El 13 de diciembre la Asamblea aprobó con 57 votos y en primera vuelta el préstamo de $91 millones para la Fase II del Plan Control Territorial. El FMLN no votó. A casi tres meses de que los diputados autorizaron al Gobierno negociar el crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el decreto no ha regresado a la Asamblea para su ratificación; y el presidente Nayib Bukele exige a los legisladores que le aprueben otro crédito por $109 millones para la tercera fase del plan.
“Son las mismas inconsistencias que hemos venido expresando siempre, como cuando en una ocasión nos exigía que apretáramos el botón, que ni tan siquiera habíamos recibido la petición. Se aprobó en primera instancia y aún no vuelve, hay una inconsistencia”, recordó Norman Quijano, de ARENA.
La petición formal del empréstito de $91 millones llegó al Congreso el 5 de septiembre del año pasado, pero previo a esa fecha, Bukele insistió a los diputados varias veces en conferencias de prensa que le aprobaran los fondos para combatir a la delincuencia y las pandillas, aún cuando la petición formal llegó a los diputados casi dos meses después.
Fue en su primera cadena de radio y televisión del 9 de julio de 2019, ya con la investidura de presidente de la República, que Bukele informó de su ambicioso plan para frenar el crimen organizado y las pandillas, desglosado en tres fases con una inversión total de $575 millones, de los cuales, $200 millones son de deuda.
“Si algo les impide votar en la Asamblea, si no les interesa, entonces manden a su suplente a que lo haga. Solo tienen que apretar un botón y con eso estarán diciendo: ‘Sí, sí quiero seguridad para todos’ (…) ‘sí, mi compromiso es con los salvadoreños”, explicó Bukele en julio.
El Diario de Hoy consultó a fuentes del Ministerio de Hacienda sobre el progreso del trámite del crédito con el BCIE, e informaron que el organismo está consultando factibilidad del cambio que la Asamblea solicitó, de que sea el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) el que ejecute el componente de “Formación y Capacitación de Jóvenes”, para el que se destina $28.2 millones de los $91 millones del empréstito.
Los diputados tenían dudas sobre ese apartado, ya que en el proyecto del Gobierno se establecía que sería el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), quien ejecutaría el dinero.
Los legisladores de ARENA y de otros partidos plantearon como condición para votar por el préstamo, que la entidad preparada para dar formación profesional es el Insaforp y no el Cifco, a lo cual el Ejecutivo accedió.
Sin embargo, hay otras aristas dentro del préstamo que el FMLN y ARENA también señalaron. Damián Alegría, del FMLN, explicó que se le cuestionó al Ejecutivo que se destinara $15 millones para el mejoramiento de 24 kilómetros de caminos. Carlos Reyes, de ARENA, criticó que se estaba orientando $1.6 millones por kilómetro y que ese fondo debería estar contemplado en el presupuesto ordinario de la cartera de Obras Públicas.
Así como otros $9.4 millones que, según el programa del Gobierno, servirán para que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) ejecute 10 proyectos de agua potable.