La mayoría de quienes residen en ciudades agrícolas guatemaltecas como San Martín Jilotepeque tienen algún pariente que vive en Estados Unidos, por lo que sienten empatía con la difícil situación de los migrantes. Pero desde que el gobierno firmó un acuerdo de “tercer país seguro” con Washington temen una afluencia de salvadoreños y nicaragüenses. El miedo a un aluvión de migrantes, la pobreza y la corrupción son el telón de fondo de la segunda vuelta presidencial que genera poco entusiasmo entre la población.
Este domingo los guatemaltecos deberán elegir presidente entre el médico Alejandro Giammattei, del partido de centroderecha Vamos, y la empresaria y ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) -con una conservadora postura respecto del aborto y el matrimonio igualitario- tras una sucesión de mandatarios acusados de corrupción y la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano de la ONU.
Candidatos avalan el fin de la Cicig
Ambos candidatos presidenciales están de acuerdo con el fin del mandato de la Cicig, que en 12 años acusó a más de 600 personas, logró más de 300 condenas y desbarató 60 estructuras del crimen organizado.
Torres, que fue investigada por la Cicig, dijo que en su lugar crearía una comisión nacional contra la corrupción.
Giammattei, por su parte, sostuvo que el Estado tenía legalmente el derecho de accionar contra la Comisión aunque cuestionó la forma en la que el gobierno de Jimmy Morales puso fin a su mandato.
“Ya no les creo”, dijo Efraín Morales, un líder comunitario que asistió a una reunión de los Consejos Comunitarios de Desarrollo en San Martín Jilotepeque, a unos 80 kilómetros al oeste de la capital, con la diputada electa Madeleine Figueroa quien les ofreció la construcción de una carretera a cambio de votos para Torres.
“En mi comunidad la gente está migrando, los jóvenes se van de 15 y 16 años, no porque uno no quiera luchar, no se puede, no hay trabajo”, dijo el agricultor de 49 años que no sabe leer ni escribir y quien aseguró que en su pueblo no hay oportunidades para subsistir.
La migración será un punto clave para el gobierno del sucesor de Morales, quien el 6 de julio firmó un acuerdo con Estados Unidos que establece que los migrantes que pidan asilo permanezcan en Guatemala si cruzan el país para llegar a la frontera con Estados Unidos.
Aunque el gobierno guatemalteco ha sugerido que los migrantes centroamericanos podrán transitar libremente y quizás encontrar trabajos temporales en la agricultura, es difícil entender por qué alguien querría un empleo mal pagado y permanecer en Guatemala, que tiene índices de violencia tan altos como los países de los que huyen.
Para otros ciudadanos el problema más grave es la migración desde el país, que no fue un tema central en la campaña. Los candidatos sí hablaron de generar oportunidades y empleo para reducir la migración, pero ninguno detalló cómo lo haría.
Desde enero Estados Unidos ha deportado a 34,600 guatemaltecos, incluidos niños.