“Brutal represión”. Con estas dos simples pero contundentes palabras tituló la organización Human Rights Watch (HRW) su más reciente informe sobre la respuesta represiva del régimen nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a las presiones ciudadanas por más espacios democráticos y políticas más justas.
Además, solicita a la comunidad internacional aumentar las sanciones de los miembros del régimen liderado por la pareja de esposos que hace cuatro décadas luchó contra una dictadura para constituirse en un grupo más sanguinario y represivo unos años después.
En particular, HRW da cuenta de los últimos trece meses, desde que en abril de 2018 se desencadenó una serie de protestas a raíz de una propuesta de reforma previsional encabezada por el régimen.
Estas manifestaciones de descontento fueron velozmente reprimidas por agentes policiales y bandas armadas afines al orteguismo.
“La respuesta (a las protestas) fue brutal”, consigna el informe de HRW y añade que “la feroz represión de manifestantes por miembros de la Policía Nacional y bandas fuertemente armadas partidarias del gobierno (…) dejó un saldo de más de 300 muertos y más de 2,000 heridos”.
Además, HRW muestra otros fenómenos que los nicaragüenses han vivido durante el último año: la presencia de presos políticos, acusados en ocasiones por terrorismo simplemente por oponerse al gobierno y manifestar; y el sistemático acoso a medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil críticos al gobierno.
En el caso de los presos políticos, el informe analiza lo sucedido a personas detenidas en las marchas o secuestradas por autoridades.
“Muchas de las personas detenidas durante la represión de manifestaciones sufrieron graves abusos que, algunos casos, constituyeron tortura, como descargas eléctricas, violentas golpizas, remoción de uñas, asfixia y violación sexual. A muchas personas detenidas y heridas se les negó atención médica en instituciones de salud pública y diversos médicos que brindaron atención afirmaron haber sufrido represalias”, menciona el informe.
Además de casos de tortura y violencia, Human Rights Watch dedica una porción de su informe a las violaciones a las garantías de debido proceso y presunción de inocencia.
Todos estos casos, afirma la institución, forman parte de un patrón sistemático de abusos dirigidos a quienes en su momento han manifestado estar en contra de un gobierno que se volvió absolutamente intolerante a las críticas, por más legítimas que estas sean. Los casos citados en el documento han sido reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Datos de esta última institución se suman a la imagen de represión y es que más de 62,000 nicaragüenses han abandonado el país desde que comenzaron las manifestaciones en abril de 2018, huyendo de los abusos de un gobierno que ha perdido el miedo a reprimir y de la subsecuente crisis económica, pobreza y escasez que la crisis política ha dejado.
Torturas, abusos, violaciones
De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, la Policía y los colectivos armados “infligieron graves abusos físicos y psicológicos a las personas detenidas, que en algunos casos constituyeron tortura”.
Entre estos hechos, se reporta golpizas a manifestantes, negación de atención médica urgente, violaciones sexuales y uso de instrumentos para este efecto, simulacros de ahogamiento, desnudez forzada, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, quemaduras con ácido y obligar a las personas a grabar confesiones autoincriminatorias.
Todos estos graves hechos pintan la fotografía de un abusivo régimen que no escatima esfuerzos en acallar a sus críticos. El documento de HRW se acompaña de los testimonios de 12 detenidos que, en su mayoría, confirman haber recibido al menos uno de estos abusos y haber presenciado hechos similares contra otros capturados.
Asimismo, la institución habló con médicos y un psicólogo que atendieron a detenidos. Estos dieron fe de lo narrado por las víctimas de abusos.
Estos casos van de la mano con lo señalado por la CIDH, que habló de “la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias” en la Nicaragua de los últimos 13 meses y que concluyó que “la detención y la privación de libertad de personas detenidas en el marco de las protestas se caracterizó por golpes, amenazas y ofensas (…) que implicaron el sometimiento a condiciones humillantes y degradantes”.
Impunidad
Por un lado, HRW narra un gris panorama para los detenidos, quienes enfrentan juicios manipulados y no gozan de protecciones judiciales básicas y, por otro, da luces de lo intocables que se perciben las autoridades que encabezan estos ataques.
Sin embargo, se pinta una luz de esperanza: instrumentos legales de la comunidad internacional y sanciones para forzar al régimen a responder por sus hechos y cesar los abusos.
El camino por recorrer es largo, pero requiere de un primer paso básico: pintar la fotografía real de qué tipo de régimen es el de Ortega y Murillo. De momento, este tipo de informes habla con elocuencia de un gobierno sin temor abusar los derechos y dispuesto a hacer cualquier cosa para garantizar su supervivencia.