La Fiscalía General pidió el lunes al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvados que les imponga nueve años de prisión a los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, por los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios, supuestamente cometidos en sus respectivas gestiones administrativas.
Tras concluir el juicio en contra de Rauda y Hernández, el referido tribunal reveló que la sentencia será dada a conocer el 16 de septiembre próximo.
Los fiscales del caso pidieron en su intervención que a los dos exdirectores se les imponga la pena máxima establecida para cada delito, es decir, cuatro años de prisión por actos arbitrarios y cinco más por administración fraudulenta.
Los fiscales relataron en el juicio que Rauda y Hernández usaron $208,393 para pagos de servicio de inteligencia penitenciaria.
Detalló la representación fiscal que Rauda pagó $87,154 en el período del 7 febrero de 2012 hasta 10 de junio de 2013. Mientras que Hernández canceló $121,238 del 11 junio 2013 hasta el 31 de mayo de 201.
Los defensores de los acusados pidieron al referido tribunal que exonere de manera definitiva a los exdirectores de penales porque, según ellos, los fiscales no lograron demostrar la existencia de los delitos por los que son procesados.
Aseguraron que los gastos que se hicieron con el dinero de las tiendas institucionales penitenciarias eran “necesarios” y que “dentro de estos se encuentran los (pagos por) Inteligencia, rubro que no está prohibido por la Ley”, aseguró uno de los defensores.
La defensa considera que este proceso es una doble persecución en el caso de Rauda porque con los mismos hechos y testigos lo condenaron en el caso Tregua.