El nuevo Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en San Miguel, inaugurado en abril pasado, está ahora en el ojo del huracán.
El Gobierno actual presentó un aviso a la Fiscalía General de la República por supuestos actos de corrupción desde los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén en cuanto a la licitación y construcción del inmueble oriental. Sin embargo, el ex director del ISSS, Ricardo Cea, ha refutado las acusaciones y las ha calificado como “cortina de humo”.
De la misma manera, la constructora involucrada responde a las acusaciones y da detalles de lo que está sucediendo y el arbitraje abierto contra la Oficina de Proyectos de Servicios de las Naciones Unidas en el país (UNOPS), encargada de la obra. Mientras que la UNOPS expuso que dará su postura en los próximos días.
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Específicamente el Ejecutivo alega que los directores del ISSS en las administraciones anteriores, Leonel Flores y Ricardo Cea, actuaron de forma irregular al firmar acuerdos marcos y complementarios con la UNOPS, en 2013 y 2015, lo cual consideran que le quitó facultades al ISSS en cuanto a controles para actuar si había algún problema en la construcción.
En una nota colgada en su sitio web, Presidencia fue más allá y pidió a la Fiscalía “que inicie con la investigación sobre los exfuncionarios de los gobiernos del FMLN y todo el andamiaje montado entre UNOPS e IBT para desfalcar al pueblo salvadoreño”. Un señalamiento fuerte contra la entidad de Naciones Unidas en el país.
El Ejecutivo plantea que “a través de enmiendas sin respaldo que fueron pagadas por la institución (ISSS), hicieron que el proyecto pasara de $62.9 millones a $83.1 millones, más otros montos desfalcados y desviados que suman en total casi $120 millones, según la información que hasta el momento se tiene por parte del ISSS”.
Sin embargo, ese monto es una de las cosas que desconcierta a la constructora IBT LLCporque el proyecto que hizo tiene un costo inferior (ver nota secundaria).
La directora del ISSS, Mónica Ayala, aseveró que se han encontrado en el hospital “no menos de 800” irregularidades en su construcción, tras un proceso de auditoría interna, y que por eso se presentó ante la Fiscalía para poner un aviso el 6 de octubre pasado.
Según la funcionaria, hay “visos de corrupción” en cómo se licitó la obra, que fue adjudicada por UNOPS en 2016 a la empresa IBT LLC, misma que ya sentó postura respecto a estos señalamientos (ver nota secundaria) y se desliga de cualquier anomalía administrativa o de construcción.
Aclaración del exdirector Cea
Por su parte, el exdirector Ricardo Cea reaccionó ante las acusaciones, y dijo que “existe mucho desconocimiento sobre los acuerdos firmados en el Seguro Social”.
Cea, exdirector del Seguro Social (entre 2014 y 2019), trajo a cuenta que el 8 de febrero de 2007, durante el Gobierno de Elías Antonio Saca, el vicecanciller Eduardo Cálix y Giuseppe Moncinelli, Jefe del centro de operaciones de Naciones Unidas para El Salvador, suscribieron un convenio “para que UNOPS interactuara para mejorar algunos aspectos en la administración” de la autónoma.
Dicho acuerdo fue ratificado por la Asamblea Legislativa y publicado en el diario oficial en junio de ese 2007. El presidente Saca tenía pleno conocimiento, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Seis años después, el 11 de noviembre de 2013, el ISSS y UNOPS suscribieron un acuerdo marco para que esta última proveyera asistencia técnica al instituto. Por el ISSS firmó Leonel Flores, su entonces director, durante la administración de Mauricio Funes.
“Con autorización y plenos poderes por parte de Cancillería, el anterior director, Leonel Flores, firmó un acuerdo marco entre el ISSS y la UNOPS, con el afán de que UNOPS nos proveyera al ISSS de cierta asesoría y ayuda para poder mejorar ciertos aspectos, como manejo de adquisiciones de medicamentos, construcción, para beneficio de los derechohabientes”, detalló el médico.
Había un detalle en ese acuerdo marco, explicó Cea, pues se estableció que si el ISSS solicitaba la intervención de UNOPS para realizar algún proyecto, se debía realizar “un acuerdo complementario, un anexo, firmado solamente por el director general y la UNOPS”. Es decir, bastaba con que el director del ISSS firmara dicho acuerdo complementario.
Y de esa forma procedieron el 31 de agosto de 2015, rememoró Cea, con pleno aval del consejo directivo del Seguro Social, para la construcción del Hospital Regional de San Miguel. “Se establecía que la UNOPS iba a gerenciar por completo la construcción del hospital de San Miguel. Por lo tanto, era UNOPS la responsable de hacer los procesos de licitación que fueran necesarios, como la empresa constructora”, agregó Cea.
Entregarle a UNOPS la gerencia y control de la construcción, lo cual ahora es visto por la administración Bukele como un acto que afecta los intereses del Estado, era en cambio una decisión oportuna y correcta en su momento, justificó Cea.
“El objetivo de hacer ese edificio (Hospital San Miguel) a través del gerenciamiento de la UNOPS, fue para evitar actos de corrupción que se habían visto en administraciones anteriores. Así, ninguna persona de la administración intervendría en ningún proceso de compra de ninguna cosa para este hospital”, detalló, sino que se entregaba la gerencia de la obra a una entidad de Naciones Unidas, con todos sus controles respectivos, para -en teoría- garantizar transparencia.
Las actuales autoridades del ISSS cuestionan que en la licitación “la empresa seleccionada por UNOPS, en base a términos de referencia y bases deficientes elaboradas por el ISSS, hizo una licitación exprés donde 29 firmas retiraron la documentación, pero solo una ofertó: IBT Group”.
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En agosto de 2019 el anterior director del ISSS, Herbert Rivera Alemán, dio declaraciones que apuntan a la misma explicación que el doctor Cea, cuando expuso que “la construcción y equipamiento de ese hospital fue realizado a través de la UNOPS, por ende debido al atraso (en la obra), la empresa constructora (IBT) está pagando multa por cada mes de atraso, ahorita anda por los seis millones de dólares … Las multas irán a un arbitraje de la empresa constructora con la UNOPS. No tenemos nada que meternos en ese arbitraje, la ONU es la que irá a ese arbitraje”.
Por tanto, Rivera Alemán, ya entonces funcionario de la administración Bukele, reconocía que la gerencia en la construcción de la obra estaba en manos de UNOPS, y que el ISSS quedaba fuera de toda acción de control de la obra.
Para Cea, lo que la directora Ayala debe hacer es buscar a representantes de UNOPS y conversar de la problemática, para evitar “un conflicto mayor”, y consideró que todos estos señalamientos del Ejecutivo son “una cortina de humo” en tiempos preelectorales.
¿Y cómo está el hospital?
El centro asistencial está operando desde abril de 2020, cuando fue inaugurado por el actual ministro de Salud, Francisco Alabí, quien dijo que se iba a adecuar para atender a pacientes de COVID-19, en un mes donde la pandemia avanzaba con fuerza en el país.
Edwin Durán, representante del STISSS en el oriente del país, explicó que actualmente están funcionando en el centro asistencial la parte hospitalaria que está destinada para atención de pacientes con COVID-19, el laboratorio, Rayos x, Trabajo Social y la parte administrativa. Están pendientes de habilitar consulta externa, quirófanos y otras. Y la UCI fue equipada al inicio de la pandemia.
“Al parecer hay un impasse legal para ponerlo a funcionar en su totalidad porque hay un litigio con la municipalidad y hay un incumplimiento de la empresa que construyó la obra por la deficiencia que tiene, la parte del sótano se inunda, es una piscina; los techo hay filtraciones, los desagües no funcionan bien, la parte eléctrica, los ascensores”, declaró el representante sindical, el jueves 1 de octubre pasado.
El conflicto con la comuna es por metros, según la alcaldía, de un muro hecho fuera de la línea de construcción, y eso afectaría una posible ampliación de la avenida Roosevelt migueleña.
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La Presidencia señaló además, en una nota oficial, que en el hospital “hay tuberías de aguas negras sobre los quirófanos y cambios en las especificaciones del hierro (de mayor a menor tamaño) que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y el personal médico. Además, se utilizó hierro de baja calidad para construir las columnas de los edificios de este complejo hospitalario”.
La misma empresa constructora, IBT, dijo haber encontrado deficiencias en el diseño, así como irregularidades administrativas que afectaron económicamente su operación. Por ello, ya tiene meses de haber iniciado un proceso de arbitraje internacional contra UNOPS.
El Diario de Hoy envió una solicitud de entrevista a UNOPS el 7 de octubre a través de un correo electrónico, y aunque la oficina contestó afirmativamente por la misma vía, solo respondió al mediodía que “en unos momentos se contactará con usted nuestra Asociada en Comunicaciones y Medios”. Ayer informaron que la próxima semana darán su postura al respecto.