Edison Lanza, Relator de la CIDH: “No se puede usar publicidad estatal para premiar o castigar a medios”

El Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que en su reciente visita gestionó una reunión con personeros de comunicaciones del Gobierno, pero no se concretó porque argumentaron que estaban fuera del país.

Edison Lanza, Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto EDH / Archivo

Por Eugenia Velásquez

Ene 07, 2020- 05:55

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no se cansa de advertir que el uso de la publicidad estatal como premio o castigo para medios es un acto de censura previa y se debe respetar la independencia editorial de los medios.

Lanza fue uno de los integrantes de la Misión de la CIDH, una especie de tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), que visitó El Salvador a finales de 2019 para verificar la situación de los derechos humanos.

La misión redactó un informe preliminar en el que pide al Gobierno respeto a la independencia de los medios, “en particular la independencia editorial”, que se evite la estigmatización y desacreditación de periodistas y defensores de derechos humanos y que las autoridades sean respetuosas de su labor. Además exige que se respete el acceso de los ciudadanos a la información que se genera en las dependencias estatales.

Lanza dice que trató de reunirse con funcionarios de comunicaciones del Gobierno para tratar el tema de los cuestionamientos por restricciones a la libertad de expresión y de prensa, pero no lo recibieron, con el argumento de que los encargados andaban en la gira del presidente Bukele por Asia.

Estas son sus impresiones:

¿Qué motivó el informe preliminar que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en El Salvador?

Habíamos recibido información de un clima causado por una suerte de ataques a los medios cuando se pronunciaban en contra o críticamente hacia el gobierno.

Había pasado antes pero, en esta oportunidad, es un gobierno nuevo, joven, con presencia muy activa en redes sociales, y que eso en algunos sentidos estaba generando una corriente de estigmatización hacia los medios por un lado y, por otro lado, algunas medidas que implicarían una suerte de amenaza a la independencia de los medios de comunicación, como manejo de la publicidad oficial de un modo que se acerca a la experiencia de usarlo como premio o castigo a los medios.

El posible uso del poder fiscalizador del Estado ante esos medios que el gobierno no comparte. Un poco de eso se refieren esas primeras aproximaciones.

¿Hablaron con los personeros del Gobierno? ¿Cuál fue la actitud de ellos frente a los cuestionamientos?

Nosotros tuvimos una reunión con la señora canciller (Alexandra Hill Tinoco), también con las representantes de las defensorías públicas, nos recibieron con mucha apertura, nos pidieron espacio para contestar y para ofrecer la visión del gobierno. A partir de estas observaciones, muy preliminares, habrá un informe muy detallado donde el Estado tendrá la oportunidad de dar su visión.

Yo también quiero decir, porque lo busqué y lo busqué y no pude tener una reunión con la Secretaría de Comunicaciones, que se encargan de los temas de comunicación y de prensa del presidente Nayib Bukele. Justo coincidió con la visita del Presidente a China, no se pudo coordinar, nos indicaron que estaban a “full” con esa visita, seguramente acompañando al Presidente, así que estamos esperando. Ahora estamos esperando porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto las cosas sobre la mesa.

Obviamente, hay una preocupación sobre el tema de la independencia de los medios, manejo de la publicidad oficial, manejo del recurso público frente a los medios y medidas fiscalizadoras que puedan afectar la independencia editorial de los medios, están bien claras y puestas sobre la mesa. Mejorar la seguridad de los periodistas, tener un mecanismo de protección que coordine cuando el periodista está en riesgo. Más que el riesgo de los periodistas lo venimos reclamando desde hace tiempo atrás.

¿La gestión para reunirse con los personeros de comunicaciones del Gobierno y voceros no se ha cerrado todavía? ¿Siguen pendientes para elaborar el informe final?

Exacto, esperamos obviamente, luego de esta primera etapa se van a enviar los aspectos finales, en un par de meses se enviará un informe final más detallado a consideración del Gobierno, y el Gobierno tendrá oportunidad de presentar sus observaciones, este es un diálogo entre sociedad civil, Estado, Comisión, entidades de gobierno; por lo tanto, estamos muy abiertos esperando cuáles son las consideraciones y las explicaciones que el Gobierno nos dará sobre estos temas, en particular cómo se maneja la pauta publicitaria, cómo se maneja la relación con los medios, cómo se manejan los poderes fiscalizadores del Estado con los medios, qué pasos se dan respecto a seguridad de periodistas y el acoso digital que ha habido del gobierno.

Muchas veces tiene que ver con cuentas del oficialismo y demás, y el Gobierno sí tiene que tener una posición de frenar esto y tener un discurso de destacar el valor de la prensa en un sistema democrático. Un sistema democrático es un sistema complejo, si fuera un sistema que funciona siempre acertadamente no sería necesario un mecanismo de control internacional como la CIDH. No estamos acusando a nadie, solo decimos que recogemos preocupaciones que nos han mostrado datos. El Gobierno te dice que siempre se puede ajustar.

¿La Comisión planteó, por ejemplo, el caso de Mariana Belloso o de Erika Saldaña, que han sido bombardeadas después de escribir artículos críticos al gobierno o plantear dudas? Se ha denunciado que usan troles para “linchar virtualmente” a los críticos…

Hemos consultado estos temas con la defensoría del pueblo (Procuraduría de Derechos Humanos), con organismos de derechos humanos, con organizaciones de libertad de expresión y nos confirman estos casos como paradigmáticos, donde hay una crítica abierta a la periodista por una cobertura de parte de los funcionarios del gobierno y luego sobrevienen hostigamientos muy fuertes por personas que se dedican a esto en redes sociales.

Las redes sociales deberían ser útiles para mejorar el acceso a la información democrática y temas de debate público, no para el hostigamiento. Hemos confirmado que eso sucedió, pero no hay en El Salvador una instancia que se preocupe de la protección del periodista, eso nos preocupa.

Cuando una periodista es amenazada y recibe una cantidad de improperios en redes sociales aumenta su riesgo de sufrir un ataque físico, no es solo un tema virtual.

Esa es una de las falencias. Por eso es que justamente vamos a recomendar que el Estado tiene la obligación de ser neutral respecto de lo que piensan los periodistas, porque si no no existiría la libertad de expresión en la democracia; porque si solo se protege a quienes opinan a favor de los funcionarios, eso sería la antítesis de la democracia.

Hay que establecer un mecanismo de protección para evitar el riesgo sin importar su línea editorial, su línea informativa, es el derecho de ejercer el periodismo. Una de las características de proteger al periodista tiene que ver con la prevención. Es la obligación del Estado a no exponer a un riesgo mayor a los periodistas.

Se ha planteado acá la restricción del ingreso de periodistas a conferencias de prensa oficiales y también el retiro de pauta publicitaria hacia medios que son críticos, que son independientes. ¿Cómo han valorado estos sucesos?

Es un mecanismo prohibido por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos porque afecta y restringe la libertad de expresión gravemente. Es algo que no hemos observado en El Salvador, porque también hay mecanismos que la Convención denomina indirectos de afectación en la libertad de expresión, que los estados no deben poner en práctica, que generan daño a la libertad de expresión y tiene que ver con el uso indiscriminado, discrecional del Estado para favorecer o castigar al medio de comunicación.

La Convención dice desde hace años que el uso de la publicidad oficial como mecanismo de castigar o beneficiar es uno de ellos. Otro tiene que ver con el acceso de los medios a las fuentes de información. En ese sentido nos preocupa que es un gobierno que da muchas conferencias de prensa, informa a través del Presidente, eso requiere también que no haya limitaciones al acceso irrestricto de todos los medios de comunicación, de periodistas a la conferencia. Que se le permita al periodista preguntar, un periodista que no pregunta no es un periodista, o solo cuando hace preguntas fáciles.

Recibimos información sobre negación del ingreso a algunas conferencias de prensa, por eso buscábamos la reunión con la Secretaría de Comunicaciones, con los encargados de prensa del gobierno, porque son ellos los que nos deben explicar cuáles son los criterios que utilizan para manejar las conferencias de prensa. Por eso vamos a dejar un espacio para que estas preguntas puedan ser contestadas.

¿Verían el tema de la pauta publicitaria y adjudicación de otras gestiones de la administración pública con medios para que no haya discriminación?

Exactamente, quiero ser claro en esto: los gobiernos anteriores tampoco tenían u optaron por una reglamentación clara y objetiva de cómo asigna la publicidad oficial, es un problema estructural que este gobierno tampoco nos ha informado cuáles son los criterios que utiliza.

Hemos recibido información preocupante de que algunos medios, luego de haber publicado información que no compartían con alguna acción del gobierno, este cortó rápidamente la asignación de publicidad oficial, sin importar si este medio tenía presencia, lectoría, viraje o presencia marcada.

Queremos obtener información de si esto es así, o si fue un malentendido, pero también sería bueno de tener un control externo, del Parlamento o algún organismo como defensoría del pueblo o el Instituto de Acceso a la Información Pública, que pudiera publicarse cuáles son los montos que se asigna a cada medio, cómo se asigna, bajo qué criterios objetivos, allí se puede avanzar.

También se han dado casos de intimidación, como por ejemplo, un fotoperiodista que estaba en el acto de toma de posesión (del 1 de junio), llegaron miembros del Batallón Presidencial y se lo querían llevar detenido sin ninguna explicación, solo porque estaba tomando fotos ¿Recibieron denuncia de este caso?

Sí, evidentemente es un tema que estuvo presente, que la Relatoría lo tiene registrado, tiene que ver con la política de protección y prevención de periodistas que mencionaba que El Salvador no la tiene y eso requerirá otras políticas de prevención de violencia contra periodistas, que sería capacitar a los cuerpos de seguridad que interactúan con la prensa. El caso de la Policía que regula el control de las manifestaciones, la guardia presidencial, deberían tener una capacitación sobre el rol que ocupa la prensa, no es una actividad ilegal, es una actividad protegida por la Constitución y las Convenciones Internacionales.

Está creciendo la resistencia de instituciones estatales a revelar información pública pese a la ley…

Quiero manifestar la preocupación por el acceso a la información pública. Hemos recibido información de organizaciones y periodistas sobre un debilitamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, sobre la posible remoción de oficiales del Instituto de Acceso a la Información, de ministerios, de organismos públicos, de falta de nombramiento de todos los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, un episodio que hay que aclarar sobre la filtración de datos a Casa Presidencial, de las personas que solicitan información, eso es otro elemento importante.

Se hizo una ley de Acceso a la Información Pública precisamente para abrir al público la información de hechos sustentados en fondos públicos; sin embargo, en muchos casos se niega la información y se recurre a todo tipo de argucia para no darla…

La preocupación ya está allí en nuestras observaciones preliminares, algunas tienen que ver con la falta de respuesta oportuna, la celeridad en los niveles de respuesta de acceso a la información, falta de políticas de fortalecimiento al Instituto de Acceso a la Información Pública y, por otro lado, la falta de avance en materia de archivos del conflicto armado, la falta de acceso a esos archivos, cuando nos hemos entrevistado con el Instituto de Acceso a la Información, la Corte Suprema de Justicia y el ministerio de Defensa y constatamos que no hay avance tampoco en esa materia.

Algunos funcionarios desde el gobierno anterior han negado información de viajes al exterior de expresidentes como Mauricio Funes ¿Es un mal signo?

Sí, sobre todo porque El Salvador tiene una muy buena ley, una buena institución de protección de acceso a la información y en los últimos años se ha demostrado claramente cómo cuando los medios de comunicación y las organizaciones y las personas consiguen información a través de la ley, se tiene un control más efectivo para desenmascarar el abuso del poder y la corrupción.

Cuando el gobierno quiere crear una suerte de mecanismo internacional de combate a la corrupción, un elemento fundamental de la corrupción pasada y de las irregularidades de las que ningún gobierno está a salvo es que funcione el acceso a la información pública con todos los estándares internacionales y en eso vamos a insistir.

¿Seguirán las conversaciones con el Gobierno para corregir abusos e irregularidades?

La importancia de la Relatoría es tener un diálogo con las nuevas autoridades, en gobiernos de transición los primeros meses de un trabajo de gobierno son complejos, por eso repito: durante una semana que estuve en El Salvador intenté en varias oportunidades a través de los canales oficiales tener una respuesta a estas preocupaciones que acabo de mencionar.

No se pudo dar durante la visita, esperamos que se pueda a través de los canales oficiales tener una respuesta a estas preocupaciones.

Esperamos que se pueda dar en cualquier momento de estas semanas próximas a través de los canales que tenemos abiertos a raíz de la visita reciente.

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