La ciudadanización de las mesas electorales pendiente de aprobación en la Asamblea desde el 10 de septiembre, la capacitación de sus miembros, más otras reformas electorales en estudio por los diputados, como el voto en el exterior para elecciones municipales y legislativas y la digitalización del conteo de votos en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), hará que el presupuesto para las elecciones de 2021 se incremente de $29 millones que costaron en 2018 a un aproximado de $45 millones.
“Puede andar entre $40, $45 o $50 millones que el Tribunal Supremo Electoral requerirá para efectivamente celebrar ese evento”, manifestó el magistrado del TSE, Noel Orellana, al salir de una entrevista en el Canal 33.
Agregó que en el ente electoral se está discutiendo con el resto de magistrados presentar la petición formal a la Asamblea a más tardar en noviembre próximo.
Recordó que la Sala de lo Constitucional emitió un fallo que impide realizar enmiendas electorales un año antes de cada elección, es decir, los diputados deberán aprobar antes del 28 de febrero de 2020 las modificaciones al Código Electoral y Ley de Partidos.
“Estamos a la espera que hay tres factores fundamentales que van a incidir mucho en el presupuesto que el Tribunal Supremo Electoral va a elaborar”, soslayó Orellana en la entrevista de ayer en el programa República de Canal 33.
“El voto en el exterior, la ciudadanización de las JRV y el sistema electrónico del conteo de votos el día de las elecciones, si eso se llega a aprobar, habrá un incremento significativo en el presupuesto extraordinario”, explicó Orellana.
El Diario de Hoy intentó hablar con Guillermo Wellman, otro magistrado del TSE para tener una versión diferente sobre el aumento del gasto electoral, pero no fue posible contactarlo.
Durante la entrevista que tuvo Orellana manifestó que la ciudadanización de las mesas electorales requerirá de capacitar a unas 30,000 personas y darles alimentación el día de la jornada electoral, ya que se instalan 10,000 urnas a nivel nacional y cada una de ella está formada por tres personas propietarias y tres suplentes.
La escogitación de ciudadanos lo realiza el TSE por medio de un sorteo aleatorio y después verifica que no tengan nexos con partidos políticos para cumplir con una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que ordenó que las mesas electorales no deben estar integradas por personas con afiliación partidaria.
En las elecciones de 2018, una parte de los miembros de las JRV fueron a propuesta de los partidos políticos y otra escogidos mediante sorteo por el TSE. El Tribunal se encarga de corroborar que no aparezcan en padrones de los partidos.
Orellana desglosó otros aspectos que deben cumplir y que están siendo considerados en el presupuesto extraordinario. Entre ellos, el plan de mantenimiento cartográfico para verificar vías de acceso a los centros de votación, actualización de la cartografía para el voto residencial, plan de actualización permanente para el cierre del registro electoral, la consulta ciudadana, y el plan de comunicaciones electorales a un costo de $2.5 millones.