El centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Alac) denunció este lunes al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Pablo Salvador Anliker, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por reservar información pública relacionada con compras realizadas durante la pandemia COVID-19.
Alac señala que Anliker cometió la infracción grave establecida en el literal e) del artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que consiste en invocar como reservada información que debe ser publica según lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
“Dicha conducta obedece a que el servidor publico denunciado, en acto administrativo de reserva decidió lo siguiente: expediente examen especial al MAG proceso de Adquisiciones, distribución y liquidación de la ayuda alimentaria para familias en situación de vulnerabilidad afectadas por el COVID-19”, detalla la denuncia.
El titular del MAG, Salvador Anliker, ordenó colocar el 26 de mayo del 2020 ese acuerdo de reserva por un periodo de dos años, es decir que estará disponible hasta mayo del 2022, según el portal de transparencia de la institución.
En la denuncia se menciona que esta reserva de información contiene la metodología, los insumos, los medios y los mecanismos de como el Ministerio de Agricultura y Ganadería distribuyó los paquetes alimentarios derivados de la instrucción emitida por el Presidente de la República.
Gobierno restringe información
A juicio del coordinador de ALAC, Wilson Sandoval, “esto obedece a un patrón de resistencia que hemos venido observando desde la pandemia con respecto al gobierno, que restringen o limitan información que pueda servir para fiscalizar como se están utilizando los fondos del presupuesto”.
Anliker es uno de los funcionarios que más ha rehusado rendir cuentas ante la Asamblea sobre el uso de fondos de emergencia.
Sandoval añade que “esta información tiene la característica que según la LAIP, debe estar disponible de oficio para la ciudadanía, de hecho, ni siquiera debería estar siendo solicitada por los ciudadanos. En ese sentido Alac decide poner la denuncia para que el instituto determine si esta procede”.