Los diputados de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordaron ayer penas de 15 a 25 años de cárcel cuando el delito de desaparición forzada sea cometido por un funcionario o empleado público, al igual que cuando el delito sea cometido por un particular por ordenes de un funcionario o empleado público.
Para este tipo de delito, las penas actuales son de cuatro a diez años de cárcel.
Tras el acuerdo, quedó pendiente reformar el artículo relacionado con atentados contra la libertad individual agravados (siempre por el delito de desaparición).
Estos podrían tener lugar a discusión en la próxima sesión plenaria, para establecer más reformas al Código Penal por este tipo de delitos.
“(Podemos) castigar con más fuerza, pero también creo mucho en que se debe trabajar en la disuasión de estos delitos; lo que estaríamos haciendo es darle más herramientas a la Fiscalía General de la República para que investigue y los jueces tengan la potestad de castigar duramente a las personas que cometan este delito”, mencionó el diputado del FMLN, Javier Valdez.
La modificación de los artículos relacionados con la desaparición forzada en la que estuvieran implicados funcionarios o empleados públicos estaba pendiente desde el pasado 31 de octubre, cuando la Asamblea aprobó modificaciones al Código Penal y se estableció como delito la “desaparición de personas”.
Según los parlamentarios, con las reformas se tomó en cuenta los insumos técnicos proporcionados por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República.
“Lo que estamos haciendo es darle más herramientas a la Fiscalía General de la República para que investigue y los jueces tengan la potestad de castigar duramente a las personas que cometan este delito”, dijo el diputado tricolor Ricardo Velázquez Parker.