Sindicato afín al Ejecutivo tiene inundadas de basura las calles de San Salvador

Ernesto Muyshondt asegura que por interés electoral de candidato del oficialismo, Mario Durán, se han acumulado 5,200 toneladas de desechos

Los sindicalistas no permitieron ninguna negociación con representantes de desechos sólidos. Foto EDH/ Jorge Reyes

Por Diana Escalante - Evelia Hernández -Jorge Reyes

Oct 05, 2020- 21:50

Una disputa política entre el ministro de Gobernación y candidato a alcalde por el partido Nuevas Ideas, Mario Durán, y el edil capitalino, Ernesto Muyshondt, amenaza con provocar una crisis sanitaria y una catástrofe ambiental en la ciudad, por la acumulación de 5,200 toneladas de basura que no se ha depositado en el relleno sanitario de Nejapa, desde la semana anterior.

Debido a eso, en la planta de transferencia Aragón , situada en la autopista a Comalapa, hay góndolas con toneladas de basura que no han podido ser llevadas a Nejapa. Además, la tarde del lunes, ante la imposibilidad de acceder al botadero, la municipalidad retiró de la zona camiones cargados con desechos y los trasladó hacia la capital.

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Esta situación también ha impedido que los empleados de la comuna recolecten la basura en varias colonias de la capital, en donde ya se ven promontorios de basura.

Desde el 28 de septiembre, un grupo de personas que dicen ser integrantes de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) se mantiene en la calle de acceso al botadero para evitar que empleados de la comuna lleguen a deshacerse de las toneladas diarias de basura que se recogen en la capital. La medida, según los sindicalistas, es en protesta por el despido injustificado de colaboradores y la retención de cuotas laborales hechas por esta administración.

EMPLEADOS MUNICIPALES AMENAZAN CON BLOQUEAR ACCESOS A LA CAPITAL

El lunes por la noche circuló en redes la amenaza de empleados de todas las alcaldías del país, agrupadas en Comures, de que realizarían bloqueos por el retraso de 4 meses del Fodes que, entre otras cosas, amenaza pago de salarios. Una fuente cercana a Comures dijo a El Diario de Hoy que la información era verídica.

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Pero Muyshondt aseguró ayer que esta acción es “un ataque terrorista, un atentado contra el Estado de derecho y la democracia, una persecución política y de acoso” para la cuál, según él, se han utilizado diferentes entidades de Estado.

“Es una acción terrorista porque los daños y la catástrofe en la salud y el medio ambiente van a ser enormes. Empezaron solo con el ministro de Trabajo, parecía que era una cosa aislada de Rolando Castro, pero luego se le suma Mario Durán, con sus intereses electoreros y al parecer se le ha sumando la Policía Nacional Civil (Mauricio Arriaza Chicas), el ministro de Salud (Francisco Alabí) y el ministro de Medio Ambiente (Fernando López). Es sumamente grave lo que ocurre en San Salvador, especialmente en medio de una pandemia”, denunció Muyshondt, tras participar en un evento en el parque Cuscatlán.

El problema de la basura en las calles aumenta el riesgo de contaminación durante la pandemia del COVID-19. Foto EDH/ Jessica Orellana

El edil sostuvo que, desde la semana pasada, Durán y Castro, valiéndose de sus cargos, y usando recursos del Estado, ordenaron “a los violentos sindicalistas de ASTRAM” que bloquearan el acceso a los motoristas de los camiones y rastras de la alcaldía capitalina que llevan los desechos a ese lugar.

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El funcionario, quien ya presentó una demanda ante el Juzgado Ambiental, también denunció que las “turbas” que impiden el acceso al botadero amenazan de muerte a los camioneros o con quemarles las unidades, esto “con la permisividad de la PNC”. Agregó que los funcionarios les facilitan a estas personas transporte, dinero y bolsas con alimentos a cambio de limitar el paso hacia el botadero.

El alcalde cuestionó la pasividad de la PNC para desalojar a los sindicalistas, pese a que el fin de semana el fiscal general de la República, Raúl Melara, le ordenó a Arriaza Chicas proceder “en flagrancia contra los que atenten contra el derecho a la libre circulación” en el relleno sanitario de Nejapa.

Los manifestantes no permiten que ningún camión pueda ingresar al botadero. Foto EDH/ Jorge Reyes

“No cumplirla (dicha directriz) hará incurrir en responsabilidad penal a todos los involucrados dentro de la Policía”, le advirtió Melara al jefe de la corporación policial.

Arriaza Chicas no acató la orden porque “obedece a fines políticos para generar crisis y hacer ver mal a la Policía de no estar cumpliendo su trabajo. La instigación también es delito” y le pidió al fiscal “profesionalismo, responsabilidad y buenas intenciones en este caso”.

Pese a que en la disputa, según Muyshondt, están involucrados funcionarios del Ejecutivo, la comisionada de operaciones de la Presidencia, Carolina Recinos, aseguró este lunes que el conflicto es entre la municipalidad y los trabajadores a quienes se les han “lesionado” los derechos.

“No nos vamos a prestar a una crisis trabajada precisamente para que haya crispamiento. Desde hace ratos vienen los trabajadores reclamándole el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. El alcalde debe saber entenderse con los trabajadores y no debe de tirarnos a nosotros una pelota para resolver un conflicto que perfectamente él podría haber dirimido”, dijo Recinos.

La funcionaria manifestó que Arriaza Chicas se iba a comunicar con el fiscal general para “armonizar los movimientos con las instancias en las sedes correctas y con las comunicaciones correctas”.

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