la apertura de opciones técnicas acordes a la demanda del sector productivo, uno de ellos es el bachillerato público en Mantenimiento Aeronáutico.
El gobierno saliente anota avances en la atención de niños de 9 a 3 años de edad. Actualmente se brinda servicio a 31,363 alumnos de este nivel.
“El mejorar la oferta y encontrar la llave mágica que una el sector público y el sector privado para el bien del país son determinantes. Ahí viene el debate entre calidad y pertinencia, porque tú puedes ser graduada con honores, decir que eres una calidad de estudiante que saliste con las mejores notas, con las mejores competencias, pero ¿es tu título lo que requiere el sector productivo y tienes oportunidades?”, reflexiona.
Castaneda insiste en que la Paes realmente no es una herramienta determinante para establecer la calidad del sistema educativo del país, o de si un estudiante es bueno o no, tal como se ha naturalizado, porque a su criterio es una prueba estandarizada, meramente cuantitativa, que no es democrática.
“Siempre hemos propuesto, y personalmente siempre he creído que deberíamos tener Paes diferenciadas. No es lo mismo aplicarle la misma prueba estandarizada a jovencitos de la zona metropolitana de San Salador o a los jovencitos de la zona rural de Ahuachapán”, cita.
Sin embargo, considera que si se toma como base ese instrumento para hablar de calidad educativa, se puede entonces destacar el hecho de que en la última edición hay departamentos que salieron con buenos resultados, como La Unión, Chalatenango y Morazán.
Las autoridades educativas salientes reiteran avances en la atención de la Educación Inicial, en donde aseguran se pasó de 1.4 % a 6.4 % en la tasa de cobertura; y de igual manera en la capacitación de un total de 29,000 docentes, en asignaturas como Matemática, Sociales, Ciencias Naturales, Lenguaje y Literatura, Educación Física, en Artística, en náhuat e inglés, entre otras.
Los matices
Más allá de los aciertos educativos que el gobierno saliente resalta, desde la sociedad civil se tiene otra lectura de la situación de la educación.
El doctor Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), afirma que “el sistema educativo queda relativamente estático”, e insiste que “lo que se hizo en el quinquenio no logró impulsar mayores cambios a los principales problemas de calidad y cobertura”.
Picardo, quien realiza investigaciones en el campo educativo, subraya que los datos de la Paes (en alusión a los bajos promedios), así como de la matrícula en educación parvularia y educación media siguen sin mostrar variaciones significativas.
Educación señala que hay un descenso de homicidios de estudiantes y en 2018 no se reportó ninguno, como producto de los esfuerzos para prevenir más ataques .
Además, a su criterio el proceso de formación que se impulsó desde el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) no solucionó ningún problema, y no se concretaron avances en temas como la dignificación docente, infraestructura escolar y mucho menos en el presupuesto.
“Con la deserción igual, mantenemos los mismos altos, sobre todo en tercer ciclo y educación media, que es donde creo yo que está el enclave más importante. No superamos ese 40 % histórico en donde venimos perdiendo 6 de cada 10 estudiantes. Más allá del dato duro de las cifras, creo que no hubo una política fuerte para resolver la problemática”, insiste.
El especialista señala, por otra parte, que si bien al final del quinquenio se logró un pequeño incremento en el presupuesto de Educación, en la práctica lo que se invierte en este rubro sigue en el rango del 3 y 3.4 % con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), ni siquiera alcanza el 4%, pese a las promesas que hubo de elevarlo al 6 %.
Entre la espada y la pared
Desde el ámbito de los gremios docentes, Paz Zetino Gutiérrez, secretario general de Bases Magisteriales, sostiene que “la actual administración deja la escuela pública en una situación bastante complicada, especialmente en el área de infraestructura escolar”, y sobre todo en el área rural, como resultado de priorizar programas como Paquete Escolar y el de Alimentación.
“En segundo orden el problema que nunca logró resolver está es lo relacionado con la entrega en tiempo y suficiente de los presupuestos escolares para el funcionamiento de las escuelas. Bueno estamos casi finalizando mayo y no hemos recibido el primer desembolso para el funcionamiento de estos centros”, precisa.
Zetino Gutiérrez asegura que la situación de inseguridad ha socavado todos los esfuerzos educativos, debido a que profesores y alumnos están sometidos al control territorial de las pandillas. Al respecto, argumenta que los primeros se ven forzados al pago de la denominada “renta”; además de que no pueden ejercer su rol que implica propiciar la formación académica del alumno, disciplinarlo y orientarlo; mientras en el caso de los estudiantes se ven obligados a dejar la escuela.
En este contexto el sindicalista pone en duda los datos de deserción escolar que manejan los titulares de Educación, e incluso reitera que “en este caso ellos han empezado a manipular las estadísticas”, sobre todo porque además del factor inseguridad los estudiantes también se ven afectados por la difícil situación económica de las familias.
El educador, quien labora en un complejo educativo de Santa Tecla, asegura que si bien siempre se ha tratado de culpar a los maestros porque hay mala calidad de la enseñanza, realmente esto no depende enteramente de ellos, sino que además inciden otras situaciones como la falta de recursos para trabajar a la que están sometidos todo el año.
“Cómo se explica usted que un profesor va a hacer bien su trabajo si a mayo no se le ha dotado del dosier de material didáctico que necesita para empezar a dar clases. Los profesores están comprando todo de su salario, esperando que en algún mes llegue la provisión. Esos factores también debilitan la calidad”, increpa.
Sobre el tema de la calidad igual saca a colación el poco interés que los padres tienen en que sus hijos atiendan la escuela, y lamenta que “tenemos muy pocos apoyos. Lo que nosotros logramos con los alumnos de la escuela pública es producto de un esfuerzo titánico de los maestros, de las maestras”.
Un plan que no bajó a las aulas
Las observaciones que hace por su parte Javier Hernández Amaya, presidente de la Asociación de Colegios Privados (Acpes), se enfocan que hubo aspectos positivos como el abrir, a través del Consejo Nacional de Educación (CONED), un espacio en el que representantes de todos los sectores trabajaron para formular las líneas sobre las que se tiene que trabajar para mejorar la educación.
Hernández Amaya, de igual forma destaca como logro, el diseño de reformas curriculares para la asignatura de Matemática y Lenguaje, junto con los respectivos textos, y la generación de materiales para la prevención de la violencia en las aulas; y la apertura de la educación pública superior en línea.
Sin embargo, el representante del sector de la Acpes no deja de advertir que hay muchas deudas, entre ellas que más allá de la participación que se les dio en el CONED dentro de esta instancia no se trataron acciones que de una forma u otra aportaran al desempeño de los colegios y universidades privadas.
En la lista de las tareas pendientes suma el que no se diseñó ni aprobó el Reglamento de la Ley General de Educación, no se corrigieron fallas en la Paes, tampoco se tomó acción para extender a tres años el bachillerato general, ni se le brindó la atención debida a los bachilleratos técnicas, como una forma de evitar un nuevo esfuerzo de inversión.
“Otra deuda importante es que no se dispone (en todas las escuelas) de la tecnología y conectividad, y puedo dar fe yo que (también) soy maestro de educación pública. Antes de esta gestión algunas escuelas sí tenían conectividad y con esta administración por alguna razón dejó de tenerse”, asegura.
Para Hernández Amaya la apuesta a la capacitación docente se quedó corta, no se logró despolitizar el tema educativo en el seno del Mineducyt, ni se permitió que las escuelas se enfocaran en su función pedagógica por estar atendiendo la ejecución de los programas sociales.
Entre lo más duro que advierte este educador es que en la práctica el Plan El Salvador Educado que nació en el CONED no trascendió como se debía y además tampoco ha logrado responder a la necesidad educativa del país al cien por ciento, sobre todo porque no abordó de forma específica el tema de la violencia.
“Ni siquiera por el portón del Ministerio de Educación entró. El Plan El Salvador Educado lo conocemos quienes hemos estado hablando de él, enamorándonos de él, pero en realidad ni siquiera los directores ejecutivos del Ministerio de Educación lo conocen y mucho menos lo aplican”, lamentó.
A partir de su experiencia Hernández Amaya asegura que en las aulas se ha estado trabajando el Plan 2021 y “un poquito la nueva reforma curricular del Plan El Salvador Educado”.