Mil muertos, 400 restos exhumados, caseríos completamente quemados. Ese fue el rastro que dejó hace 39 años el paso del ejército en La Joya, Cerro Pando, Los Toriles, Jocote Amarillo, Ranchería, Cerro Ortiz y El Mozote entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, según los testimonios que dieron testigos y sobrevivientes ante la CIDH y, más recientemente, ante el juzgado de San Francisco Gotera en Morazán.
“Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado”. Con este fragmento del Apocalipsis, en una sencilla celebración de la Palabra, el padre Rogelio Poncel acompañó ayer, como lo ha hecho desde la década de los 80, a los familiares de las víctimas y sobrevivientes de las masacres ocurridas.
Mientras Poncel proclamaba la Palabra, ofrendas florales eran colocadas en el monumento que está en la plaza central de El Mozote, como parte del acto conmemorativo del 39 aniversario de la masacre.
Tras las ofrendas florales, un grupo de familiares de víctimas y sobrevivientes lanzaron al aire un rosario formado por globos.
Mientras tanto, el padre Poncel reconocía que muchos de los presentes podían albergar un sentimiento de frustración ante la falta de avances en la búsqueda de la verdad y la negativa de acceso a los archivos por parte del gobierno central. Por ello sugería: “¿No sería el momento de pensar colocar en el camino un gesto contundente de perdón, que podría sacudir el camino y que podría sacudir sobre todo las mentes de los victimarios. De esta manera, podríamos ir avanzando, poco a poco, a conquistar la reconciliación”.
El caso llegará a sentencia, según litigante
Por su parte, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, dijo que dicha institución “siempre estará del lado de las víctimas”, aunque esto le genere ataques y ofensas.
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Reiteró que la masacre dejó casi 1,000 víctimas, que ha sido comprobada con la exhumación de 400 osamentas y que buena parte de estas corresponden a menores de edad.
David Morales, litigante del caso por parte de Cristosal, advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha programado una audiencia para el 4 de marzo, en la que el Estado salvadoreño deberá explicar porqué ha negado el acceso al los archivos militares al juez de San Francisco Gotera.
El abogado y exprocurador de Derechos Humanos considera que la masacre ha sido suficientemente comprobada y que es muy probable que llegue a haber una sentencia el próximo año.
En el acto, además de otros defensores de derechos humanos, participaron la coordinadora residente del sistema de las de las Naciones Unidas, Birgit Gerstenberg, y el representante de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Bassols, así como los embajadores de España, Italia y Francia.