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Acuerdo con FMI debe incluir ajuste fiscal de $1,460 millones

La forma de alcanzarlo es a través de más ingresos con mayor recaudación tributaria y con el recorte del gasto público, según análisis de Fusades.

Por Magdalena Reyes | May 13, 2021- 20:40

Foto EDH / Archivo

Un acuerdo de financiamiento entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe contemplar un ajuste fiscal de $1,460 millones, según un análisis económico elaborado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

De acuerdo a lo que plantean los economistas de Fusades y tomando en cuenta el Presupuesto General del Estado proyecta un déficit primario de 3.8%, el ajuste necesario tendría que ser de 5.7% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), es decir un ajuste de $1,460 millones.

Pero el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien confirmó en marzo pasado que el Gobierno está en negociaciones con el FMI para alcanzar un acuerdo financiero por $1,300 millones, ha dicho que en el acuerdo se establecería una reducción del déficit fiscal hasta el 4 %.

Según el análisis económico, el ajuste fiscal requeriría una gran reducción del gasto público y/o aumento de impuestos, pero esto último sería contraproducente para la ciudadanía, ya que el país está aún en la crisis por la pandemia del COVID-19 y en proceso de recuperación de la economía.

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Lo que plantea Fusades va en concordancia con lo planteado por el economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), quien dice que un ajuste del déficit al 4 % únicamente serviría para que no aumente la deuda, pero no la reduciría; además considera que en un posible acuerdo con el FMI también se debe poner sobre la mesa en cuánto tiempo se debe lograr una reducción de la deuda.

El economista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Funde), Rommel Rodríguez añade que para lograr bajar el déficit fiscal están en juego otros aspectos.

Por ello señala Rodríguez que en un acuerdo con el FMI también se podrían tomar en cuenta medidas por el lado de los ingresos, impuestos, exoneraciones, reestructuración de la deuda y recorte del gasto.

“Ahora tenemos la noticia concreta por parte del Ministro de Hacienda que estamos hablando de un ajuste del 4% de los cuales serán por el lado de los ingresos, nuevos impuestos, eliminación de exoneraciones, revivir impuestos o recorte del gasto”, dice Rodríguez.
El análisis de Fusades también plantea que la magnitud del ajuste fiscal necesario se podría reducir por medio de políticas públicas que inciden en los parámetros básicos de la dinámica del rango de la deuda en relación con el PIB.

En abril de 2020 el FMI aprobó el desembolso de $389 millones para el gobierno de El Salvador bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI, por sus siglas en inglés) para apoyar las necesidades de emergencia del COVID-19.

En este paquete de ayuda se asumía que una buena parte de los gastos de emergencia eran temporales y que, por tanto, a partir de 2021 se observaría un ajuste fiscal, plantea el documento de Fusades.

En las proyecciones de mediano plazo del FMI se contempló un déficit fiscal de $2,247 millones para 2020, pero este fue más alto de los esperado y alcanzó $2,498 millones, a pesar de que los ingresos tributarios cayeron menos que lo proyectado, aun con la pandemia.

Para 2021 la proyección era que el déficit fiscal bajaría a $1,135 millones, pero aunque el presupuesto aprobado implica un déficit de $1,605 millones, las proyecciones de Fusades contemplan que debido a la sobrestimación de ingresos y a omisiones en gastos, el déficit se aproximaría a $2,346 millones.

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Certeza jurídica para atraer inversión

Otra de las aristas que han contemplado los economistas en relación a la economía en general y las finanzas públicas, es la inversión, tomando en cuenta que cerca del 80% la realiza el sector privado y, por tanto, es fundamental mejorar el clima de inversión y la facilidad de hacer negocios para acelerar la reactivación económica.

En este punto se debe tomar en cuenta que a pesar de que ya no existe polarización política entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa hay que observar las acciones que están realizando.

“Si tu ves que en un país destituyen a la Sala de lo Constitucional sin el debido proceso, como inversionista no crees que se te vayan a respetar las reglas del juego”, apunta Castaneda.

Fusades en su análisis destaca que a pesar de la pandemia y las incertidumbres el sector privado ha mostrado su empeño para realizar inversiones importantes que inciden en la recuperación del crecimiento económico.

Según datos de la institución, se estima que el primer trimestre de 2021 se ejecutaron $150 millones en inversión privada.

Sin embargo, es importante destacar que estos proyectos iniciaron su proceso de planificación previo a la actual administración y aún se desconocen los proyectos privados nuevos que activarían el crecimiento a futuro, indican los economistas.

Fusades también menciona que en el desarrollo de infraestructura, el país no ha aprovechado la figura de Asocios Público Privados (APP), excepto en el caso del proyecto de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional, que ya fue adjudicad. Con las altas restricciones fiscales, los APP son una oportunidad para el financiamiento, dicen.

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