El apoyo que el Gobierno le dé a las empresas desde ahora para que se mantengan y generen empleos será la clave para que el gobierno recupere ingresos tributarios y con ello pueda hacer frente al alto endeudamiento que ha adquirido para combatir la pandemia, coinciden analistas económicos y sectores productivos.
Aunque organismos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recomendado al país que a partir de 2021 haga un ajuste de hasta un 3.5% del PIB para volver sostenibles sus finanzas públicas, economistas señalan que todavía hay mucha incertidumbre de la evolución de la pandemia y por lo tanto, de las consecuencias económicas y soluciones futuras.
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Para la economista Carmen Aída Lazo, aún es muy prematuro hablar de las medidas fiscales que se tienen que tomar pues todavía no se sabe cuánto tiempo más durará la pandemia y cómo será la recuperación económica.
Más bien, señala que en estos momentos lo que se debe buscar es apoyar con un plan de alivio a las empresas para que estas mantengan los puestos de trabajo.
“Tenemos que ver la evolución de la economía. Pero hablar ahorita de los efectos, hablar de lo que se va a hacer en materia fiscal lo veo complejo”, señaló.
La preocupación viene por el elevado endeudamiento al que el gobierno ha tenido que recurrir para hacer frente a la pandemia. Solo este año el Gobierno puede endeudarse hasta por $2,000 millones este año lo que elevará la deuda a más del 80 % del PIB. Eso significará un mayor servicio de la deuda (pago anual de la deuda) y un déficit fiscal superior al 7% en los próximos años (actualmente es del 3%)
Además el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, estima que la recaudación de ingresos caerá hasta por $700 millones por las medidas de cuarentena aplicadas para contener el virus. Esto es en el escenario más optimista.
Según el economista Carlos Pérez Trejo, después que pase la pandemia el país tendrá que analizar medidas de ajuste fiscal si es que quiere darle una sostenibilidad a sus finanzas públicas pues afirma que “puede que no hagan nada”, dijo.
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Para Lazo, las proyecciones de recuperación del FMI, que ya hablan de ajustes fiscales a partir de 2021 son muy optimistas pues todavía no se sabe cuánto caerá la economía este año ni cuánto tiempo necesitará para recuperarse.
El organismo señala que este año la caída en la economía será de -5.4 %, pero para 2021 proyecta un crecimiento de 4.3, un crecimiento que para Lazo no se ve tan fácil como lo plantea el organismo.
Por su parte la economista Ivette Contreras afirma que los ajustes en las finanzas públicas que se apliquen más adelante dependerán de la duración de la crisis y cuando llegue el momento tendrán que considerarse medidas como la reducción del gasto público, sobre todo en el área de las remuneraciones.
El ministro Fuentes dice que aún no se ha discutido un recorte de empleos en el sector público, como sí ocurrirá en la empresa privada tras la disminución de sus operaciones.
La economista Contreras añade que en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que indica que El Salvador es el segundo país con mayor ineficiencia técnica en su gasto público. El componente más importante para El Salvador es el malgasto en remuneración a empleados públicos (se les paga salarios mucho más altos de los que conseguirían en el sector privado).
Y si bien es cierto el margen de gastos es muy estrecho para el gobierno, Lazo afirma que ante una necesidad de gastos y una caída en los ingresos, será importante priorizar el presupuesto. “Es importante cerrar todo espacio de despilfarro”, indicó la economista, que también es decana de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Requieren más incentivos
El sector productivo también considera que lo que más necesitan las empresas ahora son medidas de alivio que les dé seguridad de que no cerrarán antes que medidas que los puedan afectar.
“Las empresas no podrían soportar más gastos”, afirmó Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). Para el empresario, una vez que pase la pandemia, el objetivo del gobierno debe ser apoyar a las empresas para que recuperen su actividad económica y con ello el Estado también garantice recursos.
“Recuerde que si no hay ingresos ni empleados el Estado no tendrá ingresos también”, afirmó.
Actualmente la industria está paralizada en un 80%, lo que complicará las exportaciones y por lo tanto, las divisas para el Estado.
Según Arriaza, junto con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el Ministerio de Trabajo se han elaborado al menos 21 ítems dentro de un protocolo para que las empresas comiencen a funcionar paulatinamente y la economía se reactive.
Este apoyo también es esperado por las micro, pequeñas y medianas empresas que desde hace un mes no reciben ingresos y por lo tanto han tenido que suspender contratos, reducir salarios o en el peor de los casos, despedir a sus empleados para soportar la crisis.
Las consecuencias económicas también estarán ligadas a las recuperación económica de Estados Unidos, el principal socio comercial de El Salvador después de Centroamérica.
Según Carmen Aída Lazo su evolución económica también impactará en la recuperación de la economía nacional.
Uno de los puntos preocupantes es que el nivel de las remesas en América Latina también caerá 20 % según un informe del Banco Mundial conocido ayer.
El Salvador es uno de los principales receptores de remesas en la región por lo que preocupa que la caída en el envío de este dinero repercuta en una disminución de ingresos por el orden de los $1,000 millones para el país.
Esto reducirá aún más los ingresos nacionales y pondría en aprietos las finanzas del país, que cada vez están más apretadas.