En Nicaragua hay tantos presos políticos que sus padres y resto de familiares pudieron conformar tres organizaciones que buscan su liberación esta Navidad. Aunque a primera vista eso pareciera símbolo de desunión, en realidad están más coordinados que nunca, conscientes de que tienen que bregar juntos, si quieren saborear la cena navideña con sus hijos.
En reacción a las protestas en contra del Gobierno de Nicaragua, el régimen respondió disparando en contra de los ciudadanos (diversas organizaciones de derechos humanos reportan entre 328 y más de 600 muertos, así como unos 2,000 heridos), y arrestando a cuantos pudo.
El resultado de esa política es que llegó a haber más de 700 prisioneros políticos judicializados, y un número mucho mayor de ciudadanos a los que la Policía, o paramilitares actuando a su servicio, secuestra por horas, y devuelve a sus hogares uno o varios días después, golpeados y amenazados.
“En Nicaragua ha habido miles de presos políticos. Todos los días se secuestra personas”, aseguró Ana Margarita Vijil, lideresa opositora.
“El promedio de detenciones ilegales es de seis al día. De momento, están en la cárcel, judicializados, casi 160 presos políticos. ¿Por qué la diferencia? Porque el patrón de comportamiento este año ha sido que te secuestran por unos días o por unas horas, te golpean, amenazan y te sueltan sin judicializarte, pero la situación de detenciones ilegales, es grave”, añadió.
Las capturas ocurren en los escenarios más disímiles: en los tranques que la gente levantó para que los paramilitares no entraran a matarlos; después, en sus propias casas; en los puntos ciegos por donde trataban de huir del país hacia Honduras o Costa Rica; en los alrededores de las iglesias; en los cementerios (el Día de los Muertos), y hasta en el aeropuerto internacional.
“Los familiares de los presos políticos están organizados en la Asociación de Padres de Presos Políticos, el Comité de Padres de Presos Políticos y los ‘Aguadores’, que actúan de forma coordinada a través de una Comisión Conjunta, y comenzaron a proyectar internacionalmente su demanda de Navidad sin presos políticos”, relató un profesional que trabaja con ellos, y accedió a hablar con El Diario de Hoy, a condición de mantener su nombre en el anonimato.
‘El infiernillo’
En los últimos 18 meses, las cárceles nicaragüenses se han llenado de ciudadanos cuyo “crimen” fue lanzar globos (o papelillo, en algunos casos) de colores azul y blanco, o por portar una bandera del país, o carteles reclamando la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
“El monitoreo Azul y Blanco mostró un punto de inflexión con la renuncia de Evo Morales en Bolivia. A partir de ese día, ha habido un incremento sustancial de las detenciones arbitrarias, como de los hostigamientos y allanamientos, que demuestran una vez más, el componente de miedo de Daniel Ortega a su inevitable salida”, dijo a este Diario la lideresa Vijil.
“Las capturas responden a ese miedo, porque sabe que no lo queremos en la presidencia, que él está solo, así que ordena capturas de forma indiscriminada, aunque también hay un proceso selectivo de hostigamiento y represión, por ejemplo, en contra de los excarcelados”, dijo la también integrante del citado “monitoreo Azul y Blanco”.
Los relatos de los reos liberados refieren condiciones de encierro cercanas a la tortura: ubicación en celdas pequeñas, donde la falta de iluminación solar impide saber qué hora es, y cuya infraestructura está diseñada para retener e irradiar calor hacia dentro, al punto que los nicaragüenses ahora saben que existe un lugar llamado “el infiernillo”, construido y mantenido con dinero público.
Su calvario no termina cuando finalmente los envían a sus casas, advertidos de que “dejen de estar jodiendo” (o sea, ejerciendo su derecho constitucional a la protesta), y que agradezcan que “el comandante (en referencia a Daniel Ortega), los quiso liberar”.
Una vez en sus hogares, a la mayoría le ha tocado vivir la desagradable experiencia de tener una patrulla policial frente a su casa. La mayor parte de las veces, como una forma de intimidación constante, como ocurrió al catedrático Ricardo Baltodano, o a los estudiantes universitarios Allan Gómez, de Managua, y Nahiroby Olivas, de León, entre muchos más.
A futuro, una de las opciones que todos refieren, es que lo más probables es que la salida de los suyos ocurra como parte de algún acuerdo con Ortega, convencidos como están, de que “viene una nueva fase de negociación y el régimen quiere tener las bases llenas para usarlos como moneda de cambio”, tal como asegura el ciudadano belga Federico Coppens, cuya hija universitaria, Amaya, guarda prisión por llevar agua a unas madres en huelga de hambre.