El nombramiento de Pablo Anliker como viceministro de Agricultura y Ganadería es un “fraude de ley”, aseguraron a El Diario de Hoy, varios abogados constitucionalistas consultados sobre el tema.
El abogado Francisco Bertrand Galindo, afirmó que para seguir el debido proceso de ley, Anliker debió haber sido sometido a un antejuicio, por las observaciones que la Corte de Cuentas de la República ha hecho a su gestión, pero lamentó que los tiempos ya no alcanzan, debido a que el 1 de mayo toma posesión una nueva legislatura que se ha mostrado obediente a lo que el presidente Nayib Bukele les ordene.
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Bukele removió del cargo de ministro de Agricultura a Anliker, pero lo dejó siempre a cargo de la institución como viceministro, algo que raya con la legalidad explicó Bertrand Galindo.
“Eso llega a configurarse como un fraude de ley, para mí debería seguir un antejuicio, pero el problema es que la Asamblea termina la otra semana, ya no hay tiempo para un antejuicio, la solución será de otra forma, pero no sé cómo”, manifestó el abogado constitucionalista.
Anliker se ha negado a dar información sobre la adquisición de insumos alimenticios que fueron usados para repartir los paquetes solidarios que el gobierno repartió durante la emergencia por COVID-19.
Hecho por el cual la Corte de Cuentas hizo varios reparos al Ministerio de Agricultura y Ganadería por la falta de información, incluso, el Comité de Veeduría que vigila el uso de los fondos aprobados por la Asamblea para enfrentar la pandemia tiene al MAG entre las instituciones que menos han transparentado el manejo de los recursos.
El informe del Comité de Veeduría fue enviado a la Fiscalía y a la Corte de Cuentas. También, la comisión especial de la Asamblea que investigó la administración del dinero de préstamos, bonos y otros destinados para el combate del COVID-19, está preparando un reporte en el que destacan que Anliker compró productos alimenticios para la emergencia a “sobreprecio”.
Al respecto, el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, publicó en su cuenta de Twitter que el nombramiento de Anliker como viceministro de Agricultura no procede ya que no presentó su finiquito de sus cuentas, un requisito indispensable que la ley exige para los que hubiesen administrado o manejado fondos públicos.
“Solo cambió de escritorio. Se protegen de la misma forma que se protegían los que tanto criticaban. Mal antes. Mal ahora”, señaló Sáenz en su Twitter.
Para un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, que prefirió omitir su nombre, la acción de Bukele de nombrar a Anliker como viceministro del MAG es para “blindarlo de forma momentánea, se puede leer que Bukele lo está favoreciendo dando un tiempo que signifique un compás de espera para que él (Anliker) trate de desvirtuar que allí en el MAG hubo ilegalidades”.
“Hubo ilegalidades en el manejo de los fondos públicos, que el simplemente agarró, incluso, agarró de salarios para hacer compras en la pandemia, de paquetes ‘políticos’ para ser populista del gobierno del presidente Bukele”, manifestó el exmagistrado.
Señaló que al removerlo de su cargo como titular del MAG, para nombrarlo como viceministro cometió una ilegalidad, ya que para que puedan ser ministros y viceministros debe cumplir el requisito de presentar su finiquito de la Corte de Cuentas y eso no se dio.
“Eso no se cumple, de nuevo el presidente (Bukele) se saltó las trancas de la legalidad”, subrayó el abogado.
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Para Bertrand Galindo hay sanciones por el cometimiento de dicha ilegalidad que se pueden materializar como el antejuicio en contra de Anliker, pero el problema es que ya no hay tiempo.
Sin embargo, señala que además del “fraude de ley” cometido por Anliker y Bukele está de por medio el prestigio del mandatario, al “convertirse en cómplice de funcionarios corruptos que él personalmente dijo que los metería presos, quien está dañando su reputación es él, por defender a sus amigos”, puntualizó Bertrand Galindo.
La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ya regula ese tipo de acciones cometidas por Anliker y Bukele calificándolas de “fraude legal, que consiste en dar apariencia de legalidad a algo que es ilegal, eso es lo que está pasando” con el nombramiento de Anliker, manifestó el abogado constitucionalista.