Ocho organismos de la sociedad civil exigen al Gobierno que se someta a los controles que autoridades de instituciones del Estado ejercen sobre el Ejecutivo, entre estos la fiscalización de fondos públicos, un pronunciamiento que hacen luego de que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentara una denuncia contra el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roberto Anzora.
Acción Ciudadana, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Transparencia Internacional, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), a través de un comunicado, se pronunciaron ante las acciones del Ejecutivo en contra de instituciones del Estado.
Acción Ciudadana, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Transparencia Internacional, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), a través de un comunicado, se pronunciaron ante las acciones del Ejecutivo en contra de instituciones del Estado.
Exigen el cese a las acciones de obstaculizar el ejercicio de las funciones de la CCR, la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
“La Corte de Cuentas de la República también ha sido objeto de obstáculos en fiscalizaciones tales como las de las donaciones recibidas durante la pandemia, y las del manejo de $450 millones para la entrega de un subsidio de $300 a hogares vulnerables”, exponen.
Las organizaciones manifiestan que, de forma sistemática, el Gobierno ha estado obstaculizando las funciones de las entidades que ejercen control en el país.
“Las recientes acciones realizadas por el Ministerio de Hacienda en contra del presidente de la Corte de Cuentas se desarrollan en el marco de este ataque sistemático del Órgano Ejecutivo a las instituciones de control”, sostienen los organismos en el comunicado.
Añaden que la Corte de Cuentas está realizando esfuerzos para cumplir sus funciones de fiscalización de la hacienda pública, y de la ejecución del presupuesto general de la nación.
“Instamos a la Corte de Cuentas a que continúe ejerciendo sus funciones de fiscalización utilizando todas las herramientas que le otorga la ley, asistiéndose de las demás instituciones del Estado”, manifiestan los organismos.
Hacen también un llamado a la población y a la comunidad internacional, a que se mantengan alertas para exigir que las instituciones del Estado puedan realizar un combate efectivo contra la corrupción.
La denuncia del presidente de la CCR fue puesta por Zelaya ante la Fiscalía, el pasado viernes, donde puso un aviso penal, porque a juicio del ministro de Hacienda Anzora faltó al Código Penal y a la ética, además de adelantar criterio cuando reveló que el Gobierno sí tuvo dinero para pagar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador (Fodes) a las alcaldías.
Anzora dijo en esa ocasión que Hacienda también tuvo ingresos para pagar el salario a los trabajadores de la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial.