La transparencia y el acceso a la información parece ser, en estos casi ochos meses, unas de las mayores debilidades del Gobierno de Nayib Bukele. Javier Castro de Fusades habló con El Diario de Hoy sobre los casos en que el Ejecutivo se ha negado en dar información a los ciudadanos mediante las oficinas de Acceso a la Información.
¿Explíquenos un poco, qué es el acceso a la información para explicarle a nuestras audiencias en qué consiste y cuáles son los derechos que tienen?
El acceso al derecho de la información pública es un derecho fundamental, reconocido así por la Constitución de la República. Este derecho tiene asidero en convenciones internacionales de derechos humanos y también en convenciones contra la corrupción que el país ha suscrito y ha venido avanzando en el mundo cada vez más. Nuestro país hace nueve años aprobó una ley de acceso a la información pública, se creó un grupo promotor de acceso a la información pública, del cual Fusades formaba parte, y se crea una buena ley de acceso a la información pública, basándose en los mejores estándares internacionales. ¿Qué es lo que buscaba una ley de esta naturaleza? Transitar de la cultura del secretismo, del oscurantismo y llegar a esa cultura de la transparencia, y del acceso a la información.
Cuando hablamos qué es ese acceso a la información, es ese derecho que me permite saber, es ese derecho que a los ciudadanos nos permite conocer cómo se administran, obtener información sobre el quehacer público, obtener información en todo aquello que tenga que ver con recursos del Estado o temas de interés público.
¿Esto lo puede hacer cualquier ciudadano?
Esto lo puede hacer cualquier ciudadano, es un derecho fundamental y hay toda una institucionalidad y mecanismos para hacer uso del acceso a la información pública y nuestra ley de acceso a la información se basa en el principio de máxima publicidad, es decir, que la regla general todo es público y solo ciertas excepciones en temas bien delimitados con base a la ley puede haber excepciones.
Claramente cuando se aprueba una ley de acceso a la información sabíamos que un primer paso se daba contando con una ley de acceso a la información, pero después venía otro paso, también más complicado, la implementación a la ley de acceso a la información por ese cambio cultural, y el camino recorrido no ha sido fácil, hubo muchos obstáculos a lo largo del tiempo, pero gracias a la sociedad Civil, a instituciones como la Sala de lo Constitucional, que lo protegieron al declararlo un derecho fundamental es que este derecho ha venido avanzando.
Pero a medida que estos derechos avanzan, siempre se encuentran retrocesos o amenazas de regresión y eso lo hemos visto a lo largo del tiempo. Por suerte hemos tenido un Instituto de Acceso a la Información que ha venido desempeñándose de forma satisfactoria, velando por el derecho a la información pública. No quiere decir que todo ha estado bien y no ha habido problema, recordemos también aquel caso sonado de los viajes del expresidente Mauricio Funes que fueron declarados en reserva y pasaron todo tipo de incidentes hasta que la Sala de lo Constitucional los obligó a que se entregara la información.
Lo que hemos visto, uno de los puntos débiles que ha tenido la implementación es la aplicación de la ley de Acceso a la Información Pública han sido los abusos en las declaratorias de las reservas de información y cuando hablamos de eso es porque no se quiere salir de esa cultura del secretismo y de la opacidad. Recordemos que la opacidad y el secreto es un caldo de cultivo para los actos de corrupción.
Porque justamente lo que permite la transparencia y el acceso a la información pública es que podamos estar monitoreando de mejor forma la actividad pública, que podamos exigir rendición de cuentas y que los ciudadanos, los medios, la academia y quien sea pueda estar atento a lo que pasa en el Estado.
Ya pasaron 7 meses y nos acercamos al octavo de este Gobierno, ¿cómo es el acceso a la información pública de este Gobierno?
Vemos algunas señales que preocupan y se ven señales de opacidad en algunos casos donde hemos visto reservas de información sin base legal, y lo hemos visto en distintos casos. En los primeros meses de este Gobierno, ojalá que esta tendencia se revierta y que haya un mayor acceso a la información pública. Hemos visto casos sonados como este viaje del director de Centros Penales y viceministro de Centros Penales, Osiris Luna, donde claramente se ha dicho que es información reservada y no se ha querido dar la información y cuando claramente es información pública.
Esto hay que decirlo, esta discusión la zanjó claramente la Sala de lo Constitucional en dos ocasiones, incluso, en la segunda ocasión señaló que los bienes de funcionarios públicos, siempre, constituyen información de interés público, y cuando se ha dicho en muchas ocasiones, cuando es financiado por un tercero que no es información pública, pues la Sala de lo Constitucional dijo y reafirmó que aun y cuando (los viajes) no sean financiados por el Estado, siempre constituye información pública porque hay un interés público de por medio.
Y en ese sentido estamos viendo un caso como ese que nos ocupa que claramente se estaba violentando la Ley de Acceso a la Información Pública de no darla, pero ahora gracias al periodismo de investigación sale a la luz la información, vemos también otros temas de tipo legal que hay que observar, por ejemplo, pueden haber violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, ojalá el Tribunal de Ética Gubernamental pueda determinar qué es lo que paso, pero pueden haber otras cosas más que habrá que ver la información y entender las implicaciones que esto tiene, por ejemplo, podría haber un conflicto de intereses si por ejemplo la empresa que había invitado al viceministro Osiris Luna quisiera participar en un proceso de licitación, ahí iría en contra de lo que establece la Lacap (Ley de Contrataciones Públicas).
El presidente de la República, ya como presidente electo aceptó viajar en un jet de una empresa a México, ¿pudo haber una violación por el hecho que ya había sido electo?
Hay que determinar, se pueden dar situaciones de conflicto de interés , se pueden dar conflicto de interés en la administración del Estado, y eso hay que tenerlo muy presente porque claramente cuando hablamos de adquisiciones de bienes y servicio por parte de la administración pública hay una serie de reglas que hay que tener presente, y en el caso de que está empresa se presente a un proceso de licitación entonces hay que tener mucho cuidado, y también pudieran presentarse otras situaciones en qué situaciones se dan estos viajes.
¿En el caso de los viajes de Osiris Luna, por qué tratar de ocultarlos?
Esa es la gran pregunta y es la gran preocupación al mismo tiempo, porque si estamos viendo que se están dando varias infracciones a distintas leyes, entonces uno se pregunta: ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto?
Entonces me parece que acá lo relevante es que la institucionalidad que tiene que ver con temas de transparencia, ética y corrupción, puedan intervenir y determinar qué es lo que está pasando alrededor de este tema. El Instituto de Acceso a la Información ha actuado muy bien, firme en defensa de la ley de Acceso a la Información, como le corresponde, y ahora veremos qué pasa, porque ya hay un inicio un proceso sancionatorio pero se mencionaba que se iba a recurrir a la justicia contencioso administrativo y eso, es un tema que de nuevo nos preocupa mucho porque claramente se ha utilizado, y eso no es solo de ahorita sino de antes, que la justicia contencioso administrativa para evadir el cumplimiento.
Un periodista de EDH hizo una investigación de los costos de construcción de un hotel en instalaciones militares y nos negaron la información, ¿cómo ve ese caso?
Claramente al ver ese caso, es otro caso que no está amparado esa reserva en la ley de Acceso a la Información Pública. Esa información que tiene que ver con los costos, con la licitación, etc, es información de carácter pública.
¿La Cámara de lo Contencioso es la nueva protección para ocultar información?
Lastimosamente para eso han ocupado a la justicia contencioso administrativa y hemos visto como en otros casos los procesos duran mucho tiempo y lo que hacen es burlar el acceso a la información, y en ese sentido esperamos que la Sala de lo Contencioso sea muy rigurosa y no se esté permitiendo que se esté vulnerando el derecho al acceso a la información pública, ni que la están usando para vulnerar el derecho al acceso de la información.
Otras de las características que debe tener el acceso a la información es que me la den de forma oportuna la información, si la información me la van a dar en tres años entonces ya me afectaron el derecho a la información
Este comportamiento de ocultar información, ¿podría afectar los indicadores de acceso a la información y anticorrupción?
Recientemente vimos el índice de corrupción para el país y vimos como seguimos reprobados y atrasados.
¿Pueden tener un impacto estos casos?
Creo que sí. Ponen a la luz pública que no hay un compromiso real con el acceso a la información pública y con la transparencia. Ahora que van pocos meses de este Gobierno, que se exprese y actúe con claridad sobre un verdadero compromiso con el acceso a la información pública y la transparencia.
¿En el caso de Osiris Luna, habrá incurrido en algún delito?
Habría que investigar, qué otras conductas ilícitas podrían estar alrededor de este tema, claramente debe abrirse un proceso, con todas las garantías que establece la Constitución y el respeto de todos los derechos.
¿Lo abarca algo en el Código Penal?
Yo creo que hay que investigar qué otras conductas o ilícitos podrían existir alrededor de este tema, claramente tiene que abrir un proceso con todas las garantías que establece la Constitución y respeto a todos los derechos, pero creo que es un tema que amerita que las autoridades, distintas que intervienen en estos temas puedan tomen las cartas en el asunto y verifiquen si se ha incumplido la ley, y qué actuaciones de han dado sobre la misma.
Hay una que es clara, hay una que es clara y es el acceso a la Información pública, porque no se ha dado la información y eso es una clara violación que se ha dado ahí a la ley de Acceso a la Información, ahora habrá que ver qué hace el Instituto de Acceso a la Información, e incluso si la misma Fiscalía pueda…
¿Debería de oficio abrir una investigación la Fiscalía General?
Yo creo que lo puede hacer, si la Fiscalía determina que hay indicios de algún ilícito penal, lo podría hacer, tiene todas las facultades.
¿De qué delitos podríamos estar hablando?
Habría que ver que delito, en el Código Penal hay una serie de delitos de corrupción, podría haber varias figuras (delictivas) alrededor de este tema. No puedo hacer una calificación porque no tengo todos los elementos, no conozco el caso más allá de lo que hemos visto en los medios y de lo que hemos visto de información, pero creo que esto amerita profundizar en la información y ver que ilícitos de pudieron haber cometido.
¿Se acerca un proceso para elegir a magistrados de la Corte de Cuentas, cómo se encuentra?
Es un elemento muy importante de cara a la lucha contra la corrupción y al uso adecuado de los fondos públicos, porque muchos de los casos de gran corrupción que han pasado en este país han pasado y los controles deben existir a nivel de la institucionalidad no han funcionado, y por eso es la crítica que se hace desde hace mucho tiempo a la Corte de Cuentas de la República de su falta de efectividad y de su falta de independencia de los partidos políticos y eso no les ha permitido desempeñarse como debe de ser.
En agosto terminan el período los actuales magistrados de la Corte de Cuentas de la República y se va abrir un proceso que se vuelve fundamental y clave en la lucha contra la corrupción, esto tendrá que comenzar un par de meses ante de agosto, por junio más o menos, y ojalá que el criterio que prevalezca en esa elección que hagan los diputados sea el de independencia e idoneidad, eso es fundamental.
El Salvador no se puede dar el lujo de tener una Corte de Cuentas politizada que no cumpla con su rol, y lo más preocupante que actúa con una excesiva discrecionalidad y con criterios políticos partidistas, y una institución de esta naturaleza debe ser un ente que se encargue de fiscalizar adecuadamente el uso de los recursos públicos.