Un perito financiero declaró este viernes en el juicio contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández que no encontró documentación que justificara el destino de $208,000 de las tiendas institucionales para gastos de inteligencia en las administraciones de los dos procesados.
El técnico recordó que los manuales de administración de las tiendas institucionales en las penitenciarías establecen que las utilidades o ganancias de las mismas deben de ser invertidas en programas sociales a favor de la población reclusa y mejoras en la infraestructura de los reclusorios.
"No encontré documentación que demostrara que ese dinero de los gastos de inteligencia serviría para mejorarles las condiciones a la población reclusa", dijo el perito ante los jueces del tribunal Quinto de Sentencia.
Aseguró que encontró varios cheques a favor de unos seis supuestos empleados de Centros Penales que recibieron parte de ese dinero, pero dijo desconocer el destino del mismo.
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Antes de que se iniciara el juicio, uno de los fiscales aseguró que los dos exfuncionarios "utilizaron fondos de las tiendas institucionales fuera de lo que la ley les permitía".
Agregó que se ha logrado acreditar el desvío de $208,000 en gastos de inteligencia por parte de Rauda y Hernández, pero que estos fondos no estaban respaldados por la ley que regula a las tiendas institucionales.
La Fiscalía acusa a Hernández de haber administrado de manera fraudulenta $121,238.00; mientras que a Rauda le atribuye la administración ilegal de $87,154.00
El perito financiero fue uno de los seis testigos de cargo que presentó la Fiscalía General contra los dos exfuncionarios penitenciarios. Otros de los testigos de la Fiscalía fueron los exministros de Seguridad Pública, David Munguía Payés y Benito Lara.
Ellos confirmaron que la Dirección de Centros Penales enviaba dinero de las tiendas institucionales al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para labores de inteligencia y contra inteligencia, según fuentes judiciales.
"La Fiscalía pretendía con ellos establecer que habían fondos de las tiendas institucionales que son privados. Ahora ellos quieren probar que son privados porque están acusando de administración fraudulenta, cosa más paradójica. Y en el caso de la tregua cundo acusaron a Nelson Rauda dijeron que eran fondos públicos y por eso le metieron actos arbitrarios y aquí ya son fondos privados, es una contradicción", dijo Manuel Chacón, defensor de los exfuncionarios acusados.
Agregó que también querían establecer que habían gastos de inteligencia que "son fondos especiales que tienen estas instituciones que manejan situaciones de riesgo para poder encontrar posibles amenazas en contra de la población reclusa, en contra de las autoridades o en contra de la población civil".
Chacón aseguró que las declaraciones de Munguía Payés y de Lara fueron de carácter ilustrativas "no fueron de señalamientos, sino más bien de orientación como se manejaban las cosas, quienes estaban en tal fecha, no fue una cuestión de imputación, de señalamiento simplemente fue ilustrativo".
Los abogados defensores ofrecieron las declaraciones de cuatro testigos de descargo a favor de los dos exfuncionarios penitenciarios.
Este es el segundo juicio contra Rauda y Hernández, ya que en el primero fueron exonerados de cargos por el tribunal Cuarto de Sentencia. Fiscalía pidió la nulidad del fallo y la Cámara Primera de lo Penal le dio la razón y ordenó que se repitiera el juicio.
Para este segundo juicio, que se espera termine este viernes, fue designado el tribunal Quinto de Sentencia.
Durante el desarrollo de la audiencia, la @FGR_SV expondrá la prueba obtenida durante la investigación, para lograr obtener un fallo condenatorio en contra de los exfuncionarios. pic.twitter.com/RGSY38aqwP
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 9, 2021