Ministerio reduce en un 40% las implementadoras de educación flexible

La ministra Carla de Varela afirmó que obedece a un proceso de reorganización que no implica cierre de sedes, pero tutores confirmaron que en algunas se restringió el nuevo ingreso.

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Foto EDH / Yessica Hompanera

Por Susana Joma

2020-01-19 11:00:18

La apuesta que el Ministerio de Educación (Mined) hizo este año de reducir el número de organizaciones y universidades que ejecutan el programa de Modalidades Flexibles de Educación, como lo informó de forma reiterada la ministra Carla Evelyn Hananía de Varela en las últimas dos semanas, ha generado descontento e incertidumbre entre tutores y alumnos de ese sistema.

Modalidades Flexibles, es una alternativa educativa que nació en 2005 en el marco del Plan Nacional de Educación 2021, con el fin de que jóvenes y adultos que por alguna razón no habían concluido la Educación Básica o Media pudieran retomar y concluir sus estudios para poder mejorar sus condiciones de vida. Este se conoció por mucho tiempo como EDÚCAME.

El pasado 15 de enero cuando se le consultó a la ministra Hananía de Varela cuántas implementadoras quedan apoyando al Mined, se limitó a decir que en ese momento no podía decir la cantidad “pero digamos que hemos rebajado alrededor del 40 %”, sin definir una cantidad.

La funcionaria argumentó, en esa y anteriores oportunidades, que redujeron el número de operadoras del programa por varias razones: “primero que el Ministerio de Educación no estaba reteniendo capacidades”, que se dieron cuenta de que muchas de estas organizaciones e instituciones habían sido organizadas para dar empleos, y porque también la cartera de Estado decidió que ahora trabajará con ellas bajo la figura de asocio, en la que las dos partes aportan en forma solidaria.

“Entonces las implementadoras que han quedado y el ministerio nos estamos reorganizando para retomar los cupos de modalidades flexibles y que ningún alumno se quede fuera”, aseguró.

Para este año el programa tendrá 428 sedes, según reportes oficiales.

Hananía de Varela afirmó que el año pasado se atendió a un total de 45,000 estudiantes bajo esta modalidad de enseñanza que oferta clases sábados y domingos en forma semipresencial, acelerada y bachillerato virtual; este año sus expectativas son superar esa cifra considerando que se sumen personas retornadas de Estados Unidos.

Datos que el Instituto de Modalidades Flexibles proveyó a este matutino en febrero de 2017 mostraron que en los últimos años el programa ha tenido una reducción de presupuesto, dado que en 2105 éste fue de $9,367,978.55; en 2016 contó con $9,277,185.20; mientras para febrero de 2018 Angélica Paniagua, la anterior directora del programa, reportó que ese año les asignaron solo $3,816,980.

Según las declaraciones brindadas por la ministra el pasado 18 de enero, en el marco de inaugurar el año lectivo de esta modalidad, el fondo asignado al programa para este 2020 es aún menor porque en sus palabras “anda por los $3.4 millones con posibilidad de aumentar”.

Limitan matrícula

Pese a que la titular insiste en que el cambio con las organizaciones e instituciones que aplican EDÚCAME no afectará el programa, la semana anterior varios tutores, de distintos puntos del país, aseguraron que como resultado del recorte de implementadoras en algunos centros que en los últimos años han funcionando como sedes, dejaron de matricular específicamente de nuevo ingreso.

Un docente que por temor a represalias pidió guardar su identidad, explicó que en el Centro Escolar República Federada Centroamericana de Metapán, en donde funciona una sede les pidieron que dejaran de matricular estudiantes para cubrir secciones de primer año de bachillerato y que solo recibieran alumnos para las de segundo año.

Expresó que esa sede estaba bajo la administración de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) y “según rumores nos va a absorber Ágape, la implementadora de Sonsonate”.

“El problema es que quedan aproximadamente más de 75 jóvenes que planeaban entrar a primer año a esa sede, porque por lo general hacemos tres secciones de 25 estudiantes”, agregó el tutor.

El profesor precisó que esos escolares que no inscribieron se van a quedar sin poder estudiar porque otra sede que funciona en la zona ya está saturada, al igual que lo está el Instituto Nacional de Metapán que atiende el sistema regular.

Otra docente que labora para el programa Modalidades Flexibles de la zona occidental confirmó que en Santa Ana y la parte norte de Ahuachapán hay un gran número de sedes que eran manejadas por la UNICAES y que se han visto también en esta situación complicada.

Foto EDH / Cortesía

“Le quitaron el proyecto a la UNICAES y nos dejaron en el aire sin decir nada más, eso fue en diciembre del año pasado”, dijo.

La maestra, quien trabaja en esa modalidad desde su creación, dijo que en 2005 entraron al proceso de libre selección que salió en el periódico, luego los capacitaron y la universidad en mención comenzó a tomar la gente que llenaba el perfil que querían, luego arrancó en 2006 hasta la fecha.

“La Universidad había trabajado control de calidad con, supervisiones cada semana; nos grababan con video (para ver) cómo dábamos las clases, era un control bien estricto”, recordó. Y es que eso es parte de los mecanismos que el Mined estableció a las operadoras del programa desde su fundación.

La misma situación de restricción de matrícula se vivió en la sede del Centro Escolar Casto Valladares de San Juan Opico y otra del Instituto Nacional de San Pablo Tacachico, en donde atendiendo las modificaciones del Ministerio de Educación a los tutores les indicaron que solo recibieran a los estudiantes que iban para segundo año de bachillerato, informó otro docente que accedió a hablar siempre bajo reserva de su nombre.

“Yo el domingo devolví como 71 expedientes (de estudiantes de primer año de bachillerato) en Opico”, indicó el docente, tras comentar que la encargada de sedes en esa zona ha sido la Universidad Francisco Gavidia (UFG).

“El problema principal radica en que ahí se atendía estudiantes de escasos recursos que venían de zonas altamente peligrosas, vulnerables, muy lejanas, y personas que no tienen los recursos para asistir todos los días a la escuela”, señaló.

“La implementadora sigue, pero les han reducido. Tenía 19 sedes y sé que han cerrado 7 automáticamente. Ahora quedan creo que con 12 sedes ahí, digamos como la mitad de lo que estábamos. Y sé de otra implementadora que las cerraron totalmente”, agregó el tutor.

Cierre de opción laboral

Los tres docentes precisaron que estos cambios igual afectan a muchos de ellos porque al cerrar secciones y sedes dejan de percibir dinero que ya tenían presupuestado para cubrir compromisos familiares.

El golpe, de acuerdo a lo que exponen, sería mayor para aquellos tutores que al no haber podido acceder a una plaza en el sistema público se ubicaron en el programa y esa es su única fuente de ingreso.

“No me lo está preguntando pero a estas alturas ya tengo 17 años queriendo optar por una plaza y siempre que voy a dejar papeles para (aplicar a un) interinato la burla (que nos hacen) es el interino ya está trabajando, se los vamos a agarrar por salir del compromiso”, comentó uno de los afectados.

Manuel Molina, dirigente del Movimiento Magisterial y quien laboró como tutor durante algunos años, se mostró consternado por la constante reducción de presupuesto del programa y la consiguiente situación en que quedan docentes y estudiantes.

“La preocupación es muy grande porque hay tutores que no tienen plaza ni interinatos en el sistema regular, sino que sus únicas entradas son eso: trabajar los sábados y domingos para poder sostener a su familia”, subrayó.

Con respecto a la situación de los profesores Molina dijo que espera que el Mined absorba a los que quedan sin secciones.

Aseveró que la información que hasta el momento le han girado fuentes cercanas al ministerio es que los planes de las actuales autoridades pasan por sacar también de la lista de implementadoras a organizaciones como la Asociación de Educación Popular (CIAZO) y la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), a las que se consideraba habían sido más favorecidas en las dos anteriores gestiones de gobierno. Sin embargo, señaló que al mismo tiempo la institución está en negociaciones con otras.

El dirigente sindical indicó, hasta finales de diciembre pasado Educación no había terminado de definir qué operadoras del servicio educativo iban a quedar porque a algunas les había reducido los porcentajes de fondos que les asignan y la carga (sedes) asignadas.

En medio de esta situación cuestionó el hecho de que la cartera de Estado no termine de dejar claro qué rumbo dará al programa, porque incluso se ha escuchado que pedirá apoyo de las alcaldías.

Consultado sobre el tema, Paz Zetino Gutiérrez, dirigente de la gremial Bases Magisteriales, señaló que el programa también ha tenido un desgaste natural y una reducción de población en algunas zonas, por lo cual considera que Educación está “en la obligación de hacer las adecuaciones necesarias, sin dejar de prestar el servicio y reducir los costos”.

Foto EDH / Yessica Hompanera