El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) contrató a un abogado inhabilitado como notario para el cargo de director ejecutivo, lo cual ha provocado cuestionamientos por parte de organizaciones que luchan por la transparencia y contra la corrupción.
Se trata de la contratación por la vía directa de Javier Portillo Solano, quien está inhabilitado desde abril de 2018 y por 3 años como notario por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por una “causal de falsedad”, dice la resolución de la CSJ emitida en abril de 2018 (ver documento). Aparte de eso, Portillo fue asesor en la Secretaría de Transparencia en el anterior gobierno del FMLN y negó información a ciudadanos sobre los gastos de viajes y viáticos del entonces presidente Mauricio Funes y Vanda Pignato.
Sofía Flores, directora ejecutiva de la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) cuestionó que no se hizo un “concurso transparente” para la contratación.
“Es más preocupante aún el hecho que él siendo abogado que esté inhabilitado por un periodo de tres años, sería importante considerar si en este caso es la persona que necesitamos y que necesita la institución para ejercer esa función, porque estoy segura que hay muchos abogados que cuentan con las credenciales y que están comprometidos con el derecho a la información pública”, apuntó Flores.
Sobre este punto la comisionada Liduvina Escobar aseguró que la Ley del Servicio Civil los habilita para hacer la contratación directa porque se trata de un cargo de “confianza” porque ·tiene las credenciales para el puesto”, y que sobre la inhabilitación dijo que no es un requerimiento que se ponderó a la hora de la contratación.
“No fue necesario requerir si estaba o no autorizado para realizar notariado o si tenía alguna sanción al respecto; es decir, no necesitamos a un notario dentro de la institución, necesitamos a un director ejecutivo”, argumentó a El Diario de Hoy la comisionada Escobar.
Uno de los casos por los que Portillo recibió la sanción de la CSJ es por haber dado fe como notario en la tramitación de un pasaporte para una menor de edad, que la madre de la niña había firmado en el país cuando desde hace 7 años residía en Estados Unidos, según el reporte de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Acción Ciudadana (AC) por medio de su director ejecutivo Eduardo Escobar, se sumó a los cuestionamientos en contra de los comisionados, especialmente por haber negado datos en el gobierno de Funes.
“Denota por todos los cuestionamientos que se han mencionado que se puede poner en cuestionamiento sus credenciales con respecto de la transparencia en el acceso a la información por esos antecedentes que tiene; eso nos puede llevar a cuestionar si es la mejor persona para ocupar ese cargo”, estimó Escobar.
“En aquel momento el licenciado Portillo le tocó ser apoderado del expresidente Mauricio Funes, pues ese fue el papel que le tocó jugar, fue un apoderado en el ejercicio de sus funciones. No se puede limitar a que ejerció una defensa porque era su trabajo en ese momento que ahora pueda ser parte del equipo del Instituto”, justificó la comisionada del IAIP.
Se intentó a través de la Unidad de Comunicaciones contactar con Javier Portillo para hablar sobre esos señalamientos y sobre su inhabilitación, pero no fue posible.