La Fiscalía General presentó ayer una serie de pruebas contra el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia de Saca, en el proceso que se les sigue a ambos en la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador por el delito de enriquecimiento ilícito.
El Ministerio Público participó ayer en la audiencia probatoria donde busca que Saca y su esposa reintegren al Estado más de 5 millones de dólares adjudicados de manera fraudulenta y por el cual enfrentan el juicio civil bajo el delito de enriquecimiento ilícito.
Un fiscal de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción señaló que el proceso se abrió a raíz de varios hallazgos realizados por la Unidad de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Se trata, dijo, de siete reparos de cuentas que la pareja no pudo justificar en su momento y cuyos montos fueron desviados a la empresa promotora de comunicaciones del grupo SAMIX.
“El periodo al que se hace referencia en este caso fue del 1 de junio de 2004 al 31 de mayo de 2009 en el cual Probidad se pronuncia por 7 irregularidades cometidas por el matrimonio Saca-Mixco en donde no se justifica la obtención lícita de $5,166,945.35 aseguró el fiscal del caso.
De esa cantidad, según la Fiscalía, $4,447,590.42 corresponden a señalamientos en contra de Saca y $718,904.93 de su Ana Ligia.
El fiscal afirmó que cuentan con suficientes elementos probatorios que establecen la comisión del delito por parte de los ex funcionarios, entre ellos cinco pruebas documentales, registros bancarios y un informe pericial que ha sido verificado por peritos bancarios que reafirman la veracidad de la prueba que será presentada durante el desarrollo de la audiencia que se espera que concluya este miércoles.
Saca condenado en 2018
Saca fue condenado en el 2018 a una pena de 10 años de cárcel y una responsabilidad Civil por $260,732,171.64. Además, varios de sus funcionarios más cercanos, Elmer Charlaix, secretario Privado, y César Funes, y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones (fallecido).
Sin embargo, Saca solo podrá cumplir ocho de los diez años a los que fue condenado por haber confesado el robo de $301 millones de las arcas de la Presidencia de la República, según resolvió en septiembre pasado el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria en audiencia especial.
“En cumplimiento a esa orden que ha dado la Cámara (de Vigilancia Penitenciaria y de Tránsito), el cómputo se va a realizar tal como la Cámara lo ha ordenado”, dijo en esa ocasión la jueza.
El tribunal superior ordenó que no se considerara la interrupción de la detención provisional en el caso de corrupción, aún cuando ya estaba cumpliendo la primer condena de dos años en el caso Transes. A la jueza no le pareció la orden de la Cámara, pero dijo que la acataría, aunque señaló que violentaba el principio de independencia judicial.
Saca fue condenado por el robo de $301 millones en septiembre de 2018, pero no fue hasta en diciembre de 2019 que quedó firme la sentencia condenatoria.
En el primer cómputo que hiciera el referido juzgado, Saca tenía que haber cumplido con los 10 años del caso de los $310 millones, el 27 de octubre de 2028. La defensa pidió la nulidad de la decisión del juzgado y la Cámara de Vigilancia Penitenciaria y de Tránsito ordenó que se hiciera un nuevo cómputo, pero sin tomar en cuenta la interrupción del plazo de los dos años que Saca cumplía con la condena del caso Transes.