El Gobierno ha utilizado fondos que tenía de bonos y Cetes por cerca de $1,000 millones, cuyos destinos se desconocen y una parte de estos fondos estaban destinados para Fomilenio II, pero no fueron entregados y fueron utilizados sin la aprobación de la Asamblea Legislativa, dice Tatiana Marroquín, experta en temas hacendarios y legislativos.
Explica que según la Constitución de la República, son los diputados los que tienen la potestad de realizar aprobación y modificaciones de fondos públicos, pero que fue un proceso que el Ejecutivo se saltó, para hacer uso de $354 millones en bonos, y $645 en Cetes, los cuales dijo el presidente Nayib Bukele que serían usados para el fideicomiso, aprobado por $600 millones, en el decreto legislativo 640.
“Cualquier aumento (al presupuesto del 2020) tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, y ese fue el paso que se saltaron (el gobierno y Hacienda), que fue modificar la ley del presupuesto para incorporar este dinero. Si lo usaron sin haberse incorporado, pues sí cayeron en delito, yo tengo entendido que el delito es malversación de fondos”, señala Marroquín
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El 11 de noviembre Fomilenio pidió a la Asamblea Legislativa fondos por más de $50 millones para finalizar los proyectos, debido a que se dieron atrasos en el pago de la contrapartida de El Salvador y por la pandemia, ya que una parte que sería desembolsada por Estados Unidos ya no fue asignada.
El gobierno pidió asignar en presupuesto $354 millones que habían obtenido a través de bonos, además de tener $645 millones en Cetes.
Marroquín señala que no hay claridad de cómo fueron utilizados los cerca de $1,000 millones que tenía el gobierno en bonos y Cetes, porque el Ejecutivo argumentó que se le estaba quitando fondos al fideicomiso, habiendo dicho antes que sería financiado con los Cetes.
“La sorpresa es que el ministro de Hacienda (Alejandro Zelaya) sale diciendo que ese dinero se lo gastaron, eso no se tendría que poder, no tendrían que poder gastarse un dinero si no se ha incorporado en presupuesto y se ha determinado su destino en forma legal, ellos utilizaron el dinero sin crédito presupuestario, no existía en el presupuesto”, sostiene Marroquín.
Posibles delitos
Al no haber tenido esa autorización del Legislativo, el Gobierno podría haber cometido los delitos de malversación de fondos, actos arbitrarios y de incumplimiento de deberes, según el abogado Jacobo Cruz.
Otra de las dudas es cuánto dinero fue asignado a Bandesal, debido a que tampoco pidieron autorización a la Asamblea para asignar los Cetes, que extendería el presupuesto de la entidad para el fideicomiso.
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Marroquín añade que ahora el gobierno pide un préstamo más por $250 millones para cubrir la deuda con Fomilenio y partidas para el ministerio de Agricultura.
Por ello, cuestiona los gastos de ese préstamo debido a que tuvieron dinero para financiar Fomilenio, y que no se sabe cómo están gastando los fondos asignados.
“Si tienen más compras de lo que tenían, entonces ese dinero va a servir para cubrir ilegalidades también, que es haber comprado sin crédito presupuestario”, dice Marroquín.
Añade que ahora la Asamblea debe tener cuidado al aprobar nuevos préstamos y hacia dónde irán los fondos, ya que pueden cubrir ilegalidades, “cualquier movimiento legal que se haga tiene que ser bien cuidadoso”, sostiene la experta.
Jacobo Cruz explica que el artículo 86 de la Constitución de la República establece que los funcionarios son delegados del pueblo y únicamente tienen atribuciones que la ley les confiere, un principio de legalidad a la que están sometidos, entonces, al realizar acciones fuera de la ley podría estar cometiendo el delito de actos arbitrarios.
“La Asamblea destina un monto para un destino, que en este caso fue Fomilenio, si el ministro de Hacienda utiliza esos fondos designados a un fin uso específico para otro ajeno a su naturaleza puede cometer diversos delitos, en un primer momento, actos arbitrarios porque está cometiendo una ilegalidad, y puede haber una malversación”, opina el abogado.
Añade que al haber hecho uso de fondos distintos al destino que fueron asignados, se cae en ese delito; además de haber cometido incumplimiento de deberes, ya que el ministro de Hacienda está obligado a velar por la correcta administración de las finanzas públicas, y a cumplir con los mandatos que le corresponde cumplir, sobre los presupuestos que establece la Asamblea.