“Como una a veces es pobre yo dije: así le voy ayudar a mi mamá”. “Yo quería acompañarme… porque me enamoré de él quizá”. “Mucho me pegaban… Mi mamá y mi hermano porque me molestaba, pero ahora entiendo que metí la pata”. Estas son algunas respuestas de niñas salvadoreñas que se vieron forzadas a casarse o a unirse cuando tenían entre 10 y 15 años. El rango de edad de sus parejas era de entre 16 a 60 años.
Ellas fueron entrevistadas en 2018 como parte de una investigación sobre matrimonios y uniones forzadas de niñas, la cual fue realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la organización Plan Internacional en ocho países: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Bolivia, Perú y República Dominicana.
El estudio reveló que América Latina y el Caribe es la única región del mundo en donde en los últimos 10 años no se ha registrado descensos significativos de los matrimonios y uniones infantiles forzadas.
En todo el continente, en 2017, el 23 % de las mujeres de 20 a 24 años estaban casadas o en uniones antes de los 18 años y el 5 % a los 15.
Los países con la mayor prevalencia de mujeres de 20 a 24 años que se casaron o formaron uniones antes de los 18 años son República Dominicana y Brasil, con 36 %; Nicaragua, con 35 %; Honduras, con 34 %; Guatemala, con 30 %; y México y El Salvador, con el 26 %.
Nuestro país, hace siete años, tenía un 33 % de casos de niñas acompañadas con adultos. Adolfo Vidal, gerente de Influencia de Plan Internacional, reconoce que ha habido una “disminución significativa”, pero señala que no es suficiente ni va de la mano con los esfuerzos que se han hecho para enfrentar el fenómeno. Entre ellos están la creación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Además, el país ha ratificado convenios internacionales que velan por los derechos de los menores de edad.
“Yo quisiera que pudiéramos decir que bajamos un 30 % o un 15 % . A pesar de tener normativa contundente, desde hace tiempo pudimos haber tenido mejoras sustantivas”, opina Vidal.
La forma de pensar de las personas, la falta de legislación y los patrones sociales y culturales han obstaculizado la erradicación de este fenómeno.
La violencia social, ejercida principalmente por las pandillas, es otro factor que según Plan Internacional impide una disminución significativa de las uniones tempranas en el país (ver nota aparte).
Los responsables del estudio sostienen que la invisibilidad del problema además se debe a la falta de datos a largo plazo y a que la información básica sobre el matrimonio infantil no se actualiza con regularidad o no está disponible.
Sin ley que impida uniones libres
En El Salvador, desde 2017, los matrimonios de menores de edad con adultos son prohibidos por ley, pero aún no existe legislación que impida las uniones (no legales o libres) de niñas con adultos, aunque haya consentimiento de la víctima.
Hace dos años, a petición del Unfpa, Plan Internacional, el Consejo Nacional de Niñez y la Adolescencia y organizaciones sociales, los diputados de la Asamblea Legislativa modificaron el artículo 14 del Código de Familia. Este daba “permisibilidad” para que niñas embarazadas contrajeran matrimonio con el padre del bebé; por el contrario, el Código Penal sanciona y tipifica dichos casos como violación.
Con la reforma, los adultos que embarazan o tienen una relación sexual con menores de edad no pueden casarse con ellos, sino que deben pagar con cárcel ese delito.
Víctimas forzadas a acompañarse aunque den su consentimiento
“Que una niña diga sí a una unión temprana no siempre está relacionado a que sea (una decisión) voluntaria. Que ella vea que unirse (con un adulto) es la única salida a cuidar a sus hermanos; a ser violada por su padrastro eso también es una obligación… Obligada por la familia o por presión social, eso también es determinante”, apunta el delegado de Plan Internacional.
La unión temprana con un adulto marca el final de la niñez porque la menor de edad se ve forzada a desempeñar actividades para las que no está física ni emocionalmente preparada.
Además implica que ella sea anulada como mujer y ser humano, porque pierde oportunidades de desarrollarse en distintos ámbitos de la vida. Es la pareja quien ejerce control sobre ella; le destruye la autoestima y le limita derechos por creer que es un “objeto que le pertenece”.
La mayoría de víctimas, expresa Vidal, no tiene autonomía económica porque dependen de él. No puede decidir sobre su cuerpo, pues no se le permite decidir cuántos hijos tener; abandona sus estudios y sufre diferentes tipos de violencia.
La investigación de Unfpa y Plan Internacional -cuya muestra fue tomada en San Salvador, La Libertad, Cabañas, Chalatenango y Cuscatlán, Santa Ana y Sonsonate- permitió descubrir que del 26 % de niñas unidas a adultos, el 90 % de ellas se casó o unió con hombres de entre 40 y 60 años. También en que la mayoría de casos no fue un embarazo lo que antecedió a la unión -como suele creerse- sino que ellas, fueron sacadas de sus hogares para convivir con sus parejas.
Para quienes trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia, esto refleja que las niñas continúan siendo consideradas en casa como “una carga” si no colaboran con las tareas domésticas o no tienen hermanos a los que deban cuidar.
“A la niña se le sigue viendo como mercancía de cambio. Pasa con frecuencia que (los padres) encuentran a un hombre que provee económicamente a esa familia a cambio de llevarse a una niña. Es una manera de cambiarla por un bienestar social o familiar”, menciona el gerente de Plan Internacional.
Otro hallazgo que se hizo es que las condiciones de pobreza en las que viven las niñas, el maltrato infantil en sus diferentes formas dentro del hogar o la violencia sexual que sufren por parte de padres, hermanos, tíos u otros parientes, las obliga a irse de casa y unirse con adultos.
Los expertos aseguran que las víctimas lo hacen con la esperanza de que sus parejas las “salven” de la situación de abuso que enfrentan pero, la mayoría de veces, caen en otro tipo de dominación.
Plan Internacional considera que no solo se debe permear la política pública, sino también trabajar en una ley que erradique las uniones tempranas; y realizar campañas que concienticen a la población acerca de que las niñas no deben acompañarse antes de los 18 años.