Las bartolinas policiales están al tope, en ellas ni siquiera hay espacio para que los detenidos puedan acostarse y dormir por las noches, dicen algunos abogados que han denunciado esta situación.
Según los defensores, el problema se complica con la amenaza, ahora, de ser contagiados por el COVID-19, ya que las aglomeraciones favorecen el contagio. Ya antes había amenazas de sufrir tuberculosis, paperas o enfermedades de la piel.
El guardar “distancia social” de un metro y medio entre persona es una medida sanitaria que en las bartolinas de la PNC no se cumple, es imposible, aseguran los profesionales. Y lo mismo pasan en las bartolinas judiciales.
“Yo represento a una persona detenida en las bartolinas El Cenizal en San Marcos y ahí sí están bien apretados y no les dejan pasar ni comida; han llegado al extremo que no le confirman si el detenido se encuentra en ese lugar”, afirmó el abogado Dennis Muñoz.
En esas delegaciones las bartolinas son cuartos pequeños e improvisados. En San Juan Talpa en La Paz cerraron las bartolinas porque varios murieron por condiciones antihigiénicas.
“En las bartolinas de San Juan Talpa no tenían ni sanitarios, los reos defecaban y orinaban en las mismas celdas donde permanecían”, afirmó Muñoz. En esas condiciones, han dicho los expertos en infectología, las cárceles y las bartolinas policiales se convierten en una bomba del COVID-19.
Mismo problema en juzgados
El abogado Rolando Aparicio no solo confirma esa situación, si no que advierte que las bartolinas judiciales también están hacinadas.
El martes anterior, la Corte Suprema de Justicia ordenó a los jueces de Vigilancia Penitenciaria que los reos que estaban en calabozos judiciales, a la espera de audiencias -que fueron suspendidas hasta nuevo aviso-, que debían ser trasladados a centros penales.
“Las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez (que son de ocho a diez) estaban colapsadas. Esto no es una falacia sino una realidad que también se vive en las delegaciones policiales”, afirmó el abogado Aparicio.
Las bartolinas policiales no fueron creadas para mantener a una persona por más de seis días o mientras se realiza la audiencia inicial y si el juez decretaba detención provisional, el imputado debe ser enviado al penal, explicó el penalista Carlos Alfredo Avelar.
El profesional explicó que en la realidad ese plazo no se cumple y el imputado en vez de ir a un penal sigue en bartolinas por seis meses y hasta por dos años, el plazo máximo de la detención provisional.
Dice que la permanencia por más tiempo del que manda la Ley es frecuente en las bartolinas que están frente a la Fuerza Naval en San Salvador conocido como “el Penalito”, al igual que en las de Lourdes, Colón; las de Monserrat, las de Zacamil en Mejicanos, y en Santa Ana, entre otras. El Diario de Hoy solicitó vía oficina de Comunicaciones de la Policía Nacional Civil para que las jefaturas de bartolinas brindaran su postura frente a estas quejas, pero no se obtuvo respuesta.
Abogados sin reunirse con reos
Avelar afirmó que en esas bartolinas además del hacinamiento, a los reos se les viola el derecho a nombrar abogado para su defensa. “Cuando yo llego a las bartolinas y pido ver al imputado. El encargado me lo niega, yo le advierto que su familia me ha enviado para firmar el poder o autorización para el ejercicio de su defensa. El policía me contesta que si no llevo por escrito la autorización no puede recibirme el poder, lo cual es totalmente ilegal”, afirmó el abogado.
Aparicio dice que es nulo que un abogado ingrese a bartolinas policiales a dar asistencia a reos con lo que se viola el derecho de defensa que tiene el acusado.
Por ley el agente policial encargado de las bartolinas, está obligado a garantizar la defensa técnica al imputado bajo su custodia.
Avelar dice que, para facilitar el trámite, el abogado lleva una autorización de los padres del acusado, requisito que pide el bartolinero al profesional, no para hablar con el interno, si no para recibirle el poder, llevárselo al reo para que lo firme y devolvérselo.
Ese trámite, dice Avelar, es ilegal porque no le consta de vista y oído que su cliente lo firmó, la ley manda que el reo lo firme frente a su abogado. Lo mismo sostiene Aparicio, y aclara que esa tramitología, limita al abogado a interactuar con el imputado para que brinde su versión de los hechos y su participación.
En el ejercicio de la defensoría cada abogado relata su experiencia, por ejemplo, Dennis Muñoz dice que, en el Penalito, cuando ha pedido hablar con el prisionero, el bartolinero le ha respondido: “deme el papel para que el reo se lo firme”. Ante esto, a veces deben aceptar ese fallo de procedimiento, porque si no, ya no se lo lleva al reo.
El abogado dice que este inconveniente no es generalizado porque en Soyapango y Zacamil permiten al abogado, reunirse con el imputado. El común denominador de los defensores teme que al no entrevistarse con el reo se corre el riesgo de ser acusado de falsedad material o falsedad ideológica (alteración de documentos).
Poder falso
“Yo tengo un caso donde mandé el escrito, desconocía que el imputado no sabía leer ni escribir y me vino el escrito firmado con sus iniciales; cuando hablé con sus parientes, ellos me dijeron, que el imputado no sabía leer ni escribir, de ahí que el delito de falsedad no es que se puede dar, ya se dio, el poder estaba firmado por otro reo y sellado por el bartolinero”, afirmó Aparicio.
El comportamiento de los bartolineros linda con el delito de obstaculización al derecho de defensa, dice Muñoz. Y en ese problema, los abogados también dijeron que la Fiscalía también les impide conversar con el reo en las primeras 72 horas de captura.
Ante esa queja, Fiscalía respondió que esa institución ni su personal tiene injerencia, ni potestad en sedes policiales por lo que rechazó las denuncias que le hacen los defensores, de que puede haber cierta complicidad para afectar a los detenidos.