Las cartas están sobre la mesa y los cerca de 400 mil inmigrantes amparados con el Estatus de Protección Temporal, TPS, entre ellos unos 200 mil connacionales esperan la decisión que se tomará este miércoles en Pasadena California. Los 3 jueces federales de la Corte del Noveno Circuito emitirán su fallo.
Centenares de connacionales amparados con el estatus temporal y enrolados en la Alianza Nacional TPS han viajado desde el Área Metropolitana de Washington y otras jurisdicciones de Estados Unidos hacia California para estar presentes en esa decisión crucial que se espera para la tarde de miércoles.
El coordinador nacional de la Alianza Nacional TPS, José Palma, dice que están listos para hoy, luego de una jornada de dos días de talleres en Los Ángeles, donde han visto todas las vías posibles luego de la sentencia de los jueces.
“Tenemos que hacer un trabajo grande, en todos lo niveles, movilizarnos en las calles y con nuestras comunidades, pero también ver todo el entramado legal y las posibilidades que quedan después de la sentencia”, comenta José Palma, quien en primavera de este año testificó ante el Comité Judicial del Congreso Federal en Washington DC, en su calidad de beneficiario de TPS y del impacto que la cancelación tendría para él y su familia formada en Estados Unidos.
Perspectiva y eventuales escenarios
Para poner en perspectiva el tema, la abogada querellante, Emy MacClean, que representa a la familia salvadoreña en el caso No. 3:18 vc 1554, con el expediente “Ramos vr. Nielsen”, que fue admitido en la Corte Federal el 12 de marzo de 2018, luego de la cancelación del TPS por orden de la ex Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
MacClean habla del proceso que inició el año pasado cuando el juez federal Edward Chen aceptó la demanda de una familia salvadoreña que argumentó que el presidente estadounidense actuó de manera arbitraria y con sesgo racista al cancelar el TPS inicialmente a cuatro países, El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
La segunda decisión en octubre del año pasado se consideró un respiro para la clase TPS, que con la demanda colectiva de nueve salvadoreños amparados con el estatus y cuatro hijos de estos ciudadanos estadounidenses, se obligaba a la administración de Donald Trump a posponer la cancelación del TPS, la que la administración movió del 9 de septiembre próximo hacia el 2 de enero de 2020.
Pero esa misma decisión del juez federal Chen fue apelada por el gobierno de Estados Unidos que argumenta que el presidente tiene el derecho constitucional a cancelar programas federales.
Así este miércoles las partes asisten a una decisión crucial, porque los tres jueces de amplia experiencia que han llegado al rango de juez federal promovidos por tres administraciones distintas: uno nombrado por expresidente George W. Bush, otro por el expresidente Barack Obama y un tercero por Donald Trump, decidirán si Trump y su equipo tienen facultades constitucionales para cancelar el estatus legal a los inmigrantes.
“Dos decisiones importantes que vamos a escuchar mañana en la audiencia son: una que el gobierno está apelando a que un juez no tiene derecho a revisar una decisión que toma el ejecutivo (de Donald Trump) y en segundo lugar se estará valorando la decisión que tomó el juez (Edward Chen) en octubre de 2018”, explicó la abogada a un grupo de tepesianos que acudieron este martes a un taller en el Centro para Recursos de Centroamericanos, CARECEN, en Los Ángeles.
MacClean también explica que un triunfo o una derrota en esta audiencia de la Corte del Noveno Circuito solo tiene impacto en el tiempo; es decir, que la decisión que tomen los jueces no implica que la clase TPS tenga un estatus legal definitivo, pero alargaría la lucha.
Si los jueces ven que la cancelación fue ilegal, no hay duda que el gobierno de Donald Trump elevaría la querella ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que sería la instancia final, pero esa decisión también tomará tiempo para tener un veredicto.
Por el otro lado, si los jueces dan la razón al gobierno, este tendría que proponer un nuevo calendario para la cancelación del TPS, que tendría que hacer público en diciembre de este año, con una fecha de caducidad no menor de 6 meses. Mientras los litigantes podrían pedir una revisión de la sentencia a un espectro mayor de 11 jueces, que revisarían la demanda en caso de no haber unanimidad.