Un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que reanudarían su cooperación para El Salvador, Honduras y Guatemala, los ministros de seguridad de estos tres países sostuvieron una reunión con el secretario interino de Seguridad Nacional de EE. UU., Kevin McAleenan.
Si bien este último no se comprometió con ninguna cifra, sí afirmó que debido a los avances de estos países al reducir la migración irregular, el gobierno de Donald Trump ha decidido reanudar su apoyo y reconoce una “alianza en progreso” entre estos países.
Los temas principales de esta asistencia, dijo el funcionario estadounidense, serán el apoyo a los cuerpos de seguridad para combatir los grupos criminales, la prevención de la migración por medio de apoyo económico, y el fortalecimiento de capacidades de las autoridades que resguardan las fronteras.
Estos esfuerzos, dijo, han sido notorios en los últimos meses y la continuación de la cooperación “es el reconocimiento de que la alianza entre estos países está creciendo”.
Asimismo, destacó como punto clave en esta relación la firma de acuerdos de cooperación migratoria y de asilos entre los tres países centroamericanos y el gobierno de Estados Unidos. Bajo estos, Guatemala, Honduras y El Salvador han accedido a recibir a solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras este último país resuelve sus casos.
Estos acuerdos han sido criticados, pues estos países son productores de migrantes por su inseguridad, falta de oportunidades y debilidad institucional. Exigirles recibir migrantes en medio de sus duras situaciones ha sido condenado por actores locales e internacionales y la misma Amnistía Internacional calificó los convenios de “crueles burlas” al derecho a solicitar asilo.
Sin embargo, estos países han avanzado en las pláticas sobre cómo implementar los acuerdos y este compromiso ha provocado el beneplácito de la administración Trump.
Tan es así que el pasado lunes 7 de octubre el asesor de seguridad hemisférica de Trump, Mauricio Claver-Carone, anunció que los países firmantes de acuerdos de cooperación migratoria tendrían acceso a programas para aumentar su productividad. Una semana después, el gobierno anunció que reanudarán otros fondos de cooperación.
Corrupción pondría en riesgo el apoyo a la región
Ayer, El Diario de Hoy cuestionó a McAleenan si estos acuerdos migratorios son el único requisito para otorgar nuevos fondos y cooperación técnica o si habrá filtros de prácticas democráticas como en otros programas de ese país.
Esto, a raíz de crecientes preocupaciones institucionales en los tres países. Guatemala sufre crónica corrupción y uno de sus principales actores en contra de esta, la CICIG, fue recientemente clausurada. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández tiene un gris récord de respeto a derechos humanos y hay un juicio en curso que podría vincular a altos funcionarios en una trama de narcotráfico. Y El Salvador acaba de ingresar a la lista de países a quienes se les ha urgido cesar sus ataques a la libertad de prensa.
“Todas las alianzas de Estados Unidos van de la mano de su marco legal y de requisitos de derechos humanos y respeto a las leyes”, dijo McAleenan, pero no precisó si habría alguna situación que rompiera el vínculo automáticamente. Sin embargo, al insistírsele sobre la corrupción, fue un poco más contundente. “Si vemos corrupción, retrocederemos en algunos tipos de ayuda”, manifestó el funcionario.
Al respecto, aclaró que sería el Departamento de Estado, por medio de sus embajadas, el que evaluaría el comportamiento de cada país y la continuidad de sus apoyos.
Sobre el acuerdo de asilos
El secretario McAleenan rehusó confirmar si la firma de acuerdos migratorios fue un catalizador de la reapertura de la cooperación. Sin embargo, destacó que estos convenios fortalecerán las capacidades de Honduras, Guatemala y El Salvador para tratar con solicitantes de asilo, algo que ve como “una buena política”.
Al consultársele si se ha determinado si los acuerdos traerán financiamiento para cada país, tanto McAleenan como el ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas, aseguraron que estos acuerdos están en una etapa preliminar y que los detalles se están trabajando.
Rivas además descartó que de momento el acuerdo requiera aval legislativo, pues solo se ha firmado un “memorando de entendimiento”, dijo. Sin embargo, el abogado y experto en derechos humanos, Benjamín Cuéllar, además del exembajador salvadoreño en Estados Unidos, Rubén Zamora, han afirmado que la Asamblea debe avalarlos.
Los diputados de la comisión de Relaciones Exteriores han solicitado más información tanto a Rivas como a la canciller Alexandra Hill. Si bien acudieron al Congreso, según el diputado pecenista Reynaldo Cardoza, “se fueron por otro lado y no nos dieron mayores detalles”. Este legislador afirmó que esperarán el resultado de la visita de McAleenan para decidir si los vuelven a citar.
Si bien el secretario de Seguridad Nacional no adelantó cifras para este convenio, sí mencionó que su gobierno planea dialogar con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para aprovechar su experiencia con solicitudes de asilo y la protección a estas vulnerables personas.
Asimismo, dijo que aprovecharán la experiencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en lo relativo a los servicios migratorios y luego definirán el tipo de financiamiento y sus fuentes.
Sin embargo, se mostró optimista de que estos programas golpearán a coyotes y criminales que se apoyan de los migrantes. Además, pidió a la región seguir reduciendo la migración como lo ha hecho en los últimos cinco meses, cuando, dijo, las familias y los menores, han dejado de llegar a la frontera.