Como parte del pliego de reformas que analizan los diputados, de cara al proceso electoral que se avecina en 2021, ayer aprobaron la actualización de multas para empleados de alcaldías, Tribunales de justicia, del Registro de Personas Naturales y del Tribunal Supremo Electoral, encargados de registrar actas de defunción y sentencias penales, para depurar el padrón electoral para las próximas elecciones legislativas, municipales y del Parlamento Centroamericano.
La reforma establece multas de un salario mínimo del sector comercio e industria ($300) por cada infracción del funcionario.
La propuesta de reforma del TSE era elevar las multas para este tipo de empleados hasta $5,714, por infracción, sin embargo los parlamentarios consideraron onerosa dicha cantidad, tomando en cuenta los niveles salariales para este tipo de funcionarios.
Con la actualización de las multas, se busca eliminar del padrón electoral cerca de medio millón de fallecidos y personas que purgan penas y que aún aparecen en esta base de ciudadanos.
La sanción establece que por cada infracción de funcionario que no remita la información pertinente dentro del plazo que se establece, de 15 días, será acreedor a la multa de $300.
Según el diputado René Portillo Cuadra, del partido ARENA, un funcionario podría ser sancionado más de una vez, se le acumulará el saldo de las sanciones y que considera que esta es la única forma que existe para depurar el registro.
El establecimiento de las multas entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2020 para darles un espacio de dos meses a las instituciones para actualizar sus datos.
Los diputados aún tienen pendientes las reformas electorales relacionadas con agregar la fotografía de los candidatos a alcalde en la papeleta de votación, la modalidad de votación para el voto desde el exterior para legislativas y de concejos municipales, así como la tecnología a emplear para ello.