El juez Segundo de Paz de San Salvador resolvió dejar en libertad condicional a 21 imputados, excepto a Elías Hernández, quien guarda prisión por delitos asociados a pandilleros, mientras a los demás les impuso medidas alternas a la prisión. A la esposa del exalcalde, Evelinda Serrano, le impuso una fianza de $5,000 y deberá usar brazalete electrónico; al hijo, Darwin, $2,000 de fianza; a Miguel Arcenio Alfaro, $1,000, y a Juan Ramón Rivas, la misma cantidad de fianza. Los demás imputados recibieron otras medidas como no salir del país, ni cambiarse de domicilio y presentarse a firmar periódicamente. Los acusados podrán recuperar su libertad hasta que cumplan con esas medidas, dijo la jueza.
La jueza fundamentó su resolución en el sentido de que aunque se han demostrado las evidencias de los hechos y su eventual participación (extremos procesales) también queda claro que los imputados tienen establecida una dirección donde residen, tienen una ocupación (arraigo) y una familia, condiciones que les favorece para gozar de la libertad bajo palabra.
La esposa y el hijo del exalcalde de Apopa, están entre los imputados que el viernes enfrentaron la audiencia inicial ante el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para responder por las acusaciones de integrar una estructura criminal dedicada a extraer de forma ilícita más de $626,000 de las arcas de ese municipio, según la Fiscalía General de la República.
Uno de los fiscales del caso afirmó que el exalcalde, su esposa Evelinda, y su hijo Darwin, dirigían esa banda que proveía bienes y servicios a la alcaldía como juguetes, materiales de construcción. En algunos casos se habrían inventado las licitaciones.
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones para la Administración Pública (LACAP) prohibe que familiares de un funcionario público participe en licitaciones, por lo que aplicaron el mecanismo de la “libre gestión”, con el fin de que terceras personas colocadas por familiares del exalcalde participaran de la licitación y las ganaban, dice Fiscalía.
Luego, “esas personas cobraban los cheques pero los que al final se beneficiaban eran los familiares del -ex- señor alcalde”, explicó el fiscal.
“Se ha logrado determinar que en una ocasión ella cobró un cheque por $35,000, que abonó a una cuenta de una persona que tenemos identificada que no tiene existencia con el número de DUI, ni su NIT aparece registrado”, añadió el fiscal.
Explicó que “eran terceras personas o prestanombres quienes realizaban las licitaciones y quienes aparecían como proveedores, pero que en el fondo era la señora María Evelinda junto con José Elías Hernández quienes realmente proveían esos bienes a la alcaldía”.