Es de pleno conocimiento que Nicaragua está en crisis política desde hace más de un año.
Sin embargo, un lado que se discute poco es cómo ha afectado esta crisis la vida del nicaragüense promedio. Por ello, El Diario de Hoy conversó con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del tanque de pensamiento Funides y uno de los líderes más visibles de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (en adelante, la Alianza), la cual se opone al autoritarismo del gobierno y busca negociar una salida a la crisis actual.
El director ejecutivo de Funides y líder de Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia platicó con El Diario de Hoy en una reciente visita al país, sobre su perspectiva a un año de crisis política en Nicaragua.
Este analista pintó un gris panorama de vulnerabilidad, poco acceso a bienes básicos y represión. Además fue claro: Si no se soluciona la crisis política, el bienestar no llegará a su país. Esto fue lo que discutimos…
La economía de Nicaragua lleva al menos un año de caída. ¿Cómo se refleja eso en la vida del nicaragüense?
Esta es la caída más dramática que ha habido en los últimos 40 años. Una caída de esta magnitud solo se había visto durante la insurrección en contra de Somoza en 1979, cuando la economía cayó 4%. La proyección para este año es una caída del 5%. El gran problema de Nicaragua es que hay muy poca clase media y mucha gente está concentrada cerca de la línea de la pobreza y aunque oficialmente no sea pobre, lo es prácticamente.
En esta crisis, miles han caído bajo la línea de la pobreza. Además, más de 50 mil personas se han ido, principalmente a Costa Rica.
Es difícil conseguir empleo, los programas públicos por el financiamiento fiscal se han visto afectados y las empresas están perdiendo la capacidad de contratar y despiden gente. El Seguro Social ha perdido más de 160 mil afiliados de 760 mil que tiene.
Si la recaudación fiscal va a la baja, ¿Quién le da dinero al Estado?
Hay sanciones potenciales para cortar el financiamiento externo que podrían cancelar financiamiento internacional. Hay préstamos vigentes pero los desembolsos se han reducido por la inseguridad. La principal fuente de ingreso son los impuestos pero caen si cae la economía.
El presupuesto general era más o menos de unos US$2,700 millones y se ha reducido a unos US$2,350 millones. Este año ha caído un 15% la recaudación fiscal.
¿A esto se suma el final de los fondos venezolanos al régimen?
Además de los US$2,000 millones de dólares del presupuesto, en el tiempo más alto del ALBA vinieron $650 millones anuales. Esto permitió al gobierno subsidiar energía eléctrica al 80% de hogares. Había subsidios al transporte colectivo y todo lo han tenido que mantener porque políticamente es difícil quitarlo.
Por donde uno lo vea la situación del gobierno es difícil. A veces se compara Nicaragua con Venezuela y sí, tenemos regímenes dictatoriales pero Nicaragua no está asentada sobre un pozo de petróleo. Sus recursos dependen del sector externo o la economía nacional y eso afecta la capacidad del Estado para operar.
¿Cómo es el día a día de los nicaragüenses vulnerable a caer en pobreza?
Hay una disminución de consumo. El alimento básico no ha caído tanto pero ha habido sustitución a productos más baratos o de mayor volumen, han caído los productos importados. Además, en su desesperación por tener recursos fiscales, el gobierno impuso una reforma fiscal que en un Estado normal hubiera botado a cualquier gobierno, especialmente después de una reforma a la seguridad social pero bueno, estamos en una dictadura.
El incremento a impuestos en marzo hizo que la inflación en abril fuera la más alta de los últimos diez años, producto de recesión. Subió todo en productos sensibles como las gaseosas, el alcohol, el tabaco y la distribuidora de cigarrillos probablemente se va a retirar.
¿Cuánto puede aguantar la economía de Nicaragua si esto no cambia?
Las economías no quiebran. Lo preocupante es cómo viven los miles de nicaragüenses. Entramos a la crisis de 2018 con un 23% de pobres y hemos llegado al 30%. En un año, esto es muy inusual. La economía aguantará, los hogares no y tendrán que buscar opciones como la migración.
¿Se puede cuantificar cuánto se ha atrasado Nicaragua?
Alrededor de 20 años, fácilmente. A los nicaragüenses nos costó mucho recuperar la caída de los 1980s (primer gobierno de Daniel Ortega). La economía estaba bien posicionada en Centroamérica, pero la revolución del 79 nos hizo retroceder. En 2005, por ejemplo, estábamos a niveles de 1975. En estos últimos diez años, a pesar de un gobierno dictatorial, el sector privado invirtió y logramos acercarnos al PIB per cápita de 1978. Con la crisis retrocedimos y estamos a niveles de inicios de los setentas.
Cada mes de crisis se agrava más el retroceso, asumo…
Cada mes hay fuga de depósitos, unos $40 millones en promedio. Hay fuga de reservas internacionales. Esto implica dificultades cambiarias y pone presión al sistema para mantener el cambio del dólar al córdoba.
¿Qué tan sofisticada es la economía de Nicaragua?
Antes de la crisis, Nicaragua era una de las economías menos diversificadas y depende altamente de la agricultura. Nuestros productos de exportación de 1880 y los del presente, salvo algunas excepciones, no son tan diferentes. Usando el índice de complejidad económica, Nicaragua es un país promedio africano.
Esta crisis complica más el asunto porque la solución al crecimiento económico y desarrollo de un país radica en que haya industrias que resistan estos vaivenes políticos y generen confianza en inversionistas, pero la inversión extranjera ha caído un 35% en el último año.
¿Cuál es la relación entre la crisis política y la crisis económica?
El origen de la crisis económica es la crisis política. No será por fuentes de financiamiento que se resolverá lo económico. Le hemos dicho al gobierno que sin resolver lo político, cae en saco roto cualquier esfuerzo.
¿Puede haber una solución política con Ortega aún al mando?
La solución política que visualizamos es la celebración de elecciones libres y adelantadas. El periodo de Ortega termina en 2022, demasiado largo. Si queremos minimizar el costo de su presidencia, es importante tener elecciones libres y observadas, algo que no hemos tenido en los últimos diez años de fraudes electorales.
¿Hay condiciones para elecciones?
No. Funcionarios del Consejo Supremo Electoral han estado involucrados en actos de corrupción e irregularidades electorales. Si las elecciones se convocaran mañana, Ortega las gana con el 99% de los votos. Estas elecciones no pueden ser este año. Según la OEA, que encabezaría un plan de reforma electoral, estas podrían tomar entre 9 meses y un año.
¿Qué más lleva la Alianza a la mesa?
La liberación de los 779 presos políticos. Producto de la negociación, el gobierno excarceló la semana pasada 50 de ellos. El compromiso es que para el 18 de junio se limpie los expedientes de todos los presos políticos.
El segundo es la restitución de derechos ciudadanos. Si alguien en Managua agarra una bandera de Nicaragua y la ondea en una esquina, esa persona cae presa en diez minutos. Ese es el nivel de represión que hay.
¿Qué hay de la justicia?
Justicia es otro gran tema que llevamos a la mesa. Crear una comisión de la verdad para que la sociedad sepa qué realmente pasó y una procuraduría especial que investigue estos casos y se haga justicia.
No repetición y reparación también son claves: a las familias de las víctimas no les devolverás a sus muertos pero puedes reparar el daño causado. Finalmente, la democracia: celebración de elecciones libres, transparentes y adelantadas que tiene que pasar por un plan de reforma. En este último tema, el gobierno está totalmente renuente.
Nadie se sienta a negociar sabiendo que terminará preso. ¿Está considerando la Alianza una amnistía?
Amnistía es el equivalente a tratar de resolver la suciedad del cuarto poniendo el polvo bajo la alfombra. Ahí se va a quedar y no es una solución integral. Además tenés el efecto de equiparar a los presos políticos con los paramilitares. El gobierno ya dijo que hará una amnistía unilateral y la pasarán en el parlamento que controlan. Como alianza no lo aceptamos.
La única solución es verdad, justicia, reparación y no repetición. La alianza no tiene más que hacer que llevar al diálogo esta propuesta de la gente.
¿Y si no lo aceptan?
Ellos ya dijeron que no.
El sandinismo histórico parece haberle dado la espalda al régimen y los programas sociales están decreciendo. ¿De dónde saca apoyos Ortega?
En grupos reducidos que por años han escuchado un discurso del imperialismo norteamericano, del capitalismo contra los pobres. También en que tiene armas, paramilitares, fuerza represiva y la Policía. Pero una elección democrática no la aguanta ni en el primer round.
Se criticaba que cuando Nicaragua crecía había una complicidad entre el sector privado y el régimen. ¿Es esto cierto y qué tanto ha afectado esta legitimación al régimen?
Funides reiteró por varios años el error que significaba trabajar junto al gobierno en lo económico, obviando los retos institucionales. Hay que recordar que Ortega fue en términos económicos un gobierno de corte bastante liberal, con déficit fiscal pequeño, inflación pequeña, pero no por creer en la estabilidad macroeconómica, sino por la chequera venezolana. Además, en comparación a su primer periodo en el poder, el orteguismo conoce el costo político de destruir la economía.
Sin embargo, desde el día uno de la crisis de 2018 el sector privado se puso del lado del pueblo y ha estado en las marchas y la alianza cívica, ha convocado paros nacionales. La gente ha reconocido el involucramiento del sector privado en la lucha pero entró en la crisis con esa reputación de haber trabajado con el gobierno.
El nicaragüense no vive de la institucionalidad, sino de mejor trabajo y acceso a bienes. ¿Hay condiciones para que un gobierno subsecuente salga a Nicaragua adelante?
El nicaragüense no vive ni come de la institucionalidad, pero hay más de 700 familias con presos políticos y sienten la falta de institucionalidad en casa. Esa es una amarga lección que hemos aprendido.
Cuando Ortega se vaya, porque este gobierno no es sostenible, el gobierno que venga tendrá serios desafíos económicos, fiscales, sociales. No solo va a ser un tema de comida sino de cómo sacar adelante al país en una sociedad que está fundamentalmente fracturada.
Nicaragua lleva décadas de caudillismo. ¿Puede lograr construir democracia a partir de esta crisis?
Somos profundamente antidemocráticos, creemos mucho en los caudillos y eso nos afecta. El gobierno de Ortega de hecho se asemeja mucho al de Somoza García. Una gran lección de todo esto es que hemos tenido un año duro, pero la gente no ha tomado las armas. Eso da luces sobre la esperanza del horizonte en Nicaragua.
Eso puede llevar a la posibilidad de un cambio democrático. Gran parte del movimiento azul y blanco lo constituyen los jóvenes que quieren acabar con la cultura de élites, de pactos y de amarre que ha caracterizado la política nicaragüense.