Una Misión Especial de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó El Salvador a mediados de febrero, a petición de Nayib Bukele y de la anterior Asamblea, quienes buscaban que la entidad hemisférica evaluara la situación política del país.
La Misión concluyó, luego de cinco días en el país y de dos días de encuentros virtuales, que El Salvador atravesaba una “situación muy grave democráticamente”, la cual merecía ser conocida por la comunidad internacional. Y el contexto más próximo tras esta declaración fue que el país mostraba limitaciones de derechos constitucionales y falta de diálogo entre poderes.
“Preocupa gravemente, a la Misión Especial, que el titular del Ejecutivo (Bukele) haya llamado genocidas a quienes integran la Sala de lo Constitucional”, reza el informe. Bukele llamó de esa forma a los magistrados y a la Asamblea en junio de 2020, porque le “bloquearon herramientas” para combatir la pandemia del COVID-19, entre las que se estaban limitar la libre circulación a riesgo de detención.
Esto, pues la Sala y la Asamblea rechazaban que el Ejecutivo se extralimitara y suspendiera derechos fundamentales por decreto.
La OEA recomendó al gobierno de Bukele y a la Asamblea actuar en “estricto apego” de sus competencias. Asimismo adoptar medidas encaminadas a garantizar la democracia y la protección de los derechos humanos.
La Misión halló, además, restricciones a la libre expresión y el cierre de espacios para el debate. La prensa ha sido blanco de señalamientos del Ejecutivo desde 2019, mismos que se agudizaron con la pandemia.
No obstante, dos meses después de la visita, la nueva Asamblea Legislativa, que vota al unísono por los intereses del Ejecutivo, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General.
Por esa decisión recibieron la condena no solo de la OEA, quien ya había advertido la grave situación democrática, sino de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y múltiples gobiernos de todo el mundo, incluyendo EE. UU., principal socio de El Salvador.
Para hacer el informe, la OEA escuchó las voces del gobierno, a través del presidente y la canciller Alexandra Hill. Además, conoció el punto de vista de la anterior Asamblea, del expresidente de la Corte Suprema, de representantes de organizaciones, universidades y de periodistas. “La Misión cumplió el objetivo de desarrollar una agenda incluyente y diversa; se reunió y entrevistó a diversos actores políticos y sociales para recolectar sus demandas”, expresa en el informe.
La visita de la OEA se dio en un contexto en el que Bukele pidió apoyo a la organización luego de que se conociera públicamente iniciativas de algunos diputados que buscaban inhabilitarlo como presidente, argumentos basados en que el mandatario era “incapaz mentalmente” para gobernar.
La OEA vino al país el 14 de febrero de este año y presentó el informe el 19 de abril, dos semanas antes del golpe a la Constitución. Una de sus recomendaciones estuvo enfocada a la independencia de poderes, en especial del Órgano Judicial. “La Misión Especial recuerda que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado, y que la garantía de la independencia de las y los jueces es uno de los objetivos que tiene la separación de los poderes”.
La recomendación fue ignorada por el Ejecutivo quien lideró luego un golpe al órgano Judicial, lo celebró y justificó ante embajadores y jefes de misiones internacionales que era necesario para “limpiar la casa”.
Tan solo dos semanas después del informe, ante el golpe del oficialismo, el secretario de la OEA, Luis Almagro, condenó “las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron esas acciones” que socavan la democracia.