Varios abogados constitucionalistas explicaron a El Diario de Hoy que la Fiscalía es la llamada por ley a hacer prevalecer el cumplimiento de la Constitución por parte del Presidente Nayib Bukele, por negarse a acatar el mandato de la Asamblea de destituir del cargo de director de la Policía a Mauricio Arriaza Chicas.
“Cada quien tiene sus labores que cumplir, si la resolución de la Asamblea dice que destituya al director de la Policía y el presidente (Bukele) no hace caso, entonces se da el otro delito que es la desobediencia, la Fiscalía tiene que evaluar si ese delito se dio y gestionar el cumplimiento de la resolución de la Asamblea esto tendría que ser en el Órgano Judicial”, expresó el abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo.
Añadió que a partir de ahí se deriva todo un proceso que se genera a raíz del conflicto entre los dos Órganos de Estado: la Asamblea y el Ejecutivo “puede llegar a la Sala de lo Constitucional por las vías judiciales de que se dispongan”, argumentó.
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El delito de “desobediencia” está contemplado en el artículo 322 del Código Penal, el cual establece que: “El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencia, decisiones u órdenes de un superior, dictadas dentro del ámbito de su competencia y revestida de las formalidades legales, será sancionado con prisión de seis meses a un año e inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo por igual tiempo”.
Al respecto, la abogada penalista, Marcela Galeas, también relaciona la obligatoriedad del presidente de la República establecida en el artículo 236 de la Constitución, de rendir cuentas ante la Asamblea por los “delitos oficiales y comunes que cometan”, mediante un proceso de antejuicio para retirarle el fuero.
El abogado constitucionalista, René Hernández Valiente, mencionó que tanto Bukele como Arriaza Chicas se están sometiendo a ser procesados judicialmente. Bukele por “desobediencia” y Arriaza Chicas por “usurpación de funciones”.
“El llamado es al fiscal (Raúl Melara), si la Asamblea ya decidió y si el presidente desobedece, la orden de por sí, ya está emitida. En el caso de Arriaza Chicas ya no es director de la Policía y si no obedece está usurpando funciones públicas, hay sanciones, allí le toca al fiscal”, apuntó Hernández Valiente.
El abogado lamentó que la desobediencia de Bukele hará quedar mal al país en cuanto a los acuerdos internacionales, de hecho, en su informe la Asamblea invoca a la Carta Democrática Interamericana de la cual El Salvador es parte en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Hernández Valiente lamentó que los países en donde gobiernan regímenes totalitarios no acatan las disposiciones lo cual acarrea graves repercusiones como el “aislamiento” de dichos gobiernos a ayudas y programas de cooperación internacionales.
“Si el presidente de la República está desoyendo, ignorando la Constitución cuando viniere algún programa incide en que queda aislado de cooperación internacional, es sumamente grave”, mencionó Hernández Valiente y a eso añade que, si la Fiscalía tampoco hace nada, El Salvador entraría en una “crisis constitucional”.