Con ocho votos, los diputados de la comisión de economía de la Asamblea Legislativa acordaron emitir dictamen favorable para el Asocio Público Privado (APP) de la terminal de carga del Aeropuerto Monseñor Romero.
Esto a menos de un mes de que fuera llevada la petición a la Asamblea para que autorice el contrato adjudicado en noviembre de 2020 por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) a la empresa hondureña Alutech.
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Según un informe de Acción Ciudadana esta compañía (Alutech) aparece como donante de un millón de dólares al partido GANA para las elecciones presidenciales de 2019. El presidente Nayib Bukele fue el candidato que corrió con la bandera de ese partido.
Ayer, el presidente de CEPA, Federico Anliker, llegó a la comisión para explicar el proyecto estratégico de ampliación de la Terminal de Carga Aérea, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Anliker explicó que el proyecto consta de dos fases; la primera con $13.3 millones para financiamiento, diseño, ampliación, construcción, equipamiento, mejora del mantenimiento y operación de la terminal de carga existente.
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Consta de un plazo de hasta 15 años en el cuál se prevé incrementar la carga actual de 26,000 a 52,000 toneladas métricas.
Mientras que para la segunda fase, se invertirá aproximadamente $49 millones, que servirán para continuar los procesos de diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación. Esta se dará para un plazo de 20 años con miras a incrementar la carga de 52,000 a 73,000 toneladas métricas como mínimo.
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Los legisladores del oficialismo dieron el aval para que este proyecto pase al pleno el próximo martes y se apruebe dicho asocio.
Sin embargo, la diputada Anabel Belloso del FMLN consideró que no se ha analizado a profundidad dicha iniciativa.
“Hay muchos términos económicos, numéricos que habría que analizar con detalle para poder tomar una decisión, no es cualquier cosa la que se está haciendo y por lo tanto nosotros si consideramos que es muy precipitado”, señaló.
Además, indicó que en la presentación de ayer hubo una modificación en la redacción de muchos artículos de la iniciativa original, por lo que enfatizó que estos deben ser leídos con cuidado y analizar cada detalle para no caer en situaciones que puedan afectar al país.
“Y aunque se diga que no es una privatización, a la larga si se trata de ceder parte de el recurso público a una entidad privada que va a sacar lucro de ello”, concluyó.