El Salvador pierde cada año $1,000 millones por contrabando

Tabaco, licor, pasta y zapatos es lo que más se trafica, según la Asociación de Distribuidores. Contrabando sirve para cometer lavado de dinero, corrupción y financiar pandillas y terrorismo.

Algunas marcas de cigarros de contrabando más vendidas en El Salvador sin que la Policía haga muchos esfuerzos por decomisarlos y detener a distribuidores. EE.UU. considera el contrabando una amenaza para su seguridad. EDH /Archivo

Por Diana Escalante

Sep 17, 2019- 04:00

Basada en un estudio de la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, la organización salvadoreña señaló que el delito de comercio ilícito en Centroamérica genera un costo equivalente al 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, es decir $5,880 millones aproximadamente.

Siguiendo ese patrón, El Salvador, con un PIB estimado en $25,200 millones deja de percibir cada año $1,000 millones por ese delito que culturalmente ha sido normalizado y que es poco perseguido por las autoridades, pese a que impacta la economía y daña la salud pública.

Los ciudadanos, al adquirir los productos de los contrabandistas, indirectamente ayudan a financiar las actividades delictivas.

El presidente de ADES, José Mayorga Rivas, señaló que la cantidad de productos que se comercializan ilegalmente en país es tan elevada que es imposible cuantificarla.

“Aunque aseverarlo pareciera descabellado, podríamos afirmar que el comercio ilegal tiene una gran aceptación en el país: este tipo de productos se venden, se exhiben y circulan en las calles, tiendas y mercados a la vista de todo mundo”, apuntó Mayorga.

Apuesta conjunta para combatir contrabando

El presidente de la Asociación de Distribuidores de El Salvador, José Mayorga, aseguró que tienen reuniones periódicas con la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Defensa y la Dirección de Aduanas para definir líneas de acción que les permitan combatir el comercio ilícito en El Salvador. El empresario reprochó que los gobiernos anteriores permitieron que proliferara el problema, pues en vez de desarticular a las bandas, hubo incrementos radicales de impuestos; burocracia y no hubo capacidad de entender el problema.El viceministro de Defensa, Ennio Rivera, y el subcomisionado de la Policía, Fausto Carranza, asistieron al foro y manifestaron que no tenían a la mano estadísticas sobre capturas y decomisos de mercadería, pero aseguraron que la Fuerza de Tarea Comando Sumpul y la División de Seguridad Fronteriza hacen esfuerzos para combatir el comercio ilícito en las fronteras y “puntos ciegos”.

Por muchos años, la “crisis del contrabando” ha causado preocupación a los empresarios, quienes han buscado acercamiento con las autoridades para definir acciones que permitan combatir el problema.

Los distribuidores agremiados a ADES señalan que con el comercio ilícito los consumidores están en riesgo; también perjudica la equidad de las marcas y le genera dificultades a empresas e industrias que están legalmente establecidas.

Ante el incremento desmedido de fabricantes de imitaciones y productos falsos que suplen buena parte del mercado, los propietarios de las empresas se ven obligados a cerrar o reducir puestos de trabajo. A juicio de Mayorga, a esto se le debe sumar que socava la base tributaria, la reputación de la industria y las redes de distribución.

Grupos criminales se financian con tráfico de cigarros ilegales

El comercio ilícito no solo afecta la economía de los países, sino que sirve para financiar a las pandillas, el terrorismo internacional (como Hezbolá) y organizaciones criminales (como Los Zetas). También es un instrumento para cometer delitos como lavado de dinero, narcotráfico o tráfico de armas.

Eso concluyeron los ponentes del foro, Arturo Fernández, representante regional de Phillips Morris International, especialista argentino en planificación corporativa e integridad de marcas; y Ana Linda Solano, abogada colombiana experta en derecho penal, política e investigación criminal y asesora de la Fiscalía General de su país.

Fernández destacó que a nivel mundial se trafican 600 billones de cigarrillos, que es el 12 % del total del comercio de cigarrillos, es decir que se dejan de percibir entre $40 y $50,000 millones de impuestos.

Agregó que para los criminales es rentable el comercio de cigarrillos ilícitos porque invierten poco dinero y obtienen ganancias elevadas debido a la fácil maniobrabilidad, transporte y rapidez con la que se puede vender el producto.

“Hay que ver (el comercio ilícito) en una dimensión mayor... Está creciendo el uso de las actividades comerciales para transferir valor a organizaciones criminales distintas”.

Ana Linda Solano, abogada colombiana

A los contrabandistas también les favorece que el combate al comercio ilícito que hacen las autoridades es mínimo, comparado con otros delitos; pero apuntó que no toman en cuenta que los narcotraficantes o secuestradores se financian con la venta de cigarros piratas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según el especialista, ubica a los cigarrillos como un producto sensible para que se dé el lavado de dinero. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado el comercio ilícito de cigarrillos como una amenaza para la seguridad nacional de ese país.

El argentino explicó que Phillips Morris ha detectado que los mayores productores de cigarros ilegales en América son Canadá y Paraguay. Las rutas de tránsito para traficar el producto son Corozal, en Belice, y zona libre de Colón, en Panamá. También Paso Canoas, en Costa Rica; Guatemala y El Salvador.

“Las principales marcas de cigarrillos de Centroamérica y la región el año que vienen no van a ser las mismas… El negocio es tan fructífero y tan bueno que constantemente cambian, lo importante no es atacar la marca sino a las organizaciones criminales que distribuyen estas marcas”, opinó Fernández.

Para Solano, la abogada colombiana, el comercio ilícito es un problema de “magnitud muy grande” y no hay un nivel alto de capturas y condenas por este delito.

Las autoridades deben verlo como fuente de financiación e instrumentalización que desata otras conductas criminales como corrupción y lavado de dinero. Mientras que los consumidores deben entender la dimensión de lo que están haciendo al adquirir esos productos.

La experta destacó que en la región debe haber un trabajo integrado entre las autoridades, la empresa privada y la academia para abordar la problemática de una manera integral, como se ha logrado en países europeos.

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