Que una comisión internacional contra la corrupción (CICIES) funcione para este propósito depende, casi en su totalidad, del diseño institucional que se le dé. Así lo afirmó ayer Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, entidad que forma parte del Consorcio por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.
Sin embargo, como recalca Castro, este diseño aún no se conoce con precisión, por lo que no puede adelantarse un criterio de cómo se verá afectada la lucha contra el uso impropio de recursos públicos en el siguiente gobierno.
El representante de Fusades en dicho consorcio considera que hay dos aspectos clave que vigilar en la conformación de una CICIES: Primero, “que se respete nuestra Constitución y la institucionalidad establecida en ella, es decir, no puede venir a sustituir a la Fiscalía ni al Órgano Judicial, sino que podría venir a fortalecer sus capacidades”. Por otra parte, “que sea independiente del Órgano Ejecutivo”.
Sobre este último punto, durante la campaña presidencial la entonces fórmula presidencial de GANA, formada por Nayib Bukele y Félix Ulloa, dio visiones encontradas sobre la propuesta de conformación de tal comisión.
En octubre de 2018, el entonces aspirante a vicepresidente, Félix Ulloa, dijo a Revista Factum que “lo menos que haría es violar la Constitución” y añadió que la CICIES “va a ser una iniciativa del órgano ejecutivo de traer asistencia técnica”.
Mientras Ulloa sostuvo que era una comisión vigilada por Casa Presidencial para coordinar capacitaciones a fiscales, Bukele afirmó a El Diario de Hoy que sería como la de Guatemala, con independencia y que busca fortalecer a la Fiscalía.
“(La CICIES) es la misma propuesta de la CICIG de Guatemala. El objetivo es crear un ente totalmente independiente del Ejecutivo”, dijo Bukele a este medio.
Por su parte, Sofía Flores, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) sostuvo que una comisión por sí misma no supone el fin de la corrupción y la impunidad. “Esta comisión sería un instrumento que debería formar parte de una estrategia integral anticorrupción”, sostuvo.
Además, pide que se sostenga una discusión abierta y con amplios sectores de la sociedad civil salvadoreña, para construir “una propuesta acorde a nuestra realidad y nuestras leyes e instituciones”.
En esta discusión, recalca la directora de DTJ, debe discutirse el cómo de la propuesta de comisión anticorrupción. Esto implica analizar “las facultades, los límites, el alcance y el plazo de esta entidad desde un enfoque integral, incorporando la visión de derechos humanos de la persecución del delito”.
Un día después de que el consorcio circulara un pronunciamiento en el que expresa preocupación por un mermado combate a la corrupción, tanto Javier Castro como Sofía Flores coincidieron en que la solidez institucional es fundamental de cara a un cambio de gobierno, donde debe haber un control riguroso del uso de los recursos públicos.
Por eso, piden a instituciones con funcionarios recién nombrados, como la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) o la Fiscalía General de la República a no bajar la guardia. Asimismo, llaman a la ciudadanía a permanecer activa vigilando el ejercicio del poder.