A pesar de que la Asamblea Legislativa en enero de este año aprobó una ley en la que reconoce por primera vez en El Salvador el desplazamiento forzado como una violación al derecho a la integridad personal, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) considera que el Estado sigue sin dar respuesta al fenómeno.
A juicio del Observatorio Universitario esa realidad genera una situación negativa y crítica para el derecho a la integridad personal y en el que los victimarios son actores no estatales en su mayoría. “Sin embargo, la gravedad de la situación observada obliga a señalarlo como dos puntos de urgencia para ser abordados a partir de políticas públicas”, reza el informe.
Una de las críticas que el OUDH hace en ese tema es la falta de articulación de las instituciones de seguridad pública para dar respuesta a la población afectada y que en ausencia “produce una baja capacidad de protección y un subregistro excepcionalmente alto”, indica el primer informe del Observatorio.
Frente a las últimas estimaciones de personas desplazadas se dice que 246,000 personas han sido afectadas por el fenómeno, pero “los datos de las instituciones durante 2019 son ínfimos: la Fiscalía General de la República registra que en ese año hubo 2,136 víctimas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos solo 202 víctimas de desplazamiento forzado.
Las diferencias de cifras de víctimas por el desplazamiento forzado es interpretado por el OUDH como la existencia de “una clara omisión del Estado para prevenir el desplazamiento por violencia y dar respuesta a las víctimas”.
Además, pone en duda la integridad del Plan Control Territorial ya que no ha impactado en la reducción del fenómeno, de hecho, las denuncias aumentaron un 45% en 2019.
Familia numerosa se cambia de casa en siete veces
Uno de los tantos casos de desplazamiento forzado en El Salvador fue publicado por El Diario de Hoy en julio de 2019, en el que una familia numerosa de 11 miembros tuvo que mudarse siete veces en tres años para no ser localizada por grupos de pandillas y ser asesinados.
A raíz de esa amenaza, once personas; la mitad de ellas niños de 1 a 11 años de edad, todos originarios de San Salvador, han tenido que andar de un lado a otro en busca de un poco de tranquilidad, pero sobre todo de seguridad, pero eso solo lo han logrado cada vez que se han mudado durante seis meses.
Las víctimas de los éxodos en El Salvador afirman que han perdido su vínculo social, comunitario, laboral, educativo, salud y la seguridad a su integridad.