Un grupo de 16 opositores arrestados en noviembre pasado en Nicaragua mientras intentaban dar agua a nueve mujeres en huelga de hambre fueron excarcelados la madrugada de ayer de manera sorpresiva.
Entre los disidentes excarcelados se encuentra la estudiante de doble nacionalidad belga y nicaragüense Amaya Coppens, cuyo caso ha sido discutido en el Parlamento Europeo.
Los disidentes, autodenominados “la banda de los aguadores”, fueron enviados a sus casas junto con otros opositores que llevaban meses o incluso más de un año en prisión, como el caso de Pedro Gutiérrez.
La cantidad de “presos políticos” excarcelados todavía es incierta. Gutiérrez afirmó que son 48, mientras que una lista preliminar elaborada por grupos opositores menciona 32. Hay medios en Nicaragua que hablan hasta de 91 presos liberados ayer.
La excarcelación de los “presos políticos” fue confirmada por los propios reos, así como por varios integrantes de la opositora Alianza Cívica Azul y Blanco.
“¡Salimos, lo logramos! Había gente de La Modelo y de otros centros penitenciarios, no estamos seguros quiénes, pero los 16 de ‘El Chipote’ vamos para nuestras casas, corran a recibir a sus familias. ¡Libertad para Nicaragua!”, dijo Olga Valle, tras ser excarcelada.
La “banda de los aguadores” fue arrestada cuando intentaban donar agua a nueve mujeres que hacían huelga de hambre por la libertad de los “presos políticos”, a quienes la Policía mantenía sitiadas en una parroquia para evitar ayuda humanitaria, luego de que el Gobierno cortó el suministro de energía y agua.
Las razones de la excarcelación no han sido divulgadas.
Aunque diversos grupos opositores mantienen campañas constantes en demanda de la liberación de los “presos políticos”, la excarcelación de esta madrugada fue sorpresiva.
Una fuente cercana a “la banda de los aguadores” afirmó a Efe que existían conversaciones entre el nuncio apostólico en Nicaragua Waldemar Stanislaw Sommertag y el Gobierno para lograr una visita especial a “presos políticos” los días 30 y 31 de diciembre, pero no tenía conocimiento de la excarcelación.
Hasta ayer la oposición contaba 148 “presos políticos” en las cárceles de Nicaragua, más otras 82 personas de las que no se tiene noticias desde que fueron capturadas por policías y paramilitares, aparte de 7 desaparecidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala al Gobierno de Daniel Ortega como responsable de la violencia, ha indicado que al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis que inició en abril de 2018. Organismos locales cuentan hasta 651. El Gobierno admite 200.
Año nuevo incierto
Veinte meses y medio de crisis no han convencido al Gobierno de Nicaragua de adelantar las elecciones de 2021, y si nada cambia, el país tendrá en 2020 un año preelectoral con una incertidumbre llamada Daniel Ortega.
El presidente nicaragüense es la gran incertidumbre porque si bien se ha descartado renunciar para solucionar la crisis, como le ha sido recomendado, sus métodos policiales para mantenerse en el poder le generan una presión que hace insostenible su mandato.
Aunque Ortega descarta la alternativa de adelantar las elecciones, existen acciones que parecen tener la capacidad de acelerar el proceso.
Entre ellas están las manifestaciones permanentes a pesar del veto a toda protesta contra Ortega, el fracaso de su modelo económico, denuncias de violaciones a los derechos humanos, y especialmente las sanciones económicas contra sus familiares y allegados.
Incluso si Ortega extiende su mandato hasta 2021, existe un rechazo generalizado a unas elecciones con las mismas autoridades que se han mantenido en el poder por casi 13 años.
Organizaciones como la Unidad Nacional Azul y Blanco o la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que han propuesto reformas electorales con nuevos árbitros, sostienen que los sufragios ideales serían unos sin Ortega en la Presidencia y sin derecho a reelección.
Otros movimientos como la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, consideran que el gobernante debe renunciar de inmediato, para no contaminar los comicios electorales.