La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, instó ayer al Estado salvadoreño a cumplir a cabalidad con la sentencia que obliga al gobierno a facilitar todos los recursos para investigar y esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Masacre de El Mozote, y otros cantones de Arambala, Morazán, en diciembre de 1981, por elementos de la Fuerza Armada.
La larga audiencia realizada de forma virtual desde la sede en San José Costa Rica contó con la participación de todas las partes y ofreció oportunidad tanto a los representantes de las víctimas como a la representación gubernamental para plantear sus argumentos sobre el caso.
Para el juez Humberto Sierra, de la CIDH, quien realizó una visita in situ al país hace un par de años para verificar el avance en las investigaciones y el cumplimiento de la sentencia emitida en 2012, observó con mucha contundencia la falta de justicia hasta la fecha y las trabas para llevar adelante la sentencia que es de carácter vinculante para El Salvador; es decir de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño, como signatario de los acuerdos internacionales en materia de justicia y respeto a derechos humanos.
El juez Sierra cuestionó a los representes del gobierno de Bukele encabezados por Gloria Martínez, funcionaria de la Cancillería y otros delegados, sobre los argumentos utilizados para impedir que el juez de la causa, Jorge Guzmán, tenga acceso a los archivos militares del conflicto armado.
El juez dijo que le gustaría escuchar a la representación de las víctimas a cargo de la Camila Ormar y Gisela de León, por parte de CEJIL; a Wilfredo Medrano, de Tutela Legal, Oscar Tobar Claros, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote, en cuanto a las expectativas de justicia en este caso, pues queda claro que se ha llegado a un entrampamiento en las investigaciones con la veda puesta por el gobierno a revisar los archivos militares, bajo el argumento de que se trata de información clasificada por seguridad nacional, aunque data de hace cuatro décadas.
“Me llama la atención por qué no va ser revelada una información cuando se trata de esclarecer un hecho que tiene que ser un borrón y debe ser una mácula para el funcionamiento del estado en su conjunto y particularmente de las Fuerzas Armadas, no me cabe en la cabeza que las fuerzas armadas, consideren una afrenta investigar y tratar de excluir dentro de su historia un hecho como este (masacre de cerca de mil civiles la mayoría mujeres y niños cometida por el Batallón Atlacatl). ¿Es esa la percepción que puede darse y la Fuerza Armada considera una afrenta la investigación y revelación de la información?”, cuestionó el juez Sierra a los delegados de Bukele.
Por su parte los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, invitados para participar en la audiencia matizaron también que hasta la fecha las acciones que el Ejecutivo dice que cumplen la sentencia no son las de fondo ordenadas por la Corte Interamericana, como hacer justicia a las víctimas y esclarecer los hechos.
El gobierno por su parte defendió que como parte del mandato de la CIDH ha pavimentado las calles de los cantones el Mozote y otros de la zona, se ha reparado la escuela y ha mejorado la Unidad de Salud del municipio, además de mantener un diálogo con la comunidad y familiares de los sobrevivientes.
Un punto que el representante de las víctimas de El Mozote, Oscar Tobar Claros, desmintió durante su intervención en la audiencia, y dejó claro que como familiares peticionarios de justicia, lo que han recibido son afrentas del gobierno en turno que les acusa de querer sacar raja política, cuando lo único que buscan es esclarecer los hechos y hacer justicia por sus familiares asesinados por fuerzas del Estado.
En sus observaciones sobre el proceso la comisionada Antonia Urrejola, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, dijo que a la fecha, después de ocho años de sentencia de la Corte Interamericana que dirime sobre graves violaciones a derechos humanos en el hemisferio, el cumplimiento de la sentencia dista mucho del mandato de estricto cumplimiento para el Estado salvadoreño.
“La CIDH manifiesta su profunda preocupación porque habiendo transcurrido más de 39 años de la ejecución de tan terrible masacre, los crímenes permanecen en la impunidad, en la sentencia la Corte en 2012 obligó a El Salvador, cito: ‘a iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir según corresponda con la mayor diligencia las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones’; eso fue en 2012, en 2016 la investigación fue reabierta y desde esa fecha ocho años desde la sentencia de la Corte Interamericana, y cuatro años de abierta la investigación penal, a pesar de las diligencias dictadas por el juez del proceso (Jorge Guzmán) esta se encuentra aún en fase de instrucción”, matizó la comisionada Urrejola.
Trabas internas y pérdida de pruebas
Sobre el proceso interno para esclarecer estos hechos calificados como crímenes de lesa humanidad, acoplados al esquema de justicia y memoria histórica, las partes locales expusieron ante los jueces sus valoraciones sobre el proceso judicial y las trabas mismas que conlleva que impiden deducir responsabilidades sobre los implicados.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, consideró que en el ámbito interno el caso tiene sus complicaciones cuando incluso instancias como la Fiscalía General de la República se han sumado a ralentizar y obstaculizar el avance de las investigaciones.
El procurador Tobar señalo que si bien la Corte Suprema de Justicia, ha provisto del nombramiento de carácter temporal de dos asistentes para el juez Guzmán, estos nombramientos deberían ser de carácter permanente, además pidió que se nombre un co-juez para quitarle presión a la carga laboral del juez Guzmán y que este pueda avanzar las diligencias sobre la masacre.
“En cuanto a Fiscalía coincidimos con las víctimas que no ha habido una actitud pro-activa para avanzar en el proceso de investigación y acceso a la justicia; advertimos que por parte de la Fiscalía ha habido negativas a que se reciban algunos peritajes o que se admitan pruebas en el proceso, e incluso se ha presentado últimamente una recusación en contra del juez que al final eso puede generar afectación”, acotó Tobar.
El juez del caso Jorge Guzmán, del juzgado de San Francisco Gotera, explico además que el gobierno y Fuerza Armada siguen mandando legajos de documentos, pero nada valiosos.