El tira y encoge por fondos parece que no va terminar entre el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa; el mandatario los presiona con la frase: “diputados opriman el botón” para obtener $91 millones de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para su plan de seguridad territorial y los legisladores quieren más explicaciones de cómo piensa usar los fondos. Sin embargo, hasta el momento la Asamblea ha dado votos para transferencias por $102.1 millones en estos últimos meses.
Desde el 1 de junio, el nuevo Gobierno disponía de $2,802.4 millones (del Presupuesto General de la Nación) que no tenía comprometidos y que debía ejecutar para terminar el año, de acuerdo a un informe del Ministerio de Hacienda.
La Asamblea ha avalado el traslado (entre carteras públicas) de al menos 102.1 millones de dólares en los primeros cuatro meses de gobierno (de junio a octubre de 2019). El dinero ha sido reorientado para proyectos de seguridad, educación y salud, entre otros rubros.
Desde 2011, la Asamblea Legislativa debe aprobar la transferencia de fondos correspondientes al presupuesto en curso, entre instituciones públicas. Esto debido a una resolución de la Sala de lo Constitucional, que puso fin a una práctica común en el gobierno de Mauricio Funes, por considerarla inconstitucional.
De acuerdo a los decretos legislativos, a los cuales ha tenido acceso El Diario de Hoy, de los $102.1 millones redistribuidos que los diputados le aprobaron a Bukele desde el 1 de junio, han sido reasignados $12.9 millones para el Ministerio de Salud, $21.6 millones para el Ministerio de Educación, $1.5 millones para el Ministerio de Hacienda, $1.5 millones para el Ministerio de Trabajo y $500,000 para el Ministerio de Gobernación.
FONDOS PARA USAR EN 2019
Al inicio de gestión el nuevo gobierno tenía disponibles $2,802.4 millones, según datos de Hacienda
Al Ministerio de Justicia y Seguridad (PNC y Centros Penales) le reasignaron $64 millones para compra de botas, pago de bonos y alimentación de los efectivos del Plan Control Territorial, que incluye al Ejército.
Las transferencias
Las transferencias iniciaron el 10 de junio con la modificación presupuestaria por $2.8 millones de un remanente de la partida de Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia (CESC) y del fondo de grandes contribuyentes.
Posteriormente, el 27 de junio, los legisladores aprobaron una nueva reasignación de fondos, siempre de la contribución especial, por $21.6 millones. De esa cantidad fueron asignados $3 millones para la alimentación de policías ($200 para cada uno de los 2,500 agentes por seis meses); $8.6 millones para cubrir el déficit de disponibilidad correspondiente al segundo semestre del año; y $10 millones para el pago de 7,300 miembros del Ejército.
Una nueva reorientación de recursos fue aprobada el 4 de julio por $9.3 millones con el siguiente desglose: $6 millones para alimentación de miembros de la Fuerza Armada ($200 para cada uno de 5,400 efectivos por seis meses); $3.3 millones para infraestructura de la PNC y $500,000 para fortalecimiento del Ministerio de Gobernación.
En esa misma fecha fue aprobado un desembolso de un crédito del BID para modernización tributaria por $1.5 millones.
Según el detalle, el 5 de septiembre los legisladores avalaron una transferencia por $2.7 millones para la compra de medicamentos para el Ministerio de Salud, cuyos fondos correspondían a un exceso de ingresos tributarios.
El 9 de septiembre, los diputados avalaron transferir $42.7 millones a diferentes ministerios: $9.4 millones para la Dirección de Centro Penales; $21.6 millones para el Ministerio de Educación para el pago de salarios de maestros, tras un incremento que no estaba presupuestado.
Además, fueron reasignados $10.2 al Ministerio de Salud para la compra de medicamentos y plazas; y al Ministerio de Trabajo le reasignaron $1.5 millones para el pago de plazas y la compra de computadoras.
La última transferencia que aprobaron los diputados fue el pasado 3 de octubre, cuando aprobaron reasignar $21.4 millones para el pago del bono trimestral a policías, custodios y soldados. Esa aprobación creó un impasse entre los legisladores y Bukele, quien reclamaba la tardanza en la aprobación de los fondos, cuando realmente fue el Ejecutivo que envió tarde la solicitud de transferencia del dinero.
Rodolfo Parker, diputado del PDC, afirmó que el atraso en la transferencia se dio por la presentación tardía por parte del Gobierno.
$91 millones en discusión
Ahora, el Gobierno sigue el proceso en la Asamblea para lograr la aprobación de un nuevo crédito por $91 millones del BCIE, que servirá para la segunda fase del Plan Control Territorial, mientras los diputados están a la espera que les detallen cómo se usarán los fondos.
Además, está pendiente la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el otro año.