Militarización es una amenaza a derechos humanos dicen expertos

Eduardo Escobar y Celia Medrano coinciden que va en contra de los Acuerdos de Paz. Jeannette Aguilar afirma que será un instrumento de control y persecución de opositores.

El plan le da la facultad a los militares y policías hacer detenciones y revisión de pertenencias a los elementos de seguridad. Foto EDH/ Menly Cortez

Por Wiliam A. Hernández @walexhernan

Jul 20, 2021- 22:30

Cuando Bukele hace varios meses cuestionó y desmeritó el significado de los Acuerdos de Paz de 1992, nadie imaginó que lo hacía porque tenía en su mente y en sus planes militarizar el país, y garantizar la obediencia de la institución armada y policial a sus fines políticos.

Ahora luego de varios meses, él mismo se ha encargado de desnudar que su visión es tener a su servicio e intereses a un ejército de más de 58,000 hombres armados, entre militares y policías.

La militarización que Bukele pretende hacer con la justificación del Plan Control Territorial tendrá implicaciones negativas para el país y es una fuerte amenaza a los derechos humanos de la población, en eso coinciden varios expertos en democracia, derechos humanos y seguridad pública.

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Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, el elevar a 40,000 los efectivos de la Fuerza Armada implicará que se sacarán más fusiles a la calle y eso se manifestará en un aumento en las violaciones de los derechos fundamentales de la población.

“Ya Bukele dijo que para él los Acuerdos de Paz no tienen ningún significado, que fueron una farsa, entonces es entendible que él en lugar de profundizar el espíritu de los Acuerdos de Paz en cuanto a la desmilitarización de la sociedad salvadoreña, él lo que está haciendo es militarizándola más”, afirmó.

Escobar añadió, “es llevarla a otro nivel la participación de la Fuerza Armada en la vida cotidiana del país bajo la bandera del combate de la delincuencia, combate a las pandillas, pero esto lo que está significando, lo que está mostrando es en realidad que el militarismo en nuestra sociedad nunca se fue”.

Aseguró que militarizar el país pondrá en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía porque en época de la guerra, el estamento militar no estaba preparado para responder y no violar derechos fundamentales, “fue el principal violador de estos derechos. Entonces ahora de nuevo se nos viene a poner de nuevo el riesgo, paradójicamente, la rueda regresa a los 70´s de que los militares puedan afectar derechos fundamentales de la población”, recordó.

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La abogada y defensora de derechos humanos, Zayra Navas, cuestionó el plan de Bukele y afirmó “Fase 4 del Plan Control Territorial: La militarización de la seguridad irá creciendo. Antes y durante la guerra la FAES estaba a cargo: plagada de represión, persecución política, torturas, desaparecidos. La seguridad pública es responsabilidad de la PNC. ¿Por qué más militares en lugar de policías?”, cuestionó.

En el mismo sentido se expresó Celia Medrano, vinculada a organizaciones de derechos humanos. “Fomentar la confianza ciega en un supuesto redentor. No hay plan control territorial. Hay un imaginario basado en la supuesta seguridad que superficialmente proporciona el ver militares y policías fuertemente armados”, dijo.

“¿Quiénes son y serán los nuevos supuestos militares? ¿Cuál es y será su entrenamiento? ¿Obedecer al Ejecutivo aunque sus ordenes sean ilegales? ¿Golpear periodistas y jóvenes camioneros? Aplacara el anuncio de más militarización en el juego político el aumento de homicidios o es parte de la continuidad de negociaciones y pactos que se nos esconde?”, cuestionó Medrano.

Anuncio mediático que además manda un mensaje a adversarios

Para la investigadora en temas de seguridad y pandillas, Jeannette Aguilar, el anuncio de Bukele es algo mediático que busca mandar un mensaje que el poder militar de Bukele se está acrecentando.

“Me parece que es un anuncio mediático que busca mandar el mensaje tanto dentro como fuera del país de que su poder militar se está acrecentando”, explicó.

Aguilar dijo que “además de que viola los Acuerdos de Paz, no existe justificación legal para tal aumento, tiene serías implicaciones para las finanzas del país”.

Por ejemplo citó, el presupuesto 2021 supera junto a préstamos y lo asignado en seguridad los 300 millones anuales, de dónde se sacarían los recursos para sostener un ejército de 40 000 militares en un momento de sería crisis económica, cuestionó.

“Creo que el propósito de fondo es mandar un mensaje a los adversarios políticos y consolidar lo que ya advertimos: la utilización de la FAES como instrumento de control político y de persecución de eventuales opositores”, enfatizó.

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