Representante de Human Rights Watch, preocupado por Ley de Reconciliación

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch afirma que el país estaría obligado a acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó suspender el trámite de ley de Reconciliación.

El Instituto de Medicina Legal entregó a familiares los restos de seis víctimas de la masacre de El Mozote cometida en diciembre de 1981. Foto AFP/ MARVIN RECINOS

Por Eugenia Velásquez

May 31, 2019- 04:31

De “burda selección y amnistía, y no de priorización, que incumpliría con las obligaciones internacionales de llevar ante la justicia a los responsables de graves violaciones de derechos humanos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, el proyecto de ley de Reconciliación que la Asamblea Legislativa tiene en estudio.

Esto en cumplimiento a una orden de la Sala de lo Constitucional en 2016 de legislar, tras la eliminación de la Ley de Amnistía de 1993. En su momento, este tribunal adujo que esa ley lesionaba el acceso a la justicia y fomentaba la impunidad al perdonar todos los crímenes cometidos en el conflicto, incluidos graves crímenes de guerra y los de lesa humanidad.

En atención al fallo, el Legislativo presentó un anteproyecto que, como punto principal, contempla eliminar la cárcel para los culpables de crímenes de lesa humanidad, sustituyéndola por trabajos de utilidad pública. Esto, a juicio de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, implica reforzar la impunidad, pese a que los diputados afirman que esto ayuda a pasar la página.

El director regional de Human Rights Watch también asegura que el Congreso “debería cumplir” con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 28 de mayo. Esta instancia hemisférica pidió a los diputados suspender el trámite de formación de ley de Reconciliación, mientras se escucha a más actores. La CIDH además pidió un informe de estas discusiones.

“El Salvador tiene una obligación jurídica internacional de castigar las violaciones graves de derechos humanos con penas que sean proporcionales a la gravedad de los delitos”, señala el representante de Human Rights Watch. Esto en alusión directa a que el proyecto de la Asamblea contempla exonerar de cárcel por utilidad pública.

“El proyecto debe ser reformado puesto que contiene normas inadmisibles que podrían privar de una justicia genuina a miles de víctimas de crímenes atroces”, criticó Vivanco.

“Las víctimas de atrocidades cometidas durante el conflicto armado en El Salvador han esperado décadas para que se haga justicia, y merecen que haya una rendición de cuentas genuina”, añadió y advirtió que “este proyecto sobre justicia transicional permitirá que los responsables de estos crímenes no enfrenten ningún castigo mínimamente serio”.

Finalmente, Vivanco puntualizó que “es esperable, e incluso deseable, que en situaciones de atrocidades masivas se prioricen las investigaciones sobre los crímenes más graves y los máximos responsables”. Sobre la ley en cuestión, critica que incumple obligaciones internacionales de llevar a la justicia a los responsables de estas violaciones a derechos humanos.

Finalmente, denunció que “debido al breve plazo de cinco meses para crear el listado de casos que serán investigados, es muy probable que muchos responsables de graves crímenes internacionales queden por fuera del listado y por lo tanto sean amnistiados”.

Esto, pues el anteproyecto de ley trabajado por los diputados manda a la Fiscalía a establecer, en ese plazo, una lista de casos a ventilarse.

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