El decreto legislativo que cesaría de sus funciones a los jueces y magistrados mayores de 60 años y los que tengan más de 30 años de ejercer la judicatura afectaría a 230 funcionarios, denunció ayer un grupo de jueces que llegaron este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Tenemos un aproximado, alrededor de unos 230 jueces y magistrados, hombres y mujeres, estarían quedando fuera de la judicatura”, dijo Samuel Lizama, quien es el magistrado presidente de la Cámara Ambiental de San Salvador.
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El funcionario agregó que esperan que la Corte Suprema de Justicia, por tener iniciativa de ley, pueda pedir la derogatoria de ese decreto a la Asamblea Legislativa por ser “lesivo de la independencia de los jueces, pone en la calle a un tercio de la judicatura, tanto de magistrados como de jueces y es una situación lesiva de los derechos laborales de jueces y magistrados”.
Por su parte, la magistrada de la Cámara Ambiental de Santa Tecla, La Libertad, Celsa Romero, dijo que “la eventual aplicación del decreto legislativo implicará múltiples actos de indiscriminación en razón de la edad, ya que el establecimiento de un límite etario, sin considerar las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de las personas juzgadoras de manera particular, constituye un acto arbitrario que carece de la base empírica suficiente para tomar una decisión adecuada”.
Añadió que el decreto “no ha considerado el impacto diferenciado que se producirá en las mujeres juezas afectadas por el denominado cese de funciones, que de acuerdo a los convenios de derechos humanos suscritos por el país gozan de una protección reforzada por su condición de mujeres trabajadoras”.
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Destacó que el decreto al referirse a los funcionarios judiciales mayores de 60 años como corruptos “es también un acto difamatorio de la conducta de los funcionarios judiciales y eso contribuye al descrédito de los jueces, juezas, magistrados, magistradas y de la imagen de la administración de justicia en el país y ante la comunidad internacional”.
Según Romero que el sistema judicial no cuenta con la cantidad de jueces y juezas suficientes para cubrir las plazas vacantes de manera inmediata, por lo que la ciudadanía se vería afectada “por el vencimiento de plazos de detención, falta de medidas de protección, imposibilidad de autorizar registros y allanamientos”.
La comitiva integrada por 30 jueces y juezas solicitaron este jueves a los magistrados de la CSJ que les dieran una audiencia para tratar la problemática.
Además piden la derogatoria de las reformas a Ley de la Carrera Judicial aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de agosto.
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Dos notas con esas peticiones fueron presentadas a la secretaría de la Sala de lo Constitucional. Para ello, solo dejaron ingresar a dos magistrados de Cámara.
Los funcionarios judiciales se quejaron de que policías encargados de la seguridad no les permitieran el ingreso al edificio de la CSJ conocido como Palacio Judicial.
En un vídeo circulado en redes sociales, se puede ver a los administradores de justicia cuestionando a un grupo de policías que les está impidiendo el acceso.
En el video se escucha a una jueza decir. “Ya verificaron que tenemos todos nuestra mascarilla, nos tomaron la temperatura, todos estamos vacunados, esa no es excusa para que no nos dejen entrar”.
Además, cuestionó a los policías: ¿quién les ha dado órdenes de que no nos dejen entrar? Ya pasamos los controles de protocolo”.
Otra jueza se sumó al cuestionamiento de quién emitió la orden de cerrarles la puerta y se sumó a las condenas a este bloqueo policial.
El magistrado Lizama aseguró que lamentaban “profundamente la política restrictiva de ingreso al Palacio de Justicia a magistrados y jueces de la República, porque es la primera vez que nos sucede una situación como esta”.
Agregó que no pedían ingresar todos los jueces que se hicieron presentes sino que “una comisión de cuatro y solo se permitió a dos”.
Lizama, con 20 años de carrera judicial, sostuvo que antes ya había llegado “con otros colectivos de jueces y nunca se les había dado un trato igual”.